Tribunal Constitucional defiende sentencia y advierte a comunidad internacional que no claudicará

TC defiende sentencia y advierte a comunidad internacional que no claudicará

 
 Por 
l.pena[@]hoy.com.do 
Por: El periódico Hoy
10:40 am

El Tribunal Constitucional advirtió hoy a la comunidad nacional e internacional  que no claudicará en su su compromiso de “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección a los derechos fundamentales”.

En conferencia de prensa, el TC rebatió todos y cada uno de los argumentos esgrimidos contra la sentencia 168-13, y exhortó a las autoridades responsables de ejecutar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales radicados en el país a adoptar todas las providencias necesarias para que el mismo se aplique con el más absoluto respeto de las prerrogativas del ser humano.

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+ Consultas en Materia Laboral (Administración de Colmados)

CONSULTORIO LABORAL

 
Por: El Periódico Hoy
carlos.hernandez[@]claro.net.do 
19 octubre, 2013 1:23 am
 

1. ¿Tiene derecho a prestaciones una persona que se le entrega la administración de un colmado a cambio de un porcentaje mensual de las ganancias, y que es cancelado por un faltante en el capital que recibió bajo inventario, es decir, por una mala administración?

Si se le “canceló” pura y simplemente, sin hacer las formalidades propias de un despido (entrega de carta con indicación de la falta grave; comunicación al MT en 48 horas, etc.) entonces esa “cancelación” es en realidad un desahucio, y en tal caso, hay que pagarle prestaciones laborales.

El hecho de que la retribución recibida por esa persona fuese un “porcentaje mensual de las ganancias”, no es excluyente de una relación laboral, es decir de un contrato de trabajo. El sólo hecho de que, se le “cancelara” al descubrirse un faltante, denota que en esa relación él era un empleado, pues si fuese un socio o un co-dueño, no se le hubiese podido desvincular a través de una “cancelación”.

2. Labore durante 6 años y medio en una empresa pequeña. De esto hace ya, dos años, y estoy laborando en otra empresa desde hace un año y medio, y hace una semana esta señora nuevamente me está llamando o me escribe diciendo que necesita que yo le mande mi carta de renuncia porque aun ella está pagando por mí en la TSS, y otras cosas más. ¿Es esto normal? ¿Que en realidad quiere esta persona plantear, porque es muy arisca y conflictiva?

No veo ningún inconveniente que enviarle la carta de renuncia que ella dice. Hágale ese favor y envíesela con la fecha en que usted renunció. Eso no le puede perjudicar. En cuanto a ella, esa carta no es necesaria para darle de baja en la TSS. Si es verdad lo que ella está diciendo, ha pagado cotizaciones de más, por un buen tiempo.

3. Tengo una empleada doméstica, que lleva ya un año trabajando en mi casa, y la misma salió embarazada y me gustaría saber cuáles son mis obligaciones frente este caso. Ella seguirá laborando con nosotros de manera regular

Ella puede seguir trabajando hasta que el embarazo se lo permita y cuando dé a luz, usted podría ayudarla, tanto con el costo del parto como con alguna retribución sustitutiva mientras no pueda prestarle servicios; pero no tiene usted ninguna obligación legal de hacerlo.

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+ Consultas en Materia Laboral (Enfermeras en Casa de Familia)

CONSULTORIO LABORAL

carlos.hernandez[@]claro.net.do 
29 octubre, 2013 2:00 am

 
1. Tengo dos preguntas que quisiera hacerle:

1) Sabemos que las domésticas no tienen prestaciones laborales. Pero una enfermera que presta servicios en una casa de familia, ¿entra en categoría de empleada doméstica?;
2) un empleado que trabaja en una empresa lejos de su casa y se le hace imposible almorzar en su casa y volver a trabajar en una hora, ¿la empresa está obligada a pagarle o a darle el almuerzo?
1. Tengo dos preguntas que quisiera hacerle:

El Art. 258 del CT dice: “Trabajadores domésticos son los que se dedican de modo exclusivo y en forma habitual y continua a labores de cocina, aseo, asistencia y demás, propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus parientes.”

Ese texto, tal y como está redactado, se presta a interpretaciones, pues podría aparecer cualquier abogado alegando que si la enfermera no es “de modo exclusivo” o diciendo que si su servicio no era “habitual y continuo” entonces se tipifica un contrato de trabajo “normal” (como si fuese con una empresa), y hay que pagarle prestaciones laborales y todos los demás derechos propios de un contrato de trabajo por tiempo indefinido.

