Autoridades retienen seis vehículos por exceso de ruido

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Autoridades retienen seis vehículos por exceso de ruido


  • By Hoy
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  • Apr 18, 2014
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Equipos de sonido incautados. Fuente externa.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, durante un operativo en coordinación con el Departamento Anti-ruidos de la Policía Nacional (PN), procedió a retener seis vehículos de diferentes marcas, que tenían equipos de sonido a altos niveles transitando por las calles.

“Entre los vehículos de motor retenidos se encuentran un minibús, dos jeepetas, una marca Hummer y una Runner, así como tres automóviles, en operativos realizados  en los sectores  30 de Mayo en el Distrito Nacional, y Villa Mella en el municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo”, se explica en un comunicado.

La nota detalla que dentro de los vehículos se encontraron seis radios, 83 dispositivos para audio de diferentes tamaños y capacidades, entre ellas 25 bocinas de diez pulgadas, 16 bocinas de 12 pulgadas, 16 bocinas de 18 pulgadas, así como 26 plantas de sonido, nueve “crossover”, 39 “tweeter” para audio, 15 cornetas, seis amplificadores, y ocho baterías adicionales, entre otros artefactos electrónicos.

“A los conductores de dichos vehículos le fueron iniciados procesos penales por las violaciones a las disposiciones establecidas en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Ley No. 287-04, sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Molestos que producen contaminación sónica, la Ley General de Salud No. 42-01 y las Normas Ambientales para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03), emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, señala.

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Aclaración sobre propuesta de modificaciones al Código Procesal Penal (CPP)

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Aclaración sobre propuesta de modificaciones al CPP


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“La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos”. Enrique Múgica Herzog.

La Ley número 76-02 que establece el Código Procesal Penal (CPP) de la República Dominicana, podemos definirla como la guía de procedimientos o reglas que debemos seguir para enjuiciar o procesar a un imputado o acusado de violar las leyes penales.

Es una ley general y especial aplicada a todos los ciudadanos que habitan el territorio dominicano y en especial a los actores del sistema de justicia que hacen las investigaciones de los hechos punibles o castigables.

En las últimas semanas los activistas sociales que luchamos contra la corrupción y su impunidad, junto a muchos juristas, hemos revoloteado las avispas en los medios, para alertar sobre la siniestra intentona de los legisladores dominicanos de vulnerar derechos ciudadanos, con la propuesta de modificación al Código Procesal Penal, aprobadas por ambas cámaras legislativas de senadores y diputados.

Reconocemos que es un aliciente que el señor presidente, Danilo Medina, haya escuchado las preocupantes denuncias y oposición a estas nefastas modificaciones al CPP y devolviera observado al congreso dicho proyecto, pero debemos seguir preocupados y estar alerta, ya que los legisladores paradójicamente no escuchan a su pueblo a quien deberían representar y no lo hacen, por el contrario lo traicionan, para favorecer sus intereses que son patrocinados por el mundo oscuro de la corrupción y el crimen organizado.

Lo más grave de todo ello, ha sido el silencio o desinterés de la totalidad de los congresistas, en esta maraña tan aviesa que buscaba legalizar la impunidad a la corrupción administrativa y a cualquier tipo de delito penal cometido por funcionarios del Estado dominicano.

Y no menos grave son los pronunciamientos de los presidentes de ambas cámara legislativas: Reinaldo Pared Pérez y Abel Martínez, quienes parecen abogados defensores o mejor dicho, abogados del diablo en amparo de los corruptos y sus acciones, justificando este diabólico plan, que limitaría el derecho de los ciudadanos a querellarse contra los corruptos y violadores a las leyes penales en el ejercicio de sus funciones públicas.

En ese mismo sentir se suma extrañamente nuestro Procurador General, Francisco Domínguez Brito, considerando que las mencionadas modificaciones sometidasson un gran paso de avance y que la eliminación al derecho de querellarnos cada ciudadano, no afecta la lucha contra la corrupción administrativa, pues él confía en el rol que cada actor del sistema debe jugar.

Lo que es aún más preocupante, puesto que El Procurador, es un ejemplo de irresponsabilidad para combatir la corrupción, por lo que sabe mejor que nadie, que dichos actores no cumplen su rol de defensores de los derechos ciudadanos y que por el contrario solo defienden los intereses de su grupos políticos y socios; patrocinando la impunidad.

