CRISIS EN LA JUSTICIA DOMINICANA: DEFENSORES PUBLICOS Y JUECES NO ACEPTAN Y CUESTIONAN DESTITUCIONES DE JUECES DE SANTIAGO
Otra vez enluta el consejo del poder judicial la institucionalidad del país en lo que respecta de la administración de justicia. El acto de la justicia debe mantenerse pulcro y firme respetando los derechos fundamentales con la misma fidelidad que dispensa la brújula al polo.
Ya las decisiones de los jueces no se atacan con los recursos pertinentes, sino mediante denuncias populares para que el órgano inquisidor en cuestión rinda pleitesia al desorden y a la presión.
Los cargos ahora se circunscriben a que el juez de paz Marchena otorgó una garantía económica en un caso donde la mediocridad disponía otra aberración. Aunque el imputado está presente y su proceso sigue ya está decisión de marras predispone al órgano de juicio mediante un mensaje de muerte en detrimento suyo.
De esa manera no se da ningún ejemplo, solamente nos abochorna y nos avergüenza como nación.
POSICION DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE SANTIAGO SOBRE LA DESTITUCION DE LOS MAGISTRADOS LUISA GARCIA Y GABRIEL MARCHENA.
Nosotros, los Defensores Públicos de Santiago, mediante la presente declaración queremos manifestar nuestra más enérgica expresión de rechazo ante la decisión emanada del Consejo del Poder Judicial destituyendo de sus posiciones de jueces a los Magistrados Luisa García y Gabriel Marchena Adames.
Estas decisiones que sancionan con la destitución a los referidos Magistrados constituyen un precedente nefasto para el sistema de justicia de la República Dominicana. Los mismos se caracterizaron en la sagrada y elevada misión de administrar justicia por decisiones apegadas al derecho, cuyo único pecado fue no coincidir con la política de presión y persecución llevada a cabo por quienes fueron sus detractores y acusadores, quienes coronaron su labor de acoso y derribo en contra de dichos Magistrados con el triste mérito de lograr que dos Jueces ejemplares por los demostrados conocimientos técnicos, como los anteriormente citados, fueran separados de sus funciones.
Es oportuno destacar que en las decisiones emanadas por el Consejo del Poder Judicial, en las cuales se decidió separar a los Magistrados Luisa García y Gabriel Marchena Adames no se les retuvo ningún tipo de faltas que pongan en entredicho su honestidad ni las prendas morales que adornan a estos probos y competentes Jueces.
La discusión en el marco del proceso disciplinario que se les siguió a los aludidos Magistrados giró en torno a si las decisiones tomadas por estos en los casos que se les sometieron, eran conformes o no a la Constitución de la República y leyes adjetivas. En ese orden de ideas, se hace oportuno poner de relieve que estos Magistrados se legitimaron en tanto que cada una de las decisiones sometidas a su escrutinio fueron fundamentadas y sustanciadas en derecho sin que obrase ningún otro componente que no fuera la recta, inquebrantable y elevada misión de administrar justicia.
Los Defensores Públicos de este Distrito Judicial de Santiago, ciudad caracterizada por ser la pionera en levantar la voz en distintos episodios históricos en los cuales se han conculcado derechos y libertades del pueblo, como operadores de justicia de primera línea en la litigación penal, vemos con alta preocupación las repercusiones que generará en los espíritus de nuestros Jueces el dictamen disciplinario emanado del máximo órgano de control de disciplina judicial de nuestro país. No es posible que en esta ciudad prime el Reino del Miedo y que como resultado de este deplorable fallo en lo adelante los Juzgadores sientan sobre sus cuellos la afilada espada de una potencial destitución que corte de un tajo sus carreras si no emiten decisiones que, aunque apegadas al derecho, no complazcan sectores que ejercen una clara injerencia en los asunto que son de la exclusiva competencia de los Jueces, únicos con mandato para interpretar el derecho.
En el marco de un Estado Social, Democrático y de Derecho se asume como función esencial de los poderes públicos la protección efectiva de los derechos y libertades fundamentales, verdadera fuente de legitimación de estos; como consagra nuestra Carta Magna, en donde el poder judicial es el verdadero garante de este. En ese tenor, los principios de imparcialidad e independencia, esta última verdadera institución jurídica, sobre el que se ha construido las bases de nuestro sistema jurídico y político, hoy puesto en tela de juicio. Evidentemente, que la destitución de estos Honorables Magistrados, asesta un duro golpe a los postulados que acabamos de mencionar.
Como podrá notarse a todo lo largo de este documento nos hemos referido a los ciudadanos Luisa García y Gabriel Marchena Adames como Magistrados, porque hasta tanto no se agoten todas las vías recursivas tanto del derecho nacional como supranacional, seguirán siendo Honorables Magistrados.
Tenemos la firme convicción de que más temprano que tarde habrá de reconocerse que para la buena salud de un sistema judicial orientado en los valores y principios superiores, sancionar un Juez por emitir una sentencia que no le guste a determinados sectores, constituye un grave peligro para la concreción efectiva de la seguridad jurídica, baluarte inexorable para la construcción de un verdadero Estado Constitucional de Derecho y la vigencia misma de la democracia.
Muy atentamente los Defensores Públicos abajo firmantes:
Licdo. Pablo R. Santos. Lic. Grimaldi Ruiz.
Lic. Bernardo Jiménez. Lic. Karen Santana.
Lic. Marcos Romero. Lic. Daisy Valerio.
Lic. Laura Rodríguez. Lic. Gregorina Suero.
Lic. Dharianna Morel. Lic. Sandy Peralta.
Lic. Wendy Mejía. Licda. Nancy Hernández.
Lic. Isaías Pérez. Lic. Sergio Montero
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