Sin embargo, eso sería una interpretación muy restringida de la norma, y por demás impropia, si se está, por ejemplo, en el caso de una enfermera, contratada para atender a una persona mayor en estado dependiente, destinada a un hogar en donde no opera ningún negocio.

En un caso así (hay que ver cada caso en particular) no hay ni siquiera un contrato de trabajo, ni de domésticos ni de ningún otro tipo; sino que podría ser que se esté tipificando una contratación de servicios profesionales independientes, la cual no genera más obligación que la de pagar el monto acordado por el servicio convenido.

En fin, hay que ver cada caso en particular, pues dependiendo de la frecuencia del servicio prestado, de su exclusividad, etc., se podría estar en presencia de una contratación profesional e independiente (no laboral) o en una contratación de domésticos.

En cuanto a su segunda pregunta, el empleador no está obligado a pagarle o darle el almuerzo al empleado en razón de la lejanía entre su hogar y el lugar de trabajo.

Imagínese que eso fuese así: Más de la mitad del personal de labora en el DN proviene de la provincia Santo Domingo.

Envíe sus preguntas carlos.hernandez@claro.net.do

Por: El Periódico Hoy

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“Las farmacias violan la Constitución, al pedir datos de las enfermedades”

NOTICIAS|26 OCT 2013, 12:00 AM|1|POR SOCORRO ARIAS | DIARIO LIBRE

“Las farmacias violan la Constitución, al pedir datos de las enfermedades”

Nélsida Marmolejos pidió a dueños de farmacias respetar el derecho de pacientes

Nélsida Marmolejos

SANTO DOMINGO. La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social (DIDA) entiende que se viola la Constitución cuando en las farmacias se les pide a los pacientes revelar qué enfermedades padecen y por qué están siendo medicados.

Nélsida Marmolejos pidió que se respete el derecho de los pacientes, y se mostró de acuerdo con un proyecto de resolución que exige la prohibición a las ARS a solicitar datos confidenciales a los pacientes. “Eso atenta contra la privacidad de las personas, que tienen derecho a mantener bajo estricta confidencialidad personal sus dolencias”, expresó la funcionaria

Mientras que el presidente Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), José Manuel Vargas, reveló que las farmacias hacen preguntas confidenciales a los usuarios con el fin de evitar fraudes, y comprobar que la dispensación del medicamento coincida con el padecimiento de la persona.

La diputada Juana Vicente, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, manifestó la incomodidad que sienten los afiliados al irrespetar su confidencialidad, cuando al adquirir sus medicamentos se les pregunta el diagnóstico y el porqué de la prescripción médica.

A juicio de Vicente, “con esta resolución lo que buscamos es proteger al paciente y que se respete la intimidad del mismo.”

Los representantes de ambas instituciones quedaron de acuerdo con lo planteado en ese proyecto de resolución.

En la actividad, además de Vicente y Vargas, estuvieron presentes Marlen Desirée Berroa, encargada del Departamento Jurídico de la DIDA; Carlos Tomás Fernández, analista de Comunicaciones de la DIDA y Nélsida Marmolejos, titular de la DIDA.

Asimismo, los diputados Juan Quiñones, Mario Hidalgo, Fabio Vargas, Franklin Peña, Frank A. Soto, proponente de dicha resolución, entre otros.

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Abel Martínez dice sentencia del Tribunal Constitucional es legítima

NOTICIAS|22 OCT 2013, 12:46 PM|2|POR SOCORRO ARIAS, REDACTORA SENIOR

GUARDADO EN:SENTENCIA, ABEL, DIPUTADOS, CONSTITUCIONAL, HAITIANOS

Abel Martínez dice sentencia del Tribunal Constitucional es legítima

Dice que Haití debe respetar los términos de nuestro Tratado Migratorio

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional, que fija los criterios de nacionalidad en el país, es legítima y una decisión soberana del Estado Dominicano. 

Martínez entiende que la diplomacia haitiana, lejos de estimular sanciones contra la República Dominicana, debe respetar los términos de nuestro Tratado Migratorio llamado Modus Operan di, cuyos términos violados inmisericordemente, por el estado haitiano, por su indolente indiferencia en la documentación de sus ciudadanos, tanto dentro como fuera de Haití.

