Jurisprudencia, dogmática y cultura constitucional

29 Agosto 2013, 9:10 PM
Jurisprudencia, dogmática y cultura constitucional

Se hace necesario poder acceder a la jurisprudencia de modo ordenado

Escrito por: EDUARDO JORGE PRATS

 El Estado Social y Democrático de Derecho que proclama el artículo 7 de la Constitución requiere para su efectividad poderes públicos comprometidos con la misión de hacer realidad el catálogo de derechos y garantías fundamentales consagrado por la Constitución. 

Entre esos poderes, ocupa un lugar preeminente, lo que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Dr. Milton Ray Guevara, ha certeramente denominado el poder jurisdiccional, es decir, el poder constituido por el TC, el Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral, todos los cuales tienen el deber de aplicar la Constitución y proteger los derechos constitucionales de las personas en las controversias que son sometidas a sus respectivas jurisdicciones.

 Un Estado cuyos jueces no estén dispuestos a cumplir y hacer cumplir la Constitución y los derechos que ella consagra podrá “tener” Constitución pero no puede afirmarse que los ciudadanos de ese Estado “viven” en Constitución. Para que la Constitución y los derechos sean efectivos, vivientes, se requiere una magistratura constitucional que, día por día, haga de la Constitución la norma suprema y vinculante para todos los poderes públicos y personas que quiere y manda el artículo 6 de nuestra Ley Sustantiva. Máxime cuando, por la propia estructura de las normas constitucionales, por su radical indeterminación, ambigüedad e imprecisión, que no puede eliminarse por más que Kelsen y Ferrajoli se esfuercen, son precisamente los jueces los que concretan estas normas y dirimen los eventuales conflictos entre éstas, tratando de armonizar los diferentes bienes y derechos constitucionales, como dispone el artículo 74.4 de la Constitución.

 Es por lo anterior que la Constitución viene a significar lo que los jueces determinan en sus sentencias.  A tal extremo que un país como República Dominicana, que se supone pertenece a la familia jurídica romano-germánica, en donde la fuente del Derecho por excelencia lo son las normas escritas dictadas por el Congreso y la Administración, en contraste con los países de la familia angloamericana, en donde la jurisprudencia es la fuente del Derecho por antonomasia, hoy viene a constituir lo que se conoce como una “jurisidicción mixta”, en donde confluyen tanto las normas escritas como la jurisprudencia como fuentes del Derecho al mismo nivel. En el caso dominicano, esto es acentuado por la consagración en el Código Procesal Penal del precedente en los procesos penales y, en el artículo 184 de la Constitución, del carácter de precedente vinculante de las decisiones del TC.

 Lo que todo esto significa es que hoy, tanto el estudio como la enseñanza del Derecho, en especial del Derecho Constitucional, sea por los estudiantes o los profesionales del Derecho, debe efectuarse no solo a partir de manuales y leyes, sino tomando en cuenta la evolución de la jurisprudencia, el estudio de los votos disidentes y concurrentes, la predicción de virajes jurisprudenciales, la formulación de las líneas jurisprudenciales, y la determinación de la “ratio decidendi” de las decisiones jurisdiccionales. El abogado dominicano hoy debe estudiar los casos judiciales y por eso la importancia de los compendios jurisprudenciales y que los manuales jurídicos den un lugar primordial a la jurisprudencia.

 Por eso hay que dar una calurosa bienvenida a la “Jurisprudencia constitucional del Poder Judicial”, obra de la autoría del joven y brillante constitucionalista dominicano Miguel Valera Montero. Esta obra viene a llenar un gran vacío en la bibliografía constitucional dominicana en la medida en que, tomando en cuenta el carácter crecientemente jurisprudencial de nuestro Derecho Constitucional, se hace cada día más necesario poder acceder a la jurisprudencia de un modo ordenado y sistematizado, tanto temática como cronológicamente. Este voluminoso libro -1,092 páginas- de seguro será obra indispensable para jueces, fiscales, litigantes, profesores, consultores y estudiantes y, sin exageración, podemos afirmar que ya constituye un clásico de nuestro Derecho Constitucional.

