Ley General de Sociedades Comerciales No: 479-08

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Poper Ejecutivo promulga Ley General de Sociedades Comerciales No: 479-08

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Muy buen articulo de Adriano Miguel Tejada

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Publicado por DIARIO LIBRE
22 Diciembre 2008, 12:01 AM
AM. – Para ser juez…

“Para ser juez, hay que aprender a fallar”, decía un graffiti en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, que un querido amigo tuvo la gentileza de enviarme. Pues sí, para ser juez hay que distinguir la diferencia entre los verbos “fallar”, para no “fallar” el fallo.El problema no es que un juez se equivoque, pues todos somos humanos, aun el más encumbrado de los mortales. El problema está cuando sabe que se equivocó y no enmienda el error, o se impide que se enmiende a través de los mecanismos de la administración de justicia.Tomemos dos casos claros que devendrán en clásicos: el caso Sun Land y el caso Pellerano Mendoza.En el caso Sun Land, la Corte Suprema se tomó más de un año para fallarlo. Se podría alegar que había desunión entre sus jueces, como se pudo comprobar en el fallo, pero esta razón debió bastar para que una comisión de jueces redactara un proyecto de sentencia de consenso. Ahí faltó el liderazgo de que habló el Presidente de la Suprema Corte.Más aún: Si no fue posible el consenso, la sentencia definitiva debió tener mayor sustento jurídico. Por eso nadie la pasa, aunque hubiese sido la solución final del caso de todas maneras. Sobre el caso Pellerano y Mendoza, es evidente la intromisión de intereses ajenos a la justicia.El sistema falló en este caso, porque los mecanismos de control fueron cooptados por agentes externos y también faltó el liderazgo ético que impusiera el valor supremo de la justicia sobre los prejuicios internos y las presiones externas.

Muy buen articulo de Adriano Miguel Tejada

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22 Diciembre 2008, 12:01 AM
AM. – Para ser juez…

“Para ser juez, hay que aprender a fallar”, decía un graffiti en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, que un querido amigo tuvo la gentileza de enviarme. Pues sí, para ser juez hay que distinguir la diferencia entre los verbos “fallar”, para no “fallar” el fallo.El problema no es que un juez se equivoque, pues todos somos humanos, aun el más encumbrado de los mortales. El problema está cuando sabe que se equivocó y no enmienda el error, o se impide que se enmiende a través de los mecanismos de la administración de justicia.Tomemos dos casos claros que devendrán en clásicos: el caso Sun Land y el caso Pellerano Mendoza.En el caso Sun Land, la Corte Suprema se tomó más de un año para fallarlo. Se podría alegar que había desunión entre sus jueces, como se pudo comprobar en el fallo, pero esta razón debió bastar para que una comisión de jueces redactara un proyecto de sentencia de consenso. Ahí faltó el liderazgo de que habló el Presidente de la Suprema Corte.Más aún: Si no fue posible el consenso, la sentencia definitiva debió tener mayor sustento jurídico. Por eso nadie la pasa, aunque hubiese sido la solución final del caso de todas maneras. Sobre el caso Pellerano y Mendoza, es evidente la intromisión de intereses ajenos a la justicia.El sistema falló en este caso, porque los mecanismos de control fueron cooptados por agentes externos y también faltó el liderazgo ético que impusiera el valor supremo de la justicia sobre los prejuicios internos y las presiones externas.