En los párrafos siguientes quiero que se detengan a analizar estas breves citas de nuestra Constitución Dominicana en las que se refieren las controversias o debates en cuestión:

En la Sección II De La Ciudadanía. Artículo 22.- Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y ciudadanos:

1) Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución.

2) Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo.

3) Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las

condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes.

4) Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto.

5) Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo.

Capítulo IV De Los Deberes Fundamentales. Artículo 75.- Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitucióndeterminan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: (Excluimos los numerales del uno al diez; no están relacionados al tema)

11) Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano.

12) Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del

patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.

Capítulo III De La Administración Pública. Artículo 138.- Principios de la Administración Pública. La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. La ley regulará.

Sección II Del Estatuto De La Función Pública. Artículo 146.- Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:

1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico.

2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.

3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente.

4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita.

5) La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivo.

En El Capítulo III Del Control De Los Fondos Públicos. Artículo 245.- Sistema de contabilidad. Artículo 246.- Control y fiscalización de fondos públicos. El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes.

Ley N° 76-02 que establece el Código Procesal Penal (CPP) de la República Dominicana: Título 1 Principios Fundamentales Artículo 6.· Participación de la Ciudadanía. Todo habitante del territorio de la República tiene el derecho a participar en la administración de justicia en la forma y condiciones establecidas en este código.

CAPITULO 11. QERELLANTE. ARTICULO 85.- Calidad.

1)La víctima o su representante legal puede constituirse como querellante, promover la acción penal y acusar en los términos y las condiciones establecidas en este código.

2)En los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos pueden constituirse como querellante las asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado con anterioridad al hecho.

3) En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante.

4)Las entidades del sector público no pueden ser querellantes.

5)Corresponde al ministerio público la representación de los intereses del Estado en estos casos. La intervención de la víctima como querellante no altera las facultades atribuidas al ministerio público ni lo exime de sus responsabilidades.

Como se observa en el numeral cinco (5) del artículo 22, de nuestra Constitución, citado antes, es claro que no menciona el término querellas, y lo que no está prohibido, es permitido, pero el problema es que lo quieren prohibir en propuesta de modificación al CPP, para eliminar el párrafo tres (3) indicado arriba en negrita, precisamente por eso, porque la Constitución no se refiere a querellas y las querellas tienen más fuerza, porque vincula a los querellantes como parte del juicio; en las denuncias queda a opción del ministerio público sin la participación del denunciante en el juicio.

Por otra parte en estos mismo lineamientos la Constitución en su artículo 146 y 246 manda a la proscripción o eliminación de la corrupción, así como el control y fiscalización de los fondos públicos facultando a la sociedad en general a participar en todo lo relacionado.

Invito a todos a participar activamente a luchar y perseguir la corrupción y la impunidad, nuestros principales males sociales.

En tal sentido como parte de la organización o Movimiento Cívico Ciudadanos Contra la Corrupción C3, y de manera particular, aviso y asumo el compromiso público, el cual he demostrado, que no descansaremos hasta que todos los responsables de la corrupción administrativa, y especialmente, en el caso particular de estas acciones de los legisladores, como nuestros representantes que deberían ser, paguen con todo el peso de la ley por cada práctica corrupta o hecho delictivo que los mismos hayan cometido en perjuicio del Estado.

Demandamos se proceda a actuar con el debido proceso de ley para que los delitos imputados a funcionarios sean investigados y no queden impunes. Con el interés legitimo y la calidad suficiente para accionar por ante el Ministerio Público contra todos los corruptos y violadores de las leyes que afecten el patrimonio público, el medio ambiente, Así como, los demás derechos y libertades: Artículos 6 y 85 de la Ley No. 76-02 CPP, Constitución de la República, en su artículos 22, acápite 5, igualmente el 146, el 246 y el 75 en su acápite 12 nos facultan por derecho y deber a “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.”

La Constitución y las leyes nos comprometen individualmente a cada uno y colectivamente como pueblo soberano, a luchar y a trabajar por un país mejor y a medrar. Juan Pablo Duarte nos recuerda: “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria.”

Infoseguridad007@gmail.com

@JTtaveras

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FINJUS aboga por la concertación de un pacto por la seguridad ciudadana

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FINJUS aboga por la concertación de un pacto por la seguridad ciudadana


  • Apr 21, 2014
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Servio Tulio Castaños Guzmán.

Santo Domingo.- La  Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus)  abogó hoy  por la concertación de  un pacto nacional por la seguridad ciudadana y  la pronta aprobación en el Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Reforma de la Policía Nacional presentada por el Poder Ejecutivo en el 2013.