 Y aquí llegamos a un punto fundamental. Si, como hemos dicho al inicio, no puede vivirse en Constitución sin jueces que cotidianamente apliquen la Constitución, así podemos afirmar que no puede haber jurisprudencia constitucional en el vacío dogmático, en la tierra de nadie doctrinaria. Allí donde no hay una doctrina constitucional crítica, y recordemos que el Derecho Constitucional es, sobre todo, ciencia crítica, no evolucionará positivamente la jurisprudencia, no habrá retroalimentación, no habrá mutuo aprendizaje. Por eso que Valera Montero, autor de una de las mejores monografías sobre el control de constitucionalidad, haya decidido no solo compendiar sino sobre todo criticar constructivamente nuestra jurisprudencia constitucional es un signo positivo de los nuevos tiempos que vive la ciencia constitucional en República Dominicana a la luz de la Constitución de 2010. En particular, su análisis de las decisiones del primer año del TC es muy útil para poder manejarse en la maraña de importantísimas decisiones del TC.

 Para que la interpretación constitucional no devenga un caballo desbocado, que salta de un lado para otro, por obra y gracia de la alquimia y el bamboleo interpretativos de los jueces, hacen falta libros como el de Valera Montero que, al incorporarse a la cultura constitucional de la comunidad jurídica dominicana y al interiorizarse en los operadores del sistema jurisdiccional, permiten hacer más predecible y controlable el funcionamiento del Estado Constitucional.

Por: El Periódico Hoy

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Justicia y Transparencia dice jueces no renunciaron por bajos salarios

30 Agosto 2013, 4:15 PM
Justicia y Transparencia dice jueces no renunciaron por bajos salarios
Aseguran que la renuncia de los jueces se debe a que las altas cortes han sido secuestradas por la clase política
Escrito por: El Día

Santo Domingo.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) rechazó este viernes que los jueces estén renunciando por bajos salarios, y que producto de ello el Poder Judicial esté atravesando su peor crisis, como afirmaran algunos sectores del país.

No obstante, la entidad de sociedad civil reconoce que el Poder Judicial y el Ministerio Públicodemandan y requieren de un mayor presupuesto para mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de su personal, y hacer frente a las grandes transformaciones que demandan los nuevos tiempos y la constitución del 2010.

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, recordó que la docencia y la alta función de juez al administrar e impartir justicia se asumen en todas partes del mundo como un sacerdocio y que 150,000 pesos mensuales que devengaban los jueces renunciantes, no es un mal salario, si se toma en cuenta que más del 90% de los abogados dominicanos no perciben ni siquiera 100,000 pesos mensuales.

Para la FJT la renuncia de los jueces se debe a que las altas cortes han sido secuestradas por la clase política y con ello un estancamiento en la carrera judicial, imposibilitando el ascenso de jueces a la Suprema Corte de Justicia, y en consecuencia se trata una pérdida de expectativas para gente que se han desarrollado y crecido, estudiando incluso en el extranjero maestrías y doctorados con apoyo del Poder Judicial, además de una dilatada experiencia que le impone el deseo de avanzar y progresar con nuevas posibilidades de crecimiento que lamentablemente no existen en el Poder Judicial.

Potentini entiende que las presidencias de las altas cortes debe ser rotatorias por lo menos cada tres años, y sin posibilidad de repetir en el cargo dándoles espacios de ascenso a los demás jueces, instaurando un sistema realmente democrático que garantice una carrera judicial al margen de la influencia política, tecnificando y despolitizando el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras acciones a considerar.

 Sobre el caso de la mulata III en Sosua, Puerto Plata

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) demandó transparencia, resultados y responsabilidades para los implicados en el caso del allanamiento y muerte de un alemán a cargo de la Policía Nacional el pasado año en el residencial la mulata III en Sosua Puerto Plata.

Potentini pidió al procurador general de la República Francisco Domínguez Brito encabezar y profundizar las investigaciones,  suspendiendo a los fiscales actuantes y a la propia fiscal titular para ser cuestionados en torno al seguimiento y denuncia de tan graves hechos ocurridos hacen más de diez meses, con un silencio y falta de acciones del Ministerio Publico que virtualmente los hace cómplices de lo ocurrido en la mulata III.

