+ Consultas en Materia Laboral (trabajo doméstico y la seguridad social)

Publicado por el Periódico Hoy

26 Diciembre 2011, 11:28

CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

Siempre sigo su columna y vi su respuesta sobre los trabajadores domésticos. Esa ciertamente fue la visión del CT de nuestra jurisprudencia. Ahora, le invito a que lo enfoque desde la perspectiva constitucional, según la sentencia de la 2ª Sala del Juzgado de Trabajo de la Provincia Santo Domingo, No. 471 del 30 de diciembre 2010, que tiene una visión distinta. Espero sus comentarios y criticas.

He visto la sentencia, y observo que condena a daños-y-perjuicios a una pareja de esposos que contrataron a unos servidores domésticos (jardineros) para limpiar el patio de la casa, y lo hace en base al artículo 60 de la Constitución que dispone como garantía y derecho fundamental que “toda persona tiene derecho a la seguridad social”.

Lo que ocurre es que la Constitución dispone que la vinculación y efectividad de los derechos fundamentales dependerá de “los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley” (artículo 68), y la Ley 87-01 que crea el sistema dominicano de seguridad social, se rige, entre otros, por el principio de gradualidad, según el cual “la seguridad social se desarrolla en forma progresiva y constante con el objeto de amparar a toda la población”, y por el principio de equilibrio financiero, que tiene por fin “asegurar la sostenibilidad del sistema”.

Las leyes de seguridad social -en todas partes del mundo- se ejecutan gradualmente, en períodos que pueden llegar hasta 10 y 15 años, postergándose la cobertura, sea de riesgos o sea de sectores de la población, y eso se debe al impacto económico que pueden representar las cargas sociales.

Por eso, el legislador facultó al CNSS para “adoptar las medidas necesarias, en el marco de la presente ley […] para preservar el equilibrio del sistema” (artículo 22 R, Ley 87-01), e incluso lo facultó para “programar, en forma gradual y progresiva, la puesta en marcha de las prestaciones hasta alcanzar su vigencia total”, pudiendo “racionar las prestaciones” (artículo 140, párrafo III, Ley 87-01).

Nótese que las autoridades del sistema han dicho en la prensa, que en su momento se extenderá la protección a los domésticos y que todavía no hay obligación de afiliarlos. Siendo así, no es correcto ni justo condenar a daños-y-perjuicios a quien emplee domésticos y no los afilie a la seguridad social, pues es de principio que nadie puede ser obligado a lo que las leyes vigentes no obligan (principio de razonabilidad, articulo 74.2 de la Constitución).

CNM elige Jueces del Tribunal Constitucional

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Publicado por Listín Diario
La República 22 Diciembre 2011
 
CNM elige a Milton Ray Guevara en el Constitucional

  • HERMÓGENES B. ACOSTA
 Adriana Peguero
Santo Domingo
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió anoche a Milton Ray Guevara presidente del Tribunal Constitucional (TC), luego de agotar una sesión que se prolongó por más de cinco horas.
El doctor César Pina Toribio, quien sirvió de vocero, informó que fueron seleccionados como miembros los juristas Víctor Gómez Bergés; Leyda Margarita Piña, primer suplente del presidente; Idelfonso Reyes y Jottin Cury David, para un período de seis años.
Detalló que el CNM también escogió para ese tribunal a Hermógenes Acosta, Ana Isabel Bonilla, Wilson Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez, para un período de nueve años.
Precisó que los juristas Milton Ray Guevara, Víctor Joaquín Castellanos; Lino Vásquez Samuel, segundo suplente del presidente, Justo Pedro Castellanos y Rafael Díaz Filpo, fueron escogidos para un período de 12 años.
La sesión se inició a las 8:45 de la noche y terminó a la 1:20 de la madrugada. En las primeras horas de sesión todo parecía calmado, pero luego de las 11:27 de la noche hubo cierto movimiento.
Jorge Subero Isa salió del salón a esa hora y César Pina Toribio llegó hasta la puerta del salón del consejo que se encuentra en el segundo nivel de la Casa de Gobierno.
Sin embargo, a las 12:26 Subero Isa salió de nuevo del salón, seguido de César Pina Toribio y se dirigieron por el área del lobby del Palacio Nacional.
Los reporteros fijaron la atención tanto hacia Pina como a Subero, quienes regresaron a las 12:44 el primero, y a las 12:49 el segundo.
Las vistas públicasPara la escogencia de los jueces de las altas cortes, el CNM examinó 272 candidatos, de 281 que inicialmente se inscribieron, proceso en el cual agotaron 100 horas de trabajo a lo largo de cuatro meses.
Las jornadas fueron celebradas en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional y transmitidas al país a través de una cadena de medios electrónicos, encabezada por CERTV.

