Publicación española ¿Es legal grabar con el móvil en audio o vídeo a otra persona sin su consentimiento para recabar pruebas?

¿Es legal grabar con el móvil en audio o vídeo a otra persona sin su consentimiento para recabar pruebas?

En un juicio, como en una disputa de la vida, se trata de tu palabra contra la mía… salvo que una grabación demuestre lo contrario. Con un móvil en nuestro bolsillo, (casi) todos llevamos la posibilidad de grabar, en voz o en vídeo, a cualquiera, sea consciente o no de que lo estamos guardando para la posteridad. 

Pero, ¿es legal hacerlo? ¿Puede servirnos como prueba, especialmente si la otra persona no es consciente?

Vayamos por partes, porque como casi siempre en derecho, hay muchos matices que pueden definir cuándo es legal y cuándo no realizar una grabación y cuándo, pese a ser legal, puede no ser admitido como prueba.

Qué puedo y qué no puedo grabar

El abogado Felipe Fernando Mateo Buenoexplica que podemos grabar toda aquella conversación en la que seamos parte. Tanto en vídeo como solo en voz. No solo podemos, sino que desde el punto de vista del derecho es legal. Es decir, si tú y yo hablamos y yo te grabo, eso es legal. Aunque no te avise.

Felipe Fernando MateoFelipe Fernando Mateo, abogado 

Una de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, la 3585/2016 de hace dos años, así lo acredita. “La aportación al proceso de grabaciones de conversaciones particulares realizadas por uno de sus protagonistas no vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, pues este derecho no puede esgrimirse frente a los propios intervinientes en la conversación”.

Puedes grabar cualquier conversación en la que participes, pero eso no quiere decir que puedas revelar su contenido

Lo que no podemos hacer, salvo que tengamos autorización judicial para ello, es grabar conversaciones ajenas. Es decir, si tú hablas con una amiga y yo os grabo, eso es ilegal. 

Cabe señalar que solo un juez puede autorizar una grabación de una conversación ajena; de hecho “la policía cuando quiere grabar a gente a la que está investigando precisa autorización judicial; cuando se graba sin autorización judicial la prueba no sirve y además se puede cometer un delito”.

En este mismo sentido, la abogada Celsa Núñez de ICN Legal, recuerda que grabar sin autorización una conversación ajena “puede constituir un delito contra la intimidad, tipificado en el artículo 197.1 de nuestro Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de prisión a quien descubra los secretos o vulnerar la intimidad de otro”.

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Qué puedo y qué no hacer con estas grabaciones

En las últimas semanas está habiendo mucha polémica y revuelo por las grabaciones que se están dando a conocer del comisario Villarejo con diferentes personalidades públicas. Aunque este policía estaba en su derecho de grabar estas conversaciones, otra cosa bien distinta es darlas a conocer. Felipe Fernando Mateo explica que “si difundimos nuestra conversación, puedo incurrir en un delito de revelación de secretos previsto y penado en los artículos 197 y siguientes del código penal”.

Si difundes esa conversación, aunque sea legal, puedes incurrir en delito como revelación de secretos o ataque a la intimidad

De hecho, este abogado nos explica que estas grabaciones son legales, porque el comisario era parte de las mismas. “Lo que no es legal es la difusión posterior. Por eso Baltasar Garzón se ha querellado” contra los medios que han difundido estas conversaciones. 

No obstante, aclara que quien ha cometido un delito no es Villarejo, sino “quien haya difundido las grabaciones” aunque el comisario también “ha podido incurrir en responsabilidades penales, por haber difundido esas conversaciones, pero no por grabarlas”.

Sin embargo, cuando grabamos (bien solo en sonido o también con imágenes) una conversación de la que somos parte, dado que el derecho nos ampara, podemos aportarla como prueba en un procedimiento judicial. Dicha grabación es legal y, dado que si grabamos siendo parte de la conversación no cometemos delito, “no es necesario que informemos de que se va a grabar la conversación”.

¿Y si grabo la confesión?

¿Vale cualquier tipo de grabación? Realmente no. Imaginemos que alguien nos confiesa un delito y tenemos la conversación grabada. ¿Podríamos utilizarlo como prueba? Si la confesión es espontánea, sí. Si hemos preparado todo para que la otra persona acabe confesando su responsabilidad, no.

De hecho, en la sentencia 1066/2009 del Tribunal Supremo, se absuelve a un acusado de abusos sexuales por una situación parecida, ya que el Tribunal entiende que esa grabación lesiona el derecho de toda persona a no declarar contra sí mismo.

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Así, en dicha sentencia se puede leer que “en cuanto a la legitimidad de las grabaciones de conversaciones privadas entre dos personas realizadas por una de ellas sin conocimiento ni consentimiento de la otra parte, que la grabación por uno de los interlocutores de conversaciones entre particulares puede tener una inicial licitud si el encuentro es voluntario y libre. La cuestión varía cuando la persona grabada, de alguna manera, ha sido conducida al encuentro utilizando argucias con la premeditada pretensión de hacerle manifestar hechos que pudieran ser utilizados en su contra. Para su validez se debe tratar de un encuentro libremente concertado entre ambos y que se acuda a la cita espontáneamente y sin condicionamientos de ninguna clase”. 

Si grabas una confesión, el tribunal puede no admitir la prueba al considerar que has incitado esa confesión

Es decir, que las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo valoran que la espontaneidad y la buena fe son requisitos condicionantes para que estas grabaciones puedan ser aceptadas. “Cuando se fuerza y provoca una conversación ya no es posible situarse en el mismo plano”, concluye la sentencia. 

Celsa Núñez remarca que aunque la grabación en que se “registra el hecho mismo de la comisión de un delito puede ser utilizada, si la grabación del investigado contiene manifestaciones autoinculpatorias no tiene la consideración de confesión, sino que servirá como mera “notitia criminis”. Es decir, que esta grabación puede servir como prueba para iniciarse el procedimiento penal, al igual que una denuncia, querella o atestado policial pero no para determinar el culpable de ese delito o falta.

Cuando el que graba es un menor

Pero, ¿qué pasa cuando hay menores de por medio? No es la primera vez que salta a los medios de comunicación la noticia de que uno de los padres ha grabado los presuntos abusos del otro progenitor a un hijo. O en casos de ciberbullying.

Felipe Fernando Mateo Bueno asegura que, cuando se producen asuntos como los temas de acoso escolar, “hay padres que les ponen grabadoras a los hijos” para recabar estas pruebas. Sin embargo, en su opinión esa grabación es ilegal “porque se están grabando conversaciones ajenas en las que los padres no son parte, por lo tanto no se pueden usar en un procedimiento judicial”, explica.

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A pesar de que, como vemos, algunos criterios sobre la validez o no de una grabación de voz y/o vídeo pueden parecer claros, otros se prestan a una interpretación más abierta. “Al margen de la validez o nulidad de la prueba, los métodos mediante los que se haya obtenido afectarán a la valoración que haga el Juzgado o Tribunal”, explica Celsa Núñez. 

Además, esta abogada considera que quien lleva una grabadora “en cierto modo está deseando que la otra persona diga cosas que arrimen el ascua a su sardina