Verifica si tienes multas con AMET

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Invitamos a los ciudadanos que tienen actas comprobatorias de infracciones (contravenciones) pendientes en la AMET, a chequear con su número de cedula de identidad y electoral, su estatus, y así cumplir con el artículo 355 del código procesal penal., dichas actas están amparadas en virtud de los artículos 236 y 237 de la Ley 241-67 de tránsito de vehículo de motor.

Favor Ingresar el Numero de Cedula Para la Consulta

+ Consultas en Materia Laboral (Hora Extras)

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por EL PERIODICO HOY
14 Septiembre 2009, 11:47
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. En caso de que un trabajador haga una demanda contra su empleador reclamando el pago de horas extras, ¿a quién le corresponde probar que dichas horas fueron trabajadas?
Tradicionalmente, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha juzgado que “el trabajador que reclama el pago de horas que excedan de la jornada legal […] está obligado […] de acuerdo con las reglas de la prueba, a establecer con exactitud el número de horas trabajadas” (SCJ 5 Nov. 1957, B. J. 568, Pág. 2259), y que “para que el empleador se obligue a pagar horas extraordinarias reclamadas por un trabajador es menester que éste demuestre haber laborado en jornadas extraordinarias de trabajo(3° SCJ 10 Nov. 2004, B. J. 1128, Pág. 702).
La Suprema Corte estableció también mediante una jurisprudencia muy constante que “los jueces […] deben comprobar en forma precisa el número de horas que exceden de la jornada normal” (SCJ 3 Jun. 1954, B. J. 527, Pág. 1020; SCJ 23 May. 1983, B. J. 870, Pág. 1375; SCJ 10 Abr. 1985, B. J. 893, Pág. 853; 29 May. 1987, B. J. 918, Pág. 956; 3°SCJ 24 Jun. 1998, B. J. 1051, Pág. 555).
Sin embargo, recientemente la jurisprudencia estableció el siguiente criterio: “Por mandato del artículo 16 del Código de Trabajo […] el trabajador que reclame el pago de horas extraordinarias laboradas está eximido de demostrar las mismas, hasta tanto el empleador presente el cartel y el registro de horarios” (3°SCJ 19 Dic. 2007, B. J. 1165, Pág. 934)
No compartimos ese nuevo criterio de la jurisprudencia debido a que el mismo se sustenta en una obligación de registro de un cartel de horario que en la actualidad ninguna empresa mantiene pues ni siquiera lo está exigiendo la SET. Desde 1993 la SET descontinuó formalmente ese cartel de horario.
A esto se añade, que aún en el supuesto de que ese cartel de horario se estuviera llevando, el mismo sólo es necesario presentarlo en los meses en que se produzcan horas extras. Esto quiere decir que el trabajador tendría de primero que probar que él prestó servicios extraordinarios y luego entonces el empleador tendría que probar que registró las horas extras mediante el cartel de horario.
Ese cartel de horario cayó en desuso y dejó de exigirse formalmente a partir del 1993 debido a que en la realidad era un cartel inviable y desfasado para estos tiempos.

El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes meses sin luz y sin planta electrica

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Da pena que el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, tenga meses pasando por las mismas quejas de la mayoría de los ciudadanos dominicanos; la falta de luz pero con el agravante de que no tienen una planta eléctrica, lo que no permite trabajar, ni adecuarse a la modernidad, que usted no pueda tener comunicación porque la central telefónica no funciona porque no hay luz, que tenga meses esperando por una sentencia y no salga porque no hay forma de prender una computadora. Este país cada día da más pena.

Modificarán 79 artículos al Código Procesal Penal

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

10 Septiembre 2009
Modificarán 79 artículos al Código Procesal Penal

El presidente de la comisión de justicia, Víctor Suárez, depositó el proyecto

SANTO DOMINGO. El ante proyecto de ley que busca modificar 79 artículos del Código Procesal Penal (CPP), que ha sido discutido por mas de un año por diferentes actores del sistema y analizado y sancionado por el pleno de la Comisión Nacional de Ejecución del Código Procesal Penal (CONAEJ), será aprobado por la Cámara de Diputados.Así lo afirmó el presidente de la comisión de Justicia de ese organismo, Víctor Suárez, quien considera altamente necesaria e inminente su sanción en el Congreso, al ser apoderada la cámara baja de la iniciativa.El legislador explicó que la iniciativa no había sido depositada, para no distraer los trabajos de la Reforma Constitucional.Suárez explicó esta reforma al CPP busca fortalecer la eficacia de la persecución penal para contribuir a la erradicación de la cultura de la impunidad que prevalece en nuestra sociedad. También se busca modificar viejas prácticas de muchos de los actores del sistema de administración de justicia penal. “Este proyecto de reforma busca estimular contundentemente el proceso de cambios que exige nuestra sociedad en la dinámica de la investigación, la persecución penal y el juicio”, agregó el presidente de la comisión.El diputado por Santiago se refirió a lo relativo a los plazos para ejercer derechos, acciones y recursos para arribar a una decisión en el proceso penal para el fortaleciendo el derecho de las víctimas y tomar en cuenta a la hora de fijar medidas de coerción el arraigo de las personas acusadas, las acusaciones por otros procesos que pesen en su contra u otras investigaciones en las cuales figure como posible autor o cómplices. Otro aspectoOtro aspecto que se toca en el proyecto de modificación del Código Procesal Penal es definir el ámbito de la funciones del juez de la ejecución de la pena y, definir una serie de medidas que permitan reducir los niveles de impunidad como consecuencia de los hechos ilícitos, garantizando el debido proceso y el régimen de libertades individuales. La iniciativa fue depositada por el presidente de la comisión de Justicia y será el pleno que decida si lo envía a una comisión especial.
De Socorro Arias / Redactora Senior