Nuevos jueces Electos a la Suprema Corte de Justicia

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Nuevos jueces Electos a la Suprema Corte de Justicia

MARIANO GERMÁN
Ex procurador, 40 años como abogado

Se graduó de doctor en derecho en la UASD en 1971. Tiene 40 años de ejercicio profesional como abogado. Es notario por el Distrito Nacional desde 1979. Fue procurador general de la República (1998-99). Entre sus publicaciones figuran Vías de Ejecución Tomo I, 1989 y Tomo II, 2002. También, La Responsabilidad Civil Dominicana. Ha sido profesor de Procedimiento Civil en la PUCMM.

CASTAÑOS GUZMÁN
Ex presidente de la JCE

Nació en Santo Domingo el 8 de abril de 1955. Fue presidente de la Junta Central Electoral. Es un estudioso del Derecho y escritor de temas MIRIAN GERMÁN Corte Apelación del DN Nació el 8 de diciembre de 1948 en la loma Las Liras, del paraje Jayabo, de Salcedo. Es presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación DN.

JOSÉ CRUCETA
Corte Civil La Vega

Es actualmente juez primer Sustituto de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la Vega.

ESTHER AGELÁN
Corte Apelación del DN

Ha laborado durante 14 años como jueza en diferentes instancias. Es actualmente jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del DN.

MARTHA GARCÍA
Niños y Adolescentes

Es la juez presidenta de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del departamento judicial de San Cristóbal.

MANUEL HERRERA
Corte Laboral SPM

Tiene 53 años de edad. Es el presidente de la Corte Laboral de San Pedro de Macorís. Estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

FRANCISCO JEREZ
Apelación La Vega

Juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega. Doctor en derecho en la UCE y postgrados en la PUCMM.

ROBERT PLACENCIA
Cámara Civil del DN

Es juez de la Segunda Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Con varios estudios de post grado.

HIROÍTO REYES
Apelación SD

Es juez de la Corte Penal de la Provincia de Santo Domingo, con maestría en Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

ALEJANDRO MOSCOSO
Fiscal del DN

Es el actual fiscal del Distrito Nacional y decano de derecho de la Universidad Apec. Fue Comisionado de Justicia.

FRANK SOTO
Procurador adjunto

Es el director nacional contra crímenes complejos de la Procuraduría, uno de los principales investigadores del Ministerio Público.

SARAH HENRÍQUEZ
Tribunal Administrativo

Jueza del Tribunal Superior Administrativo. Estudió derecho en la PUCMM. Ha realizado estudios en Intec, UNPHU y Apec.

DANIA RODRÍGUEZ
Segunda Sala SCJ

Nació el día 27 de febrero de 1942 en Santiago. Se graduó de doctora en Derecho en la UASD en el año 1966.

EDGAR HERNÁNDEZ
Segunda Sala SCJ

Nació el día 13 de marzo de 1948 en Santo Domingo. Fue director de prisiones y juez en varias instancias. Actual juez SCJ.

VÍCTOR CASTELLANOS
Segunda Sala SCJ

Nació el día 5 de septiembre de 1950 en Santiago. Ha ocupado varias posiciones. Es el actual secretario del Consejo Magistratura.

JORGE SUBERO (No aceptó)
Actual presidente JCE

Nació en San José de Ocoa, el 9 de marzo del año 1947. Fue juez de la JCE y es el actual presidente de la SCJ.

+ Consultas en Materia Laboral (Adopción)

Publicado por el Periódico HOY

20 Diciembre 2011, 12:05 AM
CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

Tengo una empleada que ha adoptado un niño haitiano y necesita días libres para estar con él bebé que dice ella que debe ir a una terapia. Simpatizamos con la situación, pero no vemos en el CT nada referente a licencias por adopción. Nos gustaría saber si en algunos de los nuevos tratados o en el código del menor existe algo que proteja al trabajador que adopta. Queremos ser justos ya que este sería el primer caso de esta naturaleza para nosotros y estaríamos sentando un precedente.