“Lo que se pretende es que en violación al Tratado la República Dominicana pague las secuelas de su irresponsabilidad, que se extiende también a la total permisividad a favor del tráfico de personas y a los riesgos de sus ciudadanos en su comprensivo afán de escapar de un Estado que no ha sido capaz de garantizarles siquiera su identidad, mucho menos su subsistencia”, agregó.

Para el legislador, sectores de interés alojados en ONGs que usufructúan el drama haitiano gracias a financiamiento internacional, encabezan un movimiento sedicioso que lejos de discrepar de las disposiciones de una sentencia, pretenden colocar las instituciones del país en una crisis constitucional de peligrosas secuelas sociales y políticas, queriendo herir de este modo la democracia.

“Respetando el derecho de un reducido grupo de interés a disentir de la sentencia, el pueblo dominicano debe expresarse y consolidarse en una monolítica unidad, no sólo en torno al respaldo absoluto al Tribunal Constitucional que ha actuado conforme a nuestro orden legal, sino para acompañar a todo el Estado en la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros”, expresó.

El titular de la Cámara de Diputados explicó que este es el modo que ha dispuesto el legislador en el Artículo. 151 de la Ley 285-04 para atender, en el marco de nuestras leyes, el drama humano que todos reconocemos y con el que todos estamos comprometidos en resolver, en lo que concierne a extranjeros asentados en el registro civil.

El legislador por Santiago enfatizó que la República Dominicana no puede ceder su derecho a establecer una política migratoria y sus criterios sobre la nacionalidad y no lo haremos.

“Somos un pueblo hospitalario y una nación abierta; en nuestra conformación se mezclan diversidad de perfiles humanos en un solo y arraigado sentimiento: la dominicanidad.

Mas, no aceptamos ni permitimos imposiciones foráneas, que cuestionen y vulneren nuestra soberanía”, concluyó Martínez.

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No darán el papel de “buena conducta” a los multados por violar la ley de tránsito

NOTICIAS|22 OCT 2013, 12:00 AM|12|POR FEDERICO MÉNDEZ | diario libre

No darán el papel de “buena conducta” a los multados por violar la ley de tránsito

La Procuraduría busca frenar la reiterada violación a la Ley 241

SANTO DOMINGO. A partir del primero de noviembre, las personas que estén multadas por violación a la Ley 241 sobre Tránsito, y no hayan resuelto ese asunto, no podrán obtener una certificación de no antecedentes penales.

La advertencia fue hecha por la Procuraduría General de la República, que argumentó que las violaciones de tránsito son cada día más comunes y reiterativas por personas que conducen vehículos por calles y avenidas.

La procuradora general adjunta, Maura Martínez, quien es secretaria general del Ministerio Público, explicó que en noviembre, la Procuraduría iniciará un plan piloto a los fines de incorporar a los servicios de atención al cliente la nómina de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet).

La ejecución de las multas estará bajo control de la Procuraduría, que velará por su cumplimiento. Expuso que la situación no significa que una persona tenga que automáticamente pagar lo que Amet diga, sino que se buscará la cantidad de actas, a fin de resolver la situación.

Afirmó que cuando a una persona le ponen una contravención por violar las normas sobre la materia, no hay consecuencias.

“Entonces, aquí queda demostrado que realmente hace falta la pena para que la persona de una u otra manera se vea compelida a cumplir, y es justamente el deseo del Procurador, de aportar su granito de arena, a fin de ver como se regulariza un poco el tránsito y, al mismo tiempo, respetando las leyes de tránsito, también se salvan vidas”.

Explicó el procedimiento que se va a seguir con las personas que acudan a los centros de atención al ciudadano de la Procuraduría.

“No es que van a ser un antecedente penal las contravenciones, es una herramienta totalmente aparte, pero que aparte de los antecedentes penales también se le va a consultar, y si tienes algo pendiente con la Amet, no se le van a dar los servicios que normalmente se dan en el centro de atención al ciudadano”.

Martínez comentó que el objetivo es que la persona regularice cualquier situación derivada de la imposición de multas de tránsito. “El objetivo es que las personas respeten las leyes de tránsito, respeten la luz de los semáforos, las líneas, que no se parqueen mal, ése es el sentir”.