Para la FJT ese caso constituye una vergüenza nacional, el cual debe ser esclarecido, se trata de un acontecimiento que no se resuelve con cancelaciones, amonestaciones y días de arresto, al país hay que explicarle y aclararle sobre la supuesta sustracción de unos 60 millones de pesos, y porque un caso ocurrido el pasado año se manejó con tanto secretismo y bajo una especie de silencio cómplice de parte de nuestra autoridades.

Como entidad nos mantendremos vigilantes, demandando del procurador y del jefe de la policía llegar hasta las últimas consecuencias, dando un ejemplo con todo el peso de la ley para quienes resulten involucrados en tan aberrante y bochornoso hecho.  

Por: El Día

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FINJUS ve Poder Judicial en peor crisis

FINJUS ve Poder Judicial en peor crisis

 

Redacción | ACTUALIZADO 29.08.2013 – 12:44 am

 SANTO DOMINGO.- El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia  (FINJUS), Servio Tulio Castaños,  consideró   que el Poder Judicial está inmerso en una de sus peores crisis, hasta el punto de que ha dejado de poner en funcionamiento 16 tribunales que están creados por ley.
No obstante a esta crisis que alegadamente tiene el Poder Judicial, y que ha hecho que varios magistrados renunciaran de sus cargos, Castaños reconoció la calidad y preparación de los jueces.
Sostuvo que en el país hay regiones donde la justicia se está impartiendo en furgones, y ante esa situación se preguntó cómo una sociedad puede evaluar de manera favorable a un poder del Estado que esté operando en esa situación.
Destacó que el Poder Judicial está recibiendo un 38% menos de lo que por ley debería recibir, y eso ha dado como consecuencia  que los proyectos de capacitación no se están realizando a los internos de ese poder del Estado.  
Informó que el 97% del presupuesto del Poder Judicial es  para los gastos fijos de sus cuentas corrientes, y sólo invierte al área el 3% de lo que recibe.
Informó que en el país  hacen falta 14 tribunales,  hay  700 jueces,  y se estima que hay un juez por 45 mil habitantes.  
Al participar en el programa Telematutino 11, criticó que el Congreso Nacional está recibiendo mil millones de pesos más que el Poder Judicial.
 
Por: La Información 

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Los diputados dicen que la Amet viola la Ley 241 con candados

TRÁNSITO|28 AGO 2013, 12:00 AM|12|DIARIO LIBRE

Los diputados dicen que la Amet viola la Ley 241 con candados

      SANTO DOMINGO. La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados denunció que la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) viola la Constitución y la Ley 241 cuando coloca candados a los vehículos y los retiene.

      El diputado Tobías Crespo, miembro de la comisión, sostuvo que esa medida de Amet viola la Constitución de la República, que establece el derecho al libre tránsito y a la propiedad privada.

      “Viola las leyes y la Constitución, que establece el derecho al libre tránsito y a la propiedad privada, y es precisamente la Amet la que viola estos derechos a los ciudadanos, primero poniendo candado a los vehículos, lo que es inconstitucional e ilegal, y luego llevándose esos vehículos en grúa hacia puntos de depósito, como el Canódromo, que no deben existir, porque la Ley 241 es clara en eso”, explicó.

      De acuerdo con el legislador, la Ley 241 establece que sólo hay dos condiciones para que las autoridades puedan retener los vehículos que son, cuando las personas no puedan demostrar la propiedad del mismo o cuando hay un accidente de tránsito donde hay heridos y muertes.

      Crespo entiende que a la Amet no le corresponde cobrar las multas, sino que esa función le corresponde al Ministerio Público. En ese sentido, dijo que Amet sólo debe poner las multas, vía los mecanismos que tiene, y el Estado cobrarla.