El Art. 46 del Código del Menor dispone que “adoptante y adoptado adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padres o madres e hijo o hija legítimos”, y de otra parte el Art. 43 del mismo Código establece: “Toda adopción debe estar precedida de una etapa de convivencia de los adoptantes con el adoptado(a) por un plazo establecido por la autoridad judicial competente, tomando en cuenta las peculiaridades de cada caso”.

Consecuencia de dichos textos legales y por interpretación combinada del Art. 236 del CT, nos parece que esa empleada podría acudir ante un tribunal (mediante recurso de amparo) y exigir que a ella y a su hijo adoptivo se le concedan los mismos derechos que la ley le confiere a un hijo legítimo naturalmente concebido. Por ende, sugiero acceder a su petición.

En cuanto a los beneficios de la seguridad social, supongo que a ella se le hará bien difícil con los seguros y las entidades gestoras de dichos seguros (pero ya eso es un problema de ella), pues seguramente se tratará del primer caso en que una madre-adoptante reclamará tales derechos. Lo más probable sea que la SISALRIL nunca haya bregado con un caso así (o al menos no está contemplado en el reglamento del subsidio de maternidad) y cuando eso sucede los funcionarios ponen bien difícil al usuario del servicio; pero como ya dije, eso ya es un asunto de ella, con el cual ella tendrá que lidiar, y a mi entender no es responsabilidad de la empresa, cuya responsabilidad se limita (a) reconocerle iguales derechos que a una empleada madre-biológica, y (b) colaborar con ella en su trámites ante la SISALRIL, llenando formularios y anexando documentos justificativos. En este caso el/los acta(s) de adopción equivaldrían al acta de nacimiento que siempre exige la SISALRIL, junto al formulario del subsidio de maternidad.

+ Consultas en Materia Laboral (varias)

Publicado por el Periódico HOY

12 Diciembre 2011, 10:44 PM

CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

1. Tengo una empleada que sólo tenía 4 meses de servicios y cotizando en la TSS, tuvo que ser operada y le dieron 40 días de licencia. ¿Cuáles son mis compromisos como empleador, pues el subsidio de enfermedad común sólo aplica para quienes tienen 12 meses cotizando?

Tal y como usted lo expresa, esa empleada no recibirá el subsidio por enfermedad de la seguridad social, pues el Art. 5 del reglamento del subsidio de enfermedad común (Res. 214-01 del 3 Ago. 2009 del CNSS) requiere que haya cotizado al menos 12 meses. Por tanto, no creo que valga la pena llenar y presentar el formulario de solicitud del subsidio.

Lo que restaría por hacer es comunicar al MT el estado de suspensión del contrato de trabajo por la causal prevista en el Ord. 6º del Art. 51 del CT.

En principio, hasta ahí llegan sus obligaciones pues conforme al Art. 50 del CT y a una abundante jurisprudencia, durante la suspensión del contrato de trabajo, el empleador no está obligado a pagar el salario convenido.

De todos modos –y si el sistema de seguridad social se lo permite (entiéndase el SUIR y/o la TSS)– le sugiero continuar cotizando a la TSS por esa empleada, pagando sólo la cotización equivalente al salario mínimo, pues esa empleada, lo mismo que sus afiliados dependientes podrían requerir servicios u otras prestaciones que ofrece el sistema de seguridad social, que no estén condicionadas a los citados 12 meses, como por ejemplo la cobertura parcial de una consulta médica de la empleada o la atención médica de un afiliado dependiente (un hijo). A largo plazo también, le impide acumular cotizaciones para acceder al subsidio de maternidad, que conforme al Art. 132 de la Ley 87-01 de Seguridad Social, requiere al menos 8 cotizaciones previas al alumbramiento.

Esto último es sólo una sugerencia puesto que ni la ley de seguridad social ni el CT imponen expresamente esa obligación, aunque a mi entender eso podría quedar definido por medio de una futura jurisprudencia, definiendo los alcances del Art. 50 del CT

2. Quisiera saber cómo debo de solicitar un permiso por enfermedad de un familiar o por alguna diligencia personal. Como debe de manejarse la empresa en caso de este tipo de permisos

Eso no está sujeto a una formalidad legal, sino a los requisitos internos que establezca la empresa. Véase el Art. 54 del CT sobre las licencias remuneradas.