Si esta ley no es aprobada no tendremos un marco adecuado para mejorar ninguno de los aspectos sustanciales de la inseguridad ciudadana en el país, aseguró FINJUS en su informe  ”Enfoque de la seguridad ciudadana desde una perspectiva integral y coordinada: soluciones y retos”.

Asimismo,  el vicepresidente ejecutivo FINJUS, Servio Tulio Castaños, manifestó que el desarrollo social y económico del país es clave para garantizar un clima en el que la población se sienta segura.

También, el informe establece que la mayoría de los problemas vitales que afectan el país solo pueden ser  solucionados con un gran consenso nacional, que pueden ser recogidos en la forma de pactos, elaborados con la participación de todos los sectores responsables y comprometidos con el futuro nacional.

“Hemos sostenido nuestra creencia de que ha llegado la hora para concertar un pacto nacional por la seguridad ciudadana que establezca las estrategias, programas responsables y los recursos que se requieren para lograr una convivencia pacífica y  bienestar social”, sostiene Castaño.

De igual forma,  FINJUS identificado una serie de líneas de acción que pueden alimentar las políticas públicas que deben ser definidas con urgencia, como son la promoción de  programas que presten asistencia integral a niños y adolescentes en situación de desamparo y abandono familiar.

Así como, la estimulación de las iniciativas de integración familiar y el fomento de los valores sociales sanos para la convivencia pacífica, a través de campañas masivas de carácter educativo contra la violencia, el consumo de drogas y alcohol y que favorezcan la comunicación intrafamiliar.

Destinación de recursos adecuados para la aplicación de programas preventivos con abordaje nacional que superen los programas pilotos y de corto alcance

 Incrementar los programas integrales de desarrollo social y comunitario en las zonas del país con mayor exclusión social, a través de la capacitación de los jóvenes para su inserción laboral, así como el mejoramiento de la calidad de los servicios sociales fundamentales (salud, educación, transporte, alumbrado público y prevención de la violencia), entre otros.

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Proponen que sea el Consejo del Poder Judicial quien instaure la seguridad social para los jueces

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Proponen que sea el Consejo del Poder Judicial quien instaure la seguridad social para los jueces


  • Apr 21, 2014
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SANTO DOMINGO. El senador por Puerto Plata, Francis Vargas, sometió un proyecto de Ley que busca modificar el artículo 56 de la Ley de Carrera Judicial No. 327-98, con el objetivo de otorgarle la facultad al Consejo del Poder Judicial para instituir el régimen de seguridad social para los jueces y servidores judiciales, atribución de la que actualmente está a cargo la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La iniciativa legislativa, sometida por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la cámara alta, busca modificar la Ley vigente, del 11 de agosto del 1998, que establece criterios para el régimen de seguridad social para jueces, juezas y servidores judiciales, que incluye un seguro médico y de vida, cesantía voluntaria e invalidez.

En el proyecto se destaca que, debido a que en la Constitución, promulgada el 26 de enero del 2010, fue creado el Consejo del Poder Judicial, como órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial, le corresponde a esa instancia conocer y decidir todo lo concerniente al régimen de pensión y jubilación de los jueces, juezas y servidores judiciales.

De acuerdo con el proyecto de ley propuesto los jueces del Poder Judicial en condiciones de igualdad, sin importar la jerarquía, adquieren el derecho a la jubilación facultativa.

Las escalas para las jubilaciones de los magistrados del orden judicial facultativa y obligatoria se establecen de acuerdo con su categoría o rango, edad, tiempo de servicio prestado en la administración pública, la invalidez o incapacidad física para dedicarse a sus labores.

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Reintroducen el proyecto de reforma al Código de Procedimiento Civil

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Reintroducen el proyecto de reforma al Código de Procedimiento Civil


  • Apr 21, 2014
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SANTO DOMINGO. Los senadores Francis Vargas y Julio César Valentín reintrodujeron en el Senado un proyecto de ley para modificar varios artículos del Código de Procedimiento Civil, que entre otras cosas busca reducir la dispersión legislativa, organizar los procedimientos civiles con respeto a la dignidad, igualdad y equidad con que deben ser tratados los litigantes, reconoce y garantiza el derecho a la propiedad y garantiza la tutela judicial efectiva y el debido proceso, al establecer el libre acceso a las jurisdicciones y plazos razonables para el ejercicio del derecho de defensa.