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por el PERIODICO HOY

15 Diciembre 2008, 11:21 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral1.En su columna del 30 de septiembre, usted afirmó que el tribunal competente para conocer las demandas contra instituciones del Estado, aún con autonomía propia, es el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. Nuestra Pregunta es la siguiente: ¿Y cuál es el tribunal competente para conocer de las demandas en daños y perjuicios contra los funcionarios y directores de esas instituciones? No la demanda contra la institución en si, sino contra los funcionarios y directores por sus acciones personales. Si les es posible agregar fuentes bibliográficas y jurisprudencias.
En principio, toda acción en responsabilidad civil es de la competencia del Juzgado de Primera Instancia en sus atribuciones civiles, al tenor de lo establecido en el Art. 45 de la Ley 821 de 1927 sobre Organización Judicial, salvo atribuciones expresamente conferidas a otras jurisdicciones por otras disposiciones legales. Así por ejemplo, los juzgados de paz y los juzgados de trabajo, entre otras jurisdicciones, están facultados para conocer acciones en responsabilidad civil ligadas a casos, situaciones o convenciones particulares.
Si la responsabilidad civil del funcionario está relacionada a un hecho punible, la acción podrá ejercerse por ante las jurisdicciones penales al tenor de lo establecido en el Art. 50 del Código Procesal Penal.
Entre las fuentes bibliográficas le recomiendo a la clásica obra “Elementos de Derecho Procesal Civil Dominicano”, volumen 1, edición 1995, de Florian Tavares hijo, y al “Código Procesal Penal. Por un Juez en ejercicio” edición 2006, de Francisco Ortega Polanco.
2.Somos un grupo de trabajadores que laboramos en el Ingenio Porvenir de enero 2000 a octubre del 2003; no fuimos ni suspendidos ni oficialmente cesanteados. Hasta la fecha de hoy no hemos recibido ni sueldos atrasados, ni prestaciones laborales. Esta empresa interpuso un recurso de suspensión de todos sus trabajadores, que fue rechazado por el Departamento de trabajo. Este ingenio fue privatizado al Consorcio Pringamosa. Ahora el Gobierno lo va a pasar el Grupo Vicini y Central Romana. Mi pregunta, ¿tenemos derecho todavía a que se nos paguen las prestaciones laborales y los salarios atrasados? y ¿a quien le corresponde pagar?

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Recurso de revisión)

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 17/ Dic / 2008

CPP. – Código Procesal Penal
Recursos de revisión
¿No constituye un contrasentido que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia conozca los recursos de revisión de sus propias decisiones, cuando es conocida la tendencia a excusar los errores propios? ¿No sería más útil a la justicia que las revisiones las conozcan otros jueces? Juan M. Pérez
En principio, podría aceptarse como conveniente que sean jueces distintos a los de las Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia los que conozcan del recurso de revisión, si éstos ya han conocido del caso.
Ahora bien, es necesario profundizar en la lógica del recurso de revisión para entender en qué contexto es que la ley permite que puedan conocer del mismo jueces que ya conocen del caso.
La revisión no es una nueva instancia. Es más, en sentido estricto, no es propiamente un recurso de impugnación que examina los hechos (apelación) o la aplicación del derecho (casación). La revisión resulta más bien un tipo de recurso de reconsideración (ver el recurso de oposición en el CPP en el cual una parte le puede plantear al Juez que reconsidere su propio fallo).
El legislador se ha empeñado en otorgarle un carácter objetivo a la revisión, obligando a la parte que lo invoca a un medio de prueba respecto del cual los jueces no pueden deliberar o valorar si lo acogen o no.
Conforme las distintas hipótesis del CPP, el recurso se fundamentara en: 1) la presentación de la persona viva o de las pruebas de que lo estaba en el momento de la condena en los que pretenda que una persona sufre condena por un falso homicidio; 2) la presentación de las sentencias contradictorias que condenan a dos o más personas por el mismo delito; 3) la sentencia firme contentiva del fallo declarando falsa la prueba documental o testimonial que sirvió de base a la sentencia cuya revisión se requiere; 4) la presentación de nuevos documentos o pruebas que demuestren la inexistencia del hecho punible; 5) la presentación de la sentencia firme en la que se declara que fue mediante corrupción que se produjo la sentencia condenatoria cuya revisión se solicita; 6) la presentación de la nueva ley que le haya quitado el carácter de punible o dispuesto la aplicación de una pena más leve al hecho punible que dio lugar a la sentencia cuya revisión se solicita; 7) la presentación de la nueva decisión jurisprudencial que representa un cambio jurisprudencial en la SCJ en la interpretación de la norma aplicada.
La parte más delicada en las hipótesis citadas se refiere a los casos en los cuales hay que hacer valoración de las pruebas indicadas. A este respecto el CPP prevé la celebración de un nuevo juicio que se debe limitar a la valoración objetiva de las pruebas conforme el motivo invocado para la revisión y en ningún caso pueden hacer los jueces una nueva valoración de los hechos del proceso que dio lugar a la sentencia cuya revisión se conoce.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