El Código Procesal y las penas criminales

Publicado por Listin Diario

10 Diciembre 2011, 9:36 PM

El Código Procesal y las penas criminales

Sobre las drogas, hay que reservar las cárceles para los traficantes

Escrito por: TIRSO MEJÍA-RICART ( tmejiaricart@hotmail.com)

El extraordinario auge que tienen en el país la delincuencia y la criminalidad, ha movido a sectores nacionales, incluyendo nuestros legisladores, a impulsar un aumento en las penas de tales desafueros, de adultos y menores: estos últimos bajo el argumento de que “si cometen crímenes de adultos, como tales hay que condenarlos”.

Habiéndose superado la concepción antigua de castigo-venganza sobre el trato a los criminales del “Código Hammurabi” (ojo por ojo y diente por diente), solo quedan otros dos enfoques que aún rivalizan complementándose; la defensa social y el desarrollo humano.

La defensa o profilaxis social, que busca proteger a la sociedad del peligro que significa a un criminal suelto, con la posibilidad de repetir una y otra vez si un crimen queda impune o apenas sancionado.

El desarrollo humano, que favorece la reinserción social, mediante la rehabilitación física, moral y laboral del criminal, a través de la reeducación, el tratamiento de las adicciones y la cercana vigilancia de los ex convictos.

La imposición de penas de reclusión es solo uno de los muchos elementos que pueden tomarse en cuenta para la reducción de los crímenes, entre estos la educación de calidad, integridad familiar, profesionalidad, integridad moral y remuneración de los agentes del orden y la justicia; el desempleo, los antivalores prevalecientes, la ausencia de impunidad, etc.

El suponer que un niño o adolescente tienen madurez de juicio para comprender las implicaciones de un delito, solo porque los han cometido, no resiste el menor análisis.

Las penas máximas de 30 años, casi una vida útil, 10 años para un menor, es más que suficiente, sobre todo si se toman en cuenta las otras variables señaladas.

Sin embargo, se debe crear la posibilidad de agravar las penas para castigar a quienes desde la cárcel o como prófugos de la justicia, cometen u organizan actos criminales, para así ayudar a prevenir la impunidad.

No se trataría de un simple cúmulo de penas, sino de un agravamiento de penas en una proporción, de acuerdo a su gravedad, y suprimir las ejecuciones extrajudiciales, que son una vergüenza nacional.

Sobre las drogas, hay que reservar las cárceles para los traficantes y con eso reducir a la mitad los reclusos. Los adictos son enfermos y como tales hay que tratarlos.

A los menores infractores, no es cuestión de aumentarles las penas reducirles y establecerles coerción por un período posterior, para que identifiquen a los verdaderos criminales, que los utilizan como sicarios o los corrompen.

Es necesario que las penas mayores se reserven para los autores intelectuales, no para los sicarios, ya que éstos no pueden considerarse simples cómplices, como los tratan ahora.

El feminicidio, el infanticidio y los crímenes de policías y autoridades judiciales, deben considerarse crímenes agravados, porque son el producto de la superioridad física, militar y social de que son depositarios.

Además, parece poco lógico que un procedimiento que debe ser sencillo, como el de instrucción, se convierta en largo y complejo, porque después vienen tres instancias judiciales y una “revisión técnica” para juzgar los hechos.

Estos y otros elementos habría que tenerlos en cuenta en una verdadera revisión del Código Procesal Penal.

+ Consultas en Materia Laboral (Salario de Navidad y otros)

Publicado por el periódico HOY

5 Diciembre 2011, 9:56 PM

CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

Especialista en derecho laboral

1. Quisiera saber desde qué momento se tiene derecho al salario de Navidad, ¿desde que uno comienza a trabajar o partir de los tres meses de labores?

Un empleado tiene derecho a salario de Navidad desde que inicia la relación de trabajo, aunque haya laborado una semana o apenas varios días. Por ejemplo, si se le pagó RD$2,000.00 por haber laborado 1 semana, le corresponde RD$166.66, que es la duodécima parte de lo devengado en el año.

Los 3 meses de labores sólo aplica para el preaviso y el auxilio de cesantía, y 5 meses de labores para la compensación por vacaciones no disfrutadas.