Novedades Legislativas

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Novedades

Prueba de ADN.- Filiación. Casos de no exclusión de paternindad.- Cuando la prueba de ADN expresa un grado de certeza racional mínima de 99.73%, este porcetanje corresponde a una paternidad prácticamente probada y le confiere a la prueba un carácter autonómo y absoluto.

Prescripción de la Acción Penal. Alegato de prescripción. La prescripción de la acción penal sólo tiene aplicación cuando el proceso ha discurrido sin incidentes por parte del imputado.

Fiscal pide prudencia en reforma del CPP

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por DIARIO LIBRE
04 Septiembre 2009
Fiscal pide prudencia en reforma del CPP

SANTO DOMINGO. El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, advirtió tener mucho cuidado y prudencia a la hora de embarcarse en la reforma del Código Procesal Penal.”Entiendo que debe tratarse la reforma, pero en aspecto que no varíe el espíritu del Código, porque desde nuestro punto de vista el Código ha dado respuesta a los problemas de la Justicia penal”.Moscoso Segarra dijo que puede demostrar la efectividad del CPP en la prontitud de los procesos, solución en los casos que llevan a los tribunales en más de un 96%.Plantea que quizás debe ser tocado el tema de la flagrancia.Sin embargo, dice que deben obviarse algunos procesos, como la audiencia preliminar, ampliar algunos plazos para facilitar la investigación, tanto del Ministerio Público, la Policía como la Dirección Nacional de Control de Drogas.En cuanto al menor implicado en el asesinato de la ejecutiva bancaria Kaisha Patricia Requena Grullón, dijo que éste debe mantenerse en prisión. El crimen ocurrió cuando dos asaltantes intentaron atracar a la ejecutiva en el momento en que se desmontaba de su vehículo en su residencia del ensanche El Millón.
De Federico Méndez / Redactor Senior

Respaldan posición de juez Rafael Ciprián

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

03 Septiembre 2009
Respaldan posición de juez Rafael Ciprián

SANTO DOMINGO. El jurista Eduardo Jorge Prats coincide con a la posición del juez del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, Rafael Ciprián, quien afirmó que más del 90% de los jueces del país apoya la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales.”Ello se debe fundamentalmente a que los jueces de paz, de primera instancia y de apelación no están satisfechos con la precaria jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia que apenas le sirve de guía para sus fallos”.Jorge Prats sostiene que la SCJ ignora los avances jurisprudenciales de las cortes de Apelación, en materia constitucional, con erráticas sentencias que echan por el suelo el bloque de constitucionalidad y que desprecian las más elementales normas del debido proceso constitucional tal como el derecho a recurrir y a no ser juzgado dos veces por una misma causa. “En el fondo, hay una rebelión de las cortes ante este desprecio hacia la Constitución de la Suprema Corte que es una verdadera contrarreforma, peor que la que gestan los partidarios del populismo penal”. Ayer, el procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, ratificó ayer su respaldo a la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales, independiente de la Suprema Corte de Justicia.Argumentó que en los países en que funciona la jurisdicción constitucional son órganos de control político del Estado. “Cuando tú le das facultad de tener potestades que involucra a lo político, lo está contaminando precisamente con la política, y al Poder Judicial hay que mantenerlo al margen de toda actividad o de todo tipo de contaminación”. Entre los países donde funciona con éxito, citó a Colombia, Guatemala, Ecuador, Venezuela, Perú, comparado como un ejemplo para América Latina, así como en Europa.
De Federico Méndez / Redactor Senior

Juez Ciprián: "El 90% jueces quiere Sala Constitucional"Califica de error la posición de Subero Isa en contra de la Sala

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

02 Septiembre 2009, 12:05 AM
Juez Ciprián: “El 90% jueces quiere Sala Constitucional”Califica de error la posición de Subero Isa en contra de la Sala