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      Cámara de Diputados aprueba modificación al Código Procesal Penal

      PortadaNación

      CD aprueba modificación al Código Procesal Penal

                 

      Redacción | ACTUALIZADO 27.08.2013 – 11:05 pm

      SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó ayer martes a unanimidad de urgencia y 40 modificaciones, el Código Procesal Penal (CPP), el cual retira la facultad a la Policía de solicitar orden para allanar recintos privados sin el Ministerio Público.
      El presidente de la Comisión de Justicia, Demóstenes Martínez, pidió al pleno respaldar la iniciativa, que había perimido en la pasada legislatura, y en otras dos ocasiones.
      La presidenta en funciones, Lucía Medina Sánchez, sometió la pieza que fue acogida por los 111 diputados presentes en el hemiciclo.
      Las nuevas modificaciones sometidas al Código Procesal Penal, sancionan los golpes y heridas provocados en ocasión de violencia intrafamiliar.
      La modificación del artículo 15 establece un plazo de cinco días para que el juez intime al superior inmediato del Ministerio Público actuante antes de declarar extinta la acción penal, y amplía a quince días el plazo para que la víctima formule su requerimiento.
      Se destaca en las modificaciones que se establece responsabilidad civil al Ministerio Público por mal desempeño durante sus funciones.
      Otro reforma acogida es el artículo 179 que autoriza al juez conceder el registro de lugares en horas de la noche en caso de narcotráfico, secuestro o terrorismo.
      También se modificó el 180 que le retira la facultad a la Policía Nacional de solicitar orden de allanamiento para el registro de recintos privados en ausencia del Ministerio Público o de urgencia.
      El artículo 241 amplia a 24 meses la prisión preventiva, y el 370 permitirá aumentar en los casos complejos de 18 a 36 meses.
      Se sancionó positivamente el traslado de la acción pública a instancia privada, la invasión y ocupación de propiedad y la falsedad de cheques, que se contemplaba en el artículo 31.
      Por: La Información 

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      Procurador advierte cultura de sustraer bienes en allanamientos

      JUSTICIA|27 AGO 2013, 2:34 PM|2|POR FEDERICO MÉNDEZ

      GUARDADO EN:PROCURADOR, BRITO, ALLANAMIENTO, BIENES

      Procurador advierte cultura de sustraer bienes en allanamientos

      Citó que durante el allanamiento al residencial La Mulata III se produjo un robo

      SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, advirtió que debe terminar la cultura de que los agentes policiales sustraen bienes en su provecho durante allanamientos en procesos investigativos en que acompañan a fiscales.

      “Hemos conocido casos de drogas, donde se ha perdido dinero, hemos conocido casos de allanamientos donde agentes han, lamentablemente, cogido dinero y esa es una cultura que tiene que desaparecer”.

      Citó que durante el allanamiento al residencial La Mulata III, a un grupo de alemanes, donde uno resultó muerto, se produjo un presunto robo cuando la Policía incursionó en el lugar.

      “A veces el Ministerio Público tiene que cuidar que el delincuente no se vaya, y que los agentes no se cojan las cosas y eso desdice mucho de nuestra institucionalidad”.

      Deploró que en los allanamientos se produzca una especie de “tierra arrasada”, porque se produzcan sustracciones, frente a lo cual deben producirse sanciones.

       

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      Impuestos Internos emite norma para cobro de impuestos a zonas francas

      ECONOMÍA|26 AGO 2013, 12:00 AM|POR DIARIO LIBRE

      Impuestos Internos emite norma para cobro de impuestos a zonas francas

      SANTO DOMINGO. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió la norma 04-2013 donde establece las regulaciones para la aplicación de la figura que instituyó como agentes de retención del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y del impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a todas las empresas de zonas francas del país, acogidas a regímenes fiscales y aduaneros especiales.

      En un comunicado se explica que la norma se aplicará cuando las zonas francas transfieran bienes o presten servicios en el mercado local gravados con los referidos impuestos. La medida entrará en vigencia el primero de septiembre y establece que la retención será del 100% tanto del ITBIS como del ISC.

      La DGII estableció, asimismo, que para que los adquirientes de los bienes y servicios facturados por las zonas francas, tanto de los aeropuertos como las localizadas dentro de los hoteles turísticos, puedan comprar exentos de ITBIS y de ISC, se requerirá a la hora de realizar las compras, la presentación del pasaporte extranjero y tickets aéreos que confirmen la fecha efectiva de salida de territorio dominicano.