2. Tengo una empleada que dio a luz mellizos hace un año y seis meses. Cuando se reportó el nacimiento a través de la TSS, el sistema lo puso como que fue un error reportar dos lactantes. Como empresa, le hemos enviado toda la documentación donde acredita que esa empleada dio a luz dos lactantes; nos hemos comunicado con la DIDA, SISALRIL y la TSS y la empleada aún no ha podido recibir el subsidio de lactancia porque nos dicen que fue un error del sistema y que están trabajando en eso. Lo que queremos saber es, aparte de esos organismos, ¿a dónde debe dirigirse la empleada para que le paguen lo que por ley le pertenece?.

Sugiero que la empleada (no la empresa) interponga un recurso de amparo por violación a derechos fundamentales de la seguridad social y de los menores de edad. Legalmente, la institución obligada a pagar ese subsidio es la SISALRIL, por tanto, es a ella a la que hay que poner en causa, y la jurisdicción competente –a mi juicio– es el Tribunal Superior Administrativo. Dado que se han dilatado tanto tiempo negándole ese derecho fundamental, sería oportuno interponer paralelamente una acción principal en responsabilidad civil, ante la misma jurisdicción.

El recurso de amparo procura un pago inmediato del subsidio impagado, pero con la acción principal le logrará una indemnización adicional.

3. Fui despedido de la compañía en febrero 2010 y no me dieron la bonificación correspondiente al 2009. Nuevamente estoy trabajando en la misma compañía, habiendo estado fuera de ella por un período aproximadamente de un año. ¿Tengo derecho a reclamar la bonificación del 2009?

Ya a usted se le venció el plazo para poder reclamar la bonificación del 2009, pues ha dejado transcurrir el plazo de un año, que es el mayor que tenía para reclamar.

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+ Consultas en Materia Laboral (Duración de un litigio laboral)

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Publicado por EL PERIODICO HOY

28 Noviembre 2011, 11:52 PM

CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

Especialista en derecho laboral

1. Si el patrono se niega por cualquier razón a pagar las prestaciones del trabajador y un abogado está trabajando en el caso, ¿cuánto tiempo es el límite para una situación de esta naturaleza? ¿Por cuántos meses o años se puede mantener un juicio abierto?

El tiempo que dura un pleito en los tribunales laborales dominicanos depende de muchos factores: (1) hay jueces y cortes más lentos que otros; (2) hay abogados que por desconocimiento del proceso provocan retrasos innecesarios, y hay abogados que por encomienda del cliente, utilizan la estrategia de darle largas al pleito; (3) hay pleitos que son complejos o grandes y ameritan más tiempo y medidas de instrucción para ser juzgados; y, por último, (4) hay procesos que se dilatan debido a que las propias partes no consiguen las pruebas que necesitan (certificaciones, testigos, etc.) en los momentos que quisieran, y necesariamente requieren prórrogas y reenvíos.

Con todo y eso, me parece a mí que los procesos laborales son los más rápidos y los que dilatan menos, si los comparamos con los procesos civiles o penales. Un pleito laboral “normal” (es decir, rutinario, no complejo) en el Distrito Nacional puede durar unos tres a cuatro meses en primer grado, de seis a ocho meses en apelación y 10 meses a 1 año en la Suprema Corte de Justicia, para una duración total que oscila entre los 18 meses y dos años.

Hay otros lugares, como es el caso de Higüey, en donde hay un solo juez para un montón de demandas diarias, en las que el proceso puede durar hasta dos años sólo en Primer Grado.
Eso que le he dicho es la práctica. Sin embargo, la ley prevé que los jueces fallen en plazos no mayores de 1 mes a partir de que el caso queda en estado de fallo; y prevé, además, que en primer grado sólo se celebren dos audiencias, una en apelación y otra en casación.

Pero esos plazos y condiciones no se pueden aplicar tajantemente, debido a las razones que ya dije, pero sobre todo debido a que la ley debe aplicarse, y el proceso conducirse, con equilibrio y sentido común.

Por ejemplo: Si el testigo clave que usted tenía previsto para una audiencia se enfermó, es prudente que el juez prorrogue la audiencia; lo mismo que si su contraparte deposita nuevos documentos que le cambian a su abogado toda la defensa que tenía
prevista.

http://www.hoy.com.do/consultorios/2011/11/28/403726/CONSULTORIO-LABORAL

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En esta nueva modalidad esperamos contar con el apoyo de todos.