Exhortó a quienes tienen pendientes casos de multas con la Amet, que no esperen el primero de noviembre para regularizar su situación. “No espere que usted tenga la emergencia de sacar uno de estos servicios, y entonces se encuentre que tiene eso también pendiente”.

 
 

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Juristas inician prevención contra falsificación del estado civil

Juristas inician prevención contra falsificación del estado civil

 

SANTO DOMINGO.-Un grupo de juristas solicitó ayer en la tarde a la Junta Central Electoral (JCE) informaciones de toda la investigación realizada por esa institución relativa a vulneración de los libros de actas del estado civil y sobre sometimientos judiciales que haya realizado por esa causa en contra de funcionarios, empleados, particulares o instituciones.
    
Los juristas hicieron la petición mediante un documento que entregaron al presidente de la JCE, Roberto Rosario, el cual tramitaron también a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.

En la solicitud señalan que con las informaciones que reciban ejercerán de manera colectiva los requerimientos y/o denuncias ante las autoridades judiciales correspondientes, a fin de que sean investigados, perseguidos y sometidos a la justicia quienes resulten vinculados con la falsificación de libros, actas y documentos de identidad.

La comisión que visitó la JCE está compuesta por los abogados Ramón Andrés Blanco Fernández, Juan Miguel Castillo Pantaleón, César Alcántara, Cristina Aguiar, René Pérez y Tirso Sepulveda.

Al ser preguntados por esa solicitud el presidente de la JCE dijo que la canalizará al pleno para que sea conocida en la próxima sesión

 
Por: La Información 
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Tribunal Constitucional quita autonomía a los distritos municipales

Dice TC quita autonomía a los distritos municipales

 

 
Por 
j.ramirez[@]hoy.com.do 
3:00 am

El Tribunal Constitucional (TC) dejó sin autonomía a los 232 distritos municipales que existen en el país, con la sentencia 152-13, emitida el pasado 12 de septiembre, que habían adquirido a través de la Ley 176-07 y la Constitución del año 2010.


En visita a este diario, Jáquez explicó que el fallo del TC determinó que la autonomía de las juntas municipales es presupuestaria, no normativa, por tanto sus decisiones tienen que ser aprobadas por el Concejo de Regidores del municipio.
La advertencia la hizo el experto en derecho constitucional Plutarco Jáquez, secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste (ASDO), quien definió la sentencia como un retroceso y una “contra reforma municipal”.

El TC tomó la decisión ante un conflicto entre el distrito municipal de Verón y el ayuntamiento municipal de Higüey, por un asunto de competencia en el que el primero se disponía a establecer una oficina de Planeamiento Urbano con la finalidad de elaborar su normativa.

Lamenta que el TC se coloque de espaldas a la Ley 176-07 que en su artículo 82 coloca a los distritos municipales y municipios prácticamente en igualdad de condiciones, en cuanto a funciones y atribuciones.

Señala que los artículos 199 y 201 de la Constitución, que crea y establece los municipios, indican que los distritos municipales tienen autonomía presupuestaria administrativa y normativa, por lo que la sentencia viola la Carta Magna. El 100 dice que la Junta Municipal constituye el gobierno local de su territorio y el 201 que tienen autonomía presupuestaria y normativa.

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Presidente Tribunal Constitucional afirma Constitución garantiza libertad religiosa

Presidente TC afirma Constitución garantiza libertad religiosa

El doctor Milton Ray Guevara aboga por Ley de igualdad

Nelson Peralta | ACTUALIZADO 15.10.2013 – 9:46 pm | La Información 

 SANTIAGO.-El presidente del Tribunal Constitucional dijo que la libertad religiosa goza en República Dominicana de jerarquía constitucional y  que tanto los tribunales como los demás órganos del Estado están en la irrenunciable obligación de garantizarla.

El doctor Milton Ray Guevara dijo que a pesar de que la Constitución de 2010 no contiene una regulación mínima del contenido de estas libertades, ni se refiere de manera específica a la libertad religiosa, es reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Abogó  para que en República Dominicana se establezca una ley de igualdad que garantice derechos a todos los grupos religiosos como  dijo sucede en España, Perú, Chile y Colombia, que cuentan con disposiciones legales que regulan el ejercicio de este derecho, relativo al registro de las entidades religiosas.