Reforma judicial

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 17/ Dic/ 2008

AM. – Reforma judicial
La reforma de la justicia dominicana es un imperativo que no puede ser negociado.En el estado actual de su desarrollo, al sistema judicial dominicano hay que dotarlo de mayor participación interna en el proceso de toma de decisiones administrativas; hay que ampliar y diversificar su organismo de origen, y hay que crear y fortalecer la jurisdicción constitucional, dotándola de jueces comprometidos con el desarrollo de la justicia constitucional y de la democracia dominicana.El primer objetivo se logra en parte con la creación del Consejo del Poder judicial, que permitirá que el insumo de los jueces a todos los niveles, llegue a altas instancias de dirección.El segundo, con la democratización y profesionalización del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora con su capacidad de juzgar la conducta de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que hasta ahora estaban por encima del bien y del mal, sometiendo a los justiciables a la tortura de sus caprichos y prejuicios.Y la tercera se logra a través de la Sala Constitucional, dotada de atributos propios que permitan garantizar la efectiva vigencia de los derechos fundamentales y del estado de derecho en el país.Esas modificaciones, junto a la rotación de la presidencia de la Suprema Corte y de las salas, impedirá que se entronen nuevos faraones en la justicia dominicana.Estos y otros cambios devolverán sin duda, la credibilidad perdida al Poder Judicial dominicano.
atejada@diariolibre.com

+ preguntas sobre migración

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Publicado por LISTIN DIARIO
Yadira responde
Yadira Morel – 12/16/2008

Distinguida señora Morel: Mi esposo, hija y yo contamos con visado múltiple de 10 años, que vencen en febrero. ¿Con cuánto tiempo de anticipación es recomendable solicitar la renovación? ¿Influye que contamos con visado múltiple de dos años de la Comunidad Europea?
RESPUESTA: La renovación de visas de paseo de 10 años puede presentarse antes de su expiración o en el año siguiente de su expiración. Si usted solicita la renovación después del año de expirada ya deja de ser renovación y usted será considerado como una persona que busca visa por primera vez. El hecho de que su familia tenga visa de la Comunidad Europea no influye en el otorgamiento de una visa americana.

Hola Dra. Morel:Me casé con un ciudadano americano en septiembre del 2003; mi hija y yo somos residentes desde el 2005, ¿Debido a que ya tengo más de tres años casada puedo solicitar la ciudadanía? ¿Cuando envíe el formulario debo también mandar el de mi hija? ¿Obtendrá ella la ciudadanía también? (la niña 13 años y vive con nosotros)
RESPUESTA: La esposa de un ciudadano americano puede presentar su aplicación de ciudadanía americana a los 3 años de ser residente permanente de EEUU, siempre y cuando siga casada con el ciudadano. Después de que tú seas ciudadana, solicita la de tu hija, a la cual le corresponde de manera automática, gracias al Children Citizenship Act.

Hola doctora:Mi hermano, que es ciudadano americano, hizo la petición para llevar a mi sobrino a EEUU, pero en la petición puso como nombre de su hijo Geuri y en el acta de nacimiento está como Jeuri. Él no es hijo de matrimonio pero sí está reconocido por mi hermano. Ya le empezaron a llegar papeles y llegaron con el nombre de Geuri.
RESPUESTA: No se preocupe, si el caso esta en el Centro Nacional de Visa, dígale a su hermano que envíe una carta explicándole el error y que le adjunte a la misma una copia del acta de nacimiento para confirmar el nombre correcto.