La iniciativa legislativa, que fue elaborada en septiembre del 2010 por una comisión que presidió el jurista Mariano Germán, actual presidente de la SCJ, consta de 1,379 artículos y tiene 314 páginas.

En el proyecto se proclama la recurribilidad de las sentencias, con arreglo a la ley, busca garantizar que las reglas procesales sean establecidas con respeto absoluto al principio de razonabilidad, el derecho del Estado a someter sus controversias contractuales al arbitraje nacional e internacional y las inembargabilidades declaradas por la Constitución.

De aprobarse esa pieza legislativa quedarían derogados el Código de Procedimiento Civil, promulgado el 17 de abril del 1884; todas las leyes especiales mediante las cuales ha sido reformado ese código, si son contrarias a sus disposiciones y según el artículo. 1379, no se regirán por las disposiciones de este Código los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigencia.

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La Fiscalía del Distrito Nacional, Yeni Berenice advierte a fiscales de incautaciones “alegres” de vehículos

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Yeni Berenice advierte a fiscales de incautaciones “alegres” de vehículos


  • By Sugeni Reyes
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  • Apr 22, 2014
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Yeni Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional. Archivo.

La Fiscalía del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, pidió hoy a los fiscales del país abstenerse de realizar incautaciones innecesarias de vehículos.

Explicó que los fiscales deben apegarse a las leyes al momento de incautar un vehículo, además de poseer elementos probatorios.

Al participar en el acto de inauguración del primer almacén de custodia para vehículos incautados del país, la magistrada también consideró que es una irresponsabilidad del Ministerio Público devolver vehículos en mal estado luego de ser decomisados por las autoridades.

Agregó que a partir de este momento espera que se cumpla con la ley de custodia de bienes decomisados, al tiempo en que valoró la importancia del nuevo almacén.

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Cuatro entidades sugieren cambios al Código Procesal Penal

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Cuatro entidades sugieren cambios al Código Procesal Penal


  • Apr 22, 2014
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SANTO DOMINGO.- Cuatro entidades de la sociedad civil remitieron, por separado, al Senado de la República sugerencias de modificación al Código Procesal Penal (CPP) y los argumentos que fundamentan la petición de que sea mantenida la prerrogativa del ciudadano de querellarse contra un funcionario.

Sus planteamientos fueron presentados en la víspera de que el Senado conociera esta tarde, en su sesión ordinaria, el referido proyecto de Ley, que busca modificar varios artículos del CPP, que fue devuelto recientemente por el Poder Ejecutivo con observaciones a 25 artículos.

El Instituto Dominicano de Ciencias Penales, el Foro de Juristas para la Democracia Institucional, el Foro Ciudadano y el Movimiento Justicia Social remitieron, por separado, al Senado de la República 27 sugerencias de modificación al Código Procesal Penal (CPP) y 6 argumentos que fundamentan la petición de que sea mantenida la prerrogativa del ciudadano de querellarse contra un funcionario.

Los juristas Cándido Simón, Carlos Balcácer, Félix Damián Olivares, Ángel Moneró y Jhon Garrido acudieron ayer al Congreso Nacional para entregar un documento firmado por ellos, que contiene sus sugerencias.

Con relación al controversial artículo 85 del CPP dijeron que comparte el criterio del presidente Danilo Medina en el sentido de que se deje igual a como está consignado en la ley vigente.

Afirmaron que la Constitución faculta a cualquier ciudadano a constituirse en querellante en actos cometidos por cualquier funcionario público en el ejercicio de sus funciones. “Tiene facultad para denunciar las faltas que son de jurisdicción disciplinaria, en donde no se puede constituir en querellante y a querellarse en los casos de infracciones penales de corrupción como dice el artículo 135 y 136 de la Constitución de la República”, expresó Olivares.

Entre sus sugerencias figuran varias relativas a las garantías constitucionales en la justicia penal, entre las que sugieren prohibir la publicación de la imagen, el nombre y los datos que puedan identificar a las personas sujetas a una investigación y procesamiento penal hasta que intervenga una medida de coerción para garantizar el derecho a la dignidad humana, la presunción de su inocencia y su buen nombre e imagen pública.

Sugieren que el Tribunal Colegiado conozca violaciones castigadas de 5 años en adelante, que los Tribunales Unipersonales, conozcan de 2 a 5 años y los Juzgados de Paz, de 1 a 2 años.