El juez del Tribunal Superior de Tierras, Rafael Ciprián.
SANTO DOMINGO. En una carta donde formula serias críticas al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el juez del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, Rafael Ciprián, afirmó que más del 90% de los jueces del país apoya la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales.Sin embargo, dijo que los magistrados no se pronuncian por miedo a las persecuciones, marginaciones y atropellos “que muchos hemos sufrido en la Judicatura, y por temor a la destitución del cargo de Juez”.”Conforme a una encuesta informal que hicimos, más del 90% de los jueces apoya el Tribunal Constitucional”, recalcó. En la carta, dirigida al presidente de SCJ, Jorge Subero Isa, y los demás magistrados del máximo tribunal, comenta que el Tribunal Constitucional salvará a la SCJ de los escándalos que le ocasionan los asuntos constitucionales, fallados y pendientes de solución. “El Tribunal Constitucional, como verdadero guardián de la Carta Magna y los derechos fundamentales, fortalecerá la institucionalidad, la seguridad jurídica y el orden”, aseguró.El magistrado sostiene que comprende el sentir de Subero Isa y sus motivaciones al defender una posición que la comunidad jurídica consciente rechaza y que perjudica al pueblo. Se declaró como un ferviente defensor de la creación de la jurisdicción constitucional, con la condición de que ésta sea independiente y especializada.Planteó que para justificar la acérrima oposición al establecimiento de la jurisdicción constitucional, Subero Isa, como vocero del Pleno de la SCJ, en diversas ocasiones declaró “que los que apoyamos la creación del Tribunal Constitucional lo hacemos, en síntesis, para revisar y anular las sentencias de extradición y las que condenaron a los banqueros”.También para desmembrar a la SCJ.”Según esos criterios, somos defensores de la criminalidad y de la desinstitucionalidad. Nada más falso y peligroso. Lástima que el debate descienda a esos graves niveles”, dice en su carta el juez Ciprián.Manifiesta que “si deseamos desmembrar a la SCJ, somos enemigos de la institucionalidad, la seguridad jurídica y el orden. Otra equivocación”.Comenta que tal y como ha ocurrido en otros países, esa instancia judicial fortalecerá la institucionalidad, la seguridad jurídica y el orden. “Si pretendemos revocar sentencias de extradición, entonces apoyamos al narcotráfico y otros horrendos crímenes presuntamente cometidos en Estados Unidos de América (EUA)”, acotó. Es la segunda crítica formal del magistrado del Tribunal Superior de Tierras. En diciembre del 2008 definió como un “golpe mortal” para las garantías constitucionales la sentencia de la SCJ que declaró inadmisibles las instancias de inconstitucionalidad sometidas por el PRD y el Foro Social Alternativo contra un contrato del Gobierno con la empresa Sun Land Dominicana.
De Federico Méndez / Redactor Senior

+ Consultas en Materia Laboral (irrenunciabilidad)

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por el PERIODICO HOY
1 Septiembre 2009, 12:18 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Al leer su opinión sobre la renuncia de derechos, me llamó la atención su parecer. Usted basa la razón del empleador en que se impone el principio de la buena fe sobre el de la irrenunciabilidad. Creo que aquí se presenta una duda, y si la hay debería aplicarse el principio que favorece al trabajador, el de irrenunciabilidad de derechos. Yo creía que cuando un contrato termina sin responsabilidad para las partes como es el caso del mutuo acuerdo, subsisten obligaciones como el pago de regalía pascual, vacaciones y bonificaciones. El hecho de firmar un documento renunciando a derechos que le corresponde al trabajador es nulo de pleno derecho pues se contradice con el principio de irrenunciabilidad de derechos. Es una opinión y consulta a la vez y me gustaría saber lo que usted piensa al respecto.
En ese tema de irrenunciabilidad de derechos versus el principio de buena fe, comparto plenamente el criterio de la jurisprudencia de la Suprema Corte, que ha sabido fijar límites evitando abusos de parte y parte.
Por ejemplo, cuando un trabajador toma un préstamo poniendo en garantía las prestaciones, la jurisprudencia estableció que no era lícito escudarse en el principio de la irrenunciabilidad de derechos para negarse al descuento del préstamo, cuando antes lo había consentido, por ser contrario al principio de la buena fe (3° SCJ 21 Feb. 2001, B. J. 1083, Pág. 685).
En cuanto a los recibos de descargo, la jurisprudencia ha dicho reiteradamente que el recibo de descargo después de finalizado contrato sin formular reservas de reclamar derechos adicionales cierra paso al trabajador a formular otra reclamación (3°SCJ 13 Sep. 2006, B. J. 1150, Pág. 3744). Y esto otro: Si recibo de descargo es expedido por un concepto específico sin el trabajador expresar renuncia de los demás derechos, no le impide reclamar derechos no incluidos en el pago (3°SCJ 14 Feb. 2007, B. J. 1155, Pág. 1299).
Estas dos jurisprudencias parecen contradecirse pero no es así. La primera le dice al trabajador: “Lea bien antes de firmar, pues si firmó sin reservas ya no podrá reclamar”. La segunda le dice al empleador: “Redacte bien el descargo y abárquelo todo, para luego no lamentarse”.
Un principio legal no puede servir para firmar un descargo y luego objetar lo que usted mismo firmó. Ahí no hay duda; lo que hay es mala fe y abuso de derechos.