      La disposición que ordena a las zonas francas ser agentes de cobro fue instituida a través de la Ley 253-12, sobre fortalecimiento de la capacidad fiscal.

      Según la DGII con la norma se busca desarrollar a los contribuyentes.

       
       

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      Jueces piden al Presidente entregar a SCJ 2.66% del Presupuesto Nacional como ordena la ley

      26 Agosto 2013, 9:40 AM

      Jueces piden al Presidente entregar a SCJ 2.66% del Presupuesto Nacional como ordena la ley

      La Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) pidió hoy al presidente de la República, Danilo Medina, cumplir con la Ley 194-2004, que otorga una partida de un 2.66% del Presupuesto General de la Nación a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

      El reclamo fue hecho por la magistrada Rosanna Vásquez, quien reiteró la demanda de los jueces de un aumento salarial y dijo que un juez ganando menos de 100 mil pesos y teniendo que dar clases hasta las 10:00 de la noche no puede vivir con el nivel que amerita.

      Comparó el sueldo que perciben los diputados ante el Congreso Nacional con el que perciben los jueces y puntualizó que el Poder Judicial no puede seguir siendo la cenicienta, refiriéndose al salario de los servidores del sector.

      Agregó que los jueces no solo necesitan un incremento salarial, sino que requieren seguridad y adecentamiento de las plantas físicas.

      Entrevistada en el programa televisivo El Despertador, Vásquez saludó el aumento de sueldo hecho al secretario de la Suprema, al tiempo que criticó que gane más que un juez de paz. También sostuvo que hay que “encaminar la cuestión”, haciendo alusión al incremento de salario que demandan los jueces del país.

      ZOOM

      Renuncias en reclamo de aumento. Hasta el momento al menos cinco jueces han renunciado de sus funciones, alegando que el pago que perciben por su labor no suple sus necesidades y las de sus familias, a pesar de ganar mucho más dinero que el promedio de la población.

      Por El Periódico Hoy

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      + Consultas en Materia Laboral (trabajadores del campo)

      26 Agosto 2013, 10:35 PM

      CONSULTORIO LABORAL

      Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS (Especialista en derecho laboral)

      ¿A los trabajadores agrícolas fijos ¿les corresponden vacaciones, bonificación, salario de Navidad, prestaciones laborales, y si están amparados por la Seguridad Social y cuál es la jornada de trabajo legal que deben agotar? 2) Deseo saber si los haitianos ilegales y/o sin identificación personal están amparados por la Seguridad Social, porque se emplean algunos sin ningún documento y luego demandan no sé cómo si no tienen identificación personal; 3) ¿Cuál es la diferencia entre el régimen de la Seguridad Social (Ley 87-01) y el Seguro Social, pues me dicen que puedo inscribir un trabajador en el Seguro Social y no en la Seguridad Social?

      A los trabajadores del campo se les aplican las mismas reglas que a los de otras áreas de la economía nacional, salvo que tienen una jornada laboral que “no excederá de 10 horas diarias” y que tienen un salario mínimo propio, que actualmente es de RD$234.00 diarios (Letra D de Art. 2° de Resolución 2/2013 del CNS). Eso quiere decir que hay que inscribirlos en la TSS y todo lo demás, incluyendo obligación de pago de prestaciones laborales.

      En cuanto a los haitianos, si no tienen cédula o visa/permiso de trabajo, entonces no se les puede inscribir en la TSS, y en ese sentido el empleador está asumiendo un riesgo, porque según la jurisprudencia constante y prevaleciente (3ª SCJ, 17 Sep. 1997, caso: Marcelino Francois vs. Distribuidora Lagares, C. por A.) desde que se pacta un servicio, se recibe y paga por el mismo, ya se perfecciona el contrato de trabajo, y el empleador que lo contrató a sabiendas de que estaba ilegal, no puede luego invocar ese estatus migratorio para negarle los derechos laborales que según la ley se derivan de ese contrato.