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Cámara de Diputados publica Constitución de la República en Braille

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Cámara de Diputados publica Constitución de la República en Braille


  • By Hoy
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  • Apr 23, 2014
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Abel Martínez y Milton Ray Guevara, presidentes de la Cámara de Diputados y del Tribunal Constitucional (TC), respectivamente, encabezaron el acto. Fuente externa.

La Cámara de Diputados publicó hoy la Constitución de la República Dominicana en sistema Braille, en un acto celebrado en el Salón de la Asamblea Nacional con la presencia de cientos de ciegos, del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, de legisladores e invitados especiales.

“Somos iguales ante la ley, tenemos los mismos deberes y derechos, tenemos el derecho de aprender nuestra Constitución, de leerla, pero sobre todo, tenemos el sagrado compromiso de practicarla. Hoy los diputados y diputadas ponemos en manos de los discapacitados visuales este instrumento que los hace libres, soberanos y orgullosos de nuestra dominicanidad. La única ceguera que debe ser reprochable es la espiritual”, dijo Abel Martínez, presidente del hemiciclo.

El legislador resaltó que es la primera vez, en la historia del país, que los ciegos tendrán acceso a la Carta Magna mediante el sistema de lectura táctil.

En su participación en el acto, Ray Guevara explicó que en el artículo 58 de la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010, se consagra el derecho de las personas que sufren de algún tipo de discapacidad, incluyendo la obligación del Estado de promover su desarrollo en igualdad, en el más absoluto respeto a sus derechos y deberes fundamentales.

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Abogados entregan al Congreso propuestas para ser incluidas en reforma CPP

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Abogados entregan al Congreso propuestas para ser incluidas en reforma CPP


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Un grupo de abogados, agrupados en el Instituto Dominicano de Ciencias Penales y el Foro de Juristas para la Democracia Constitucional, acudió este miércoles  al Congreso Nacional para entregar al presidente del Senado Reynaldo Pared Pérez, un documento que contiene 27 propuestas que consideran deben ser incluidas en el proyecto de reforma al Código Procesal Penal.

Los abogados Cándido Simó, Angel Moreno, Carlos Balcácer, Jhon Garrido y Félix Olivares acudieron a entregar el documento en la víspera de que el Senado conocerá esta tarde las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al Código Procesal Penal,  luego que fuera aprobado por el Congreso y se modificó el párrafo tres del artículo 85 donde se elimina la posibilidad de que los ciudadanos puedan querellarse contra funcionarios públicos sindicados supuestamente por actos de corrupción.

Cándido Simó hablando a nombre del grupo de abogados,  explicó que fue esa comisión la que pidió al presidente Danilo Medina observar el proyecto porque lo consideraba inconstitucional, razón por cual ahora pasan “de la protesta a la propuesta”.

Entre sus propuestas están, dijo, limitar que los tribunales colegiados conozcan casos que conllevan condenas menores de manera que se distribuyan la carga, y los jueces de paz tengan mayor trabajo al igual que los jueces de Primera Instancia.

Proponen,  además, establecer como regla principal el principio de la libertad.

Igualmente, sugiere establecer un juez de garantía en las cárceles para los presos preventivos.

De su lado, Carlos Balcácer dijo están proponiendo la eliminación del juzgamiento de los tribunales colegiados de acusados que lleven condenas de dos a cinco años, el (tribunal) colegiado se encargaría de cinco años en adelante y los juzgados de paz, de uno  o dos años.

Por RAMON RAMOS.

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FINJUS apoya se castigue a quienes quemen la Bandera Nacional

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FINJUS apoya se castigue a quienes quemen la Bandera Nacional


  • By Soila Paniagua
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  • Apr 23, 2014
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Servio Tulio Castaños Guzmán. HOY/Josué Grullón.

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó hoy que  quemar la bandera de República Dominicana es un crimen y que quien lo haga debe recibir todo el peso de la ley.

Servio Tulio Castaños Guzmán se expresó en esos términos al referirse a la quema de la Bandera Nacional el pasado Viernes Santo en la comunidad San Víctor, en la provincia Espaillat, por parte de individuos de nacionalidad haitiana que participaban en un acto vudú.

“Independientemente de quien fue que quemó la bandera, eso es un crimen y está penado en el Código Procesal Penal. Eso está muy mal y debe correr con las consecuencias”, dijo tras considerar que el Gobierno debe poner más controles en la frontera para evitar el tráfico y otras situaciones penables.

Apoyó que se desarme la población civil, porque una persona que no pertenezca a un organismo de seguridad no hace nada con un arma de fuego, sino que al contrario, incentiva la delincuencia.

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