Hablando en el marco de la Conferencia sobre La Religión y Los Derechos Humanos, que se desarrolló en Utah, con los auspicios de la Universidad Brigham Young, el doctor Ray Guevara dijo ser partidario de la posibilidad de celebrar acuerdos de cooperación con distintas confesiones religiosas y propiciar la existencia de un núcleo de obligaciones básicas que el Estado respete  para que estas  ejerzan  su ministerio de manera activa y libre.

El magistrado Ray Guevara trató el tema Cómo las Cortes Manejan las Tensiones entre las Religiones y Otros Derechos Humanos, en el que dice entender que la Constitución de 2010 deja en libertad de los ciudadanos escoger a conciencia el culto religioso que mejor convenga a sus propias convicciones.

Sin embargo, estima que eso no implica que República Dominicana haya sido indiferente al fenómeno religioso y a las consecuencias que se derivan del mismo, citando el informe emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2012 sobre libertad religiosa en el país destacando la tendencia del gobierno de respetar la libertad religiosa, resaltando la inexistencia de reportes de abusos en detrimento de este derecho.

El presidente de la alta corte considera que a pesar de que el país cuenta con leyes que tocan aspectos atientes a la religión y sus implicaciones en la sociedad, tales como la Ley No. 44-00 que establece la lectura e instrucción bíblica en las escuelas públicas y el  Código de Niños, Niñas y Adolescentes, promulgado mediante Ley 136-03.

Aclaró, empero, que el país carece de una ley especial, por medio de la cual las entidades de carácter cristiano y religioso puedan  constituirse y desarrollar sus actividades  sin  tener que apegarse a  la Ley 122-05  que  regula  y fomenta las asociaciones sin fines de lucro en República Dominicana.

“Consideramos lamentable que a la fecha el país no cuente con una ley especial para su constitución y desarrollo de sus actividades, situación que había advertido con anterioridad, calificándola como inaceptable en pleno Siglo XXI.” Añadió el Magistrado Ray Guevara.
    
El presidente del TC participó junto al doctor Nelson Reyes Ureña, Director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales en la celebración del  XX  Simposio Internacional de Derecho y Religión, auspiciado por el Centro Internacional de Estudios en Derecho y Religión de la Universidad de Brigham Young (BYU), en Utah, Estados Unidos.

En otro aspecto, el doctor Ray Guevara dijo ser partidario de una modificación al artículo 201 del Código Penal que sanciona y obstaculiza el libre ejercicio de los cultos en el país, al tiempo que  debe ser analizado a la luz de las disposiciones constitucionales vigentes. Considera que de esa evaluación debe salir la abolición de aquellas medidas contrarias a la Constitución, además por tratarse  de un Código que, a pesar de sus múltiples modificaciones, encuentra su base en el año 1884.

 

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Jorge Prats ve inconcebible sentencia Tribunal Constitucional

Jorge Prats ve inconcebible sentencia TC

 

Pedro Guzmán Badía | ACTUALIZADO 15.10.2013 – 10:14 pm | la Informacion

SANTO DOMINGO.-El especialista en Derecho Constitucional, Eduardo Jorge Prats, manifestó que es inconcebible que se quiera resolver  el problema migratorio mediante una sentencia  que vulnera y maltrata los principios de interpretación constitucional. 
    
Aclara que el estatus migratorio de los padres  no puede significar un despojo de nacionalidad de los hijos, puesto que la ilegalidad no se transfiere.
 
“Nadie dice que el Estado dominicano no deba sancionar a todos los militares que  diariamente trafican ilícitamente con personas a través de la frontera del país; o que no deba invertir fondos  para tener una guardia fronteriza;  o que todos los días deban repatriar individualmente, caso por caso,  todos aquellos extranjeros que no habiendo nacido en territorio dominicano están en una situación de ilegalidad”, agregó. 
    
Sostuvo que nadie se opone a que se promuevan  fiscalmente  las empresas  fronterizas. De hecho, acotó, que si hay algo que caracteriza al nacionalismo como corriente ideológica en nuestro país es el apoyo al desarrollo fronterizo, desde Américo Lugo hasta Trujillo. “Todos los nacionalistas hemos apostado por el desarrollo de la frontera, pues cómo puede haber control migratorio  o nacionalización de la frontera  si no hay una promoción de esa zona”. 

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