Renovación judicial

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Publicado en DIARIO LIBRE

Publicado en fecha 15/Dic./2008

Por: Adriano Miguel Tejada

AM. – Renovación judicial
La justicia dominicana tiene problemas. Podrá tener muchas computadoras, mejoradas sedes y mayor entrenamiento, pero falta el elemento más precioso para un juez: la integridad.
Existe una falla garrafal en el material humano, y aparentemente, se “bajan líneas” a todos los niveles.
La justicia no actúa libre de interferencias, ni internas ni externas, y lo peor de todo, no ofrece garantías de seguridad jurídica porque el dinero corre en la justicia.
Basta con escuchar los murmullos que llegan del Este, un mercado persa judicial; las quejas que se oyen desde el Sur, asilo de jueces probos; los lamentos desde el Cibao, que antes era un modelo, y desde la propia capital, donde ni la Suprema Corte de Justicia escapa a los rumores y los cuestionamientos.
El país ha puesto muchas esperanzas e invertido cuantiosos recursos para aceptar el lamentable estado de la justicia, porque también en el aparato judicial se esconde la impunidad y el prejuicio contra ciertos acusados.
Contrasta la facilidad con que salen libres los acusados de narcotráfico, aunque hayan sido atrapados en flagrante delito, con la severidad que son tratados otros imputables sin acusadores ni pruebas legales.
En el estado actual de nuestro sistema judicial, no parece posible que el proceso de regeneración moral de esa importante función del Estado pueda llevarse a cabo con esta estructura y con este liderazgo.
Y lo puedo decir yo, porque no soy abogado en ejercicio. Si lo fuera, tuviera que callarme.

¿Qué dice la Constitución sobre la economía?

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Publicado por DIARIO LIBRE

12 Diciembre 2008
De. – Derecho económico

¿Qué dice la Constitución sobre la economía? La Constitución de un Estado, permea todas las actividades que se desarrollan en su territorio. Desde la organización misma del Estado, pasando por las relaciones entre el Estado y las personas y de las personas entre sí, hasta los principios y reglas que rigen esas relaciones. Partiendo de esta premisa, esta “sombrilla” constitucional arropa por supuesto toda actividad económica desarrollada por el Estado y las personas.Para saber cómo influye la Constitución en la economía podemos ver la Constitución Dominicana desde dos ángulos distintos. Por un lado, los derechos de las personas que bien tienen contenido económico o inciden en la economía y por otro lado aquellas normas que organizan la economía dominicana. En esta entrega veremos los derechos de contenido e incidencia económicos.En primer lugar, los derechos que engendran una naturaleza asociada a la actividad económica son el derecho de propiedad y la libertad de empresa. El derecho de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 8.13 de la Constitución como uno de los pilares de nuestro Sistema Jurídico-Político. La misma Constitución establece dos excepciones a esta condición de absoluto: por un lado, la facultad de expropiación por causa de utilidad pública y la expropiación expresa de toda riqueza artística o histórica de la nación. El segundo derecho de contenido económico es la libertad de empresa. Prevista en el artículo 8.12 de nuestro texto constitucional, la libertad de empresa, comercio e industria fundamenta el derecho de realizar cualquier actividad económica al amparo del Estado. Finalmente, otros derechos acompañan a las prerrogativas de carácter económico y que influyen directamente en la actividad económica del Estado.Estos son citados a continuación: 1.1. Libertad de asociación: previsto en el artículo 8.7 del Texto Constitucional, este derecho sienta las bases para la asociación de individuos con fines económicos, lo que presupone la prerrogativa de constituir sociedades con fines lícitos y de producción económica.1.2. Libertad de trabajo: normada a favor de los trabajadores manuales o intelectuales, en el artículo 8.11, envuelve la regulación por vía legislativa adjetiva, de las condiciones y forma de ejecución de los contratos de trabajo en la República Dominicana. Esta prerrogativa prevista por el artículo 8.11 de nuestra Carta Magna, incluye a su vez:1.2.1. Derecho a la organización sindical.1.2.2. Derecho a recibir del Estado, los útiles e instrumentos indispensables para que los trabajadores ejecuten su labor.1.2.3. Derecho a la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa.1.2.4. Derecho a la huelga.1.2.5. Derecho a la seguridad social.