      En cuanto a si pueden o no demandar sin documento de identidad, ya eso es más discutible, pues la Corte de Casación en unos casos ha dicho que sí pueden (2ª SCJ, 29 Abr. 1999, No. 85, B.J.1061, Vol. II, Pág. 664), pero en otros que no (3ª SCJ, 15 Feb. 2012, No. 655-2009-00269, caso Bienvenido Román vs. Bienvenido Beltré Encarnación y comparte).

      En cuanto a inscribirlo en el Seguro Social o IDSS, eso se está haciendo, utilizando el “Formulario C-37 Modificado”, y es una afiliación al margen del sistema regulado por la TSS. Para eso, lo ideal es apersonarse al IDSS para indagar las condiciones y la cobertura.

      Envíe sus preguntas carlos.hernandez@claro.net.do

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      El procurador general de la República dice tomarán medidas para enfrentar el cuatrerismo

      La República 23 Agosto 2013
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       PROCURADOR
      Domínguez Brito dice tomarán medidas para enfrentar el cuatrerismo
      SE REÚNE CON EL PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS Y LES PROMETE UNA PRÓXIMA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE OTRAS INSTITUCIONES
       
       
       
       
       
      Santo Domingo

      El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró que enfrentarán las acciones de cuatrerismo que afectan a ese sector, persiguiendo y sometiendo a la Justicia a las personas que incurran en ese tipo de práctica en perjuicio de los productores nacionales.

      Las declaraciones del máximo representante del Ministerio Público fueron emitidas al encabezar un encuentro con representantes del Patronado Nacional de Ganaderos, que preside René Columna, quienes le entregaron un documento en representación de los más de 58 mil productores que lo integran, donde solicitan la intervención de ese organismo ante los casos de cuatrerismo que se registran en diferentes puntos del país.

      Domínguez Brito garantizó a los ganaderos una próxima reunión con representantes de otras instituciones, tales como el Ejército Nacional, la Jefatura de la Policía, Salud Pública y las alcaldías, para de esta forma poder trabajar en coordinación con las diferentes jurisdicciones del país e implementar medidas que procuren mayores controles, así como identificar  a los responsables y procurar sanciones ejemplares contra a fin de respaldar a ese sector de la economía nacional y garantizar su desarrollo.

      “Seguiremos reforzando los mecanismos de investigación que nos permitan una persecución efectiva, emprendiendo  las acciones correspondientes contra todo aquel que resulte responsable en casos de cuatrerismo y de comercialización de carne obtenida de manera ilícita en los espacios de producción”, explicó.

      Los representantes del sector ganadero expusieron que en todas las regiones del país cientos de productores se ven afectados por las acciones de los delincuentes que se llevan o descuartizan las reses en las mismas fincas o en sus cercanías para llevarse algunas de sus partes y dejar el resto tirado al intemperie, afectando con ello la economía de miles de hombres y mujeres que tienen en la ganadería su único medio de subsistencia.

      “En el caso de los pequeños y medianos productores, que poseen entre 5 y 15 vacas, éstos robos abusivos y recurrentes suelen traducirse en pérdidas tan profundas que dejan a los ganaderos sin ningún tipo de ingreso, por tres, cuatro y hasta cinco años”, dijeron.

      Agregaron que “se trata de un drama de gran impacto socioeconómico, pues cada res tiene un precio que supera los 20 mil pesos y tarda cerca de tres años para alcanzar la etapa de producción. Estimamos que a diario el sector pierde aproximadamente 1 millón de pesos por esta práctica desastrosa”.  

      La reunión se llevó a cabo en la sede de la Procuraduría General de la República, ubicada en el Centro de los Héroes, y participaron, además, Erick Rivero, de la Asociación de Productores de Leche; Luis Carlos Fernández, de la Federación de Ganaderos del Cibao (FEGACIBAO); Juan Carlos Recio, de la Federación de Ganaderos del Sur, y José Julio Peña, vicepresidente de la Asociación de Ganaderos San Rafael, de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, así como del abogado Cándido Simó. 

       

      Por: Listin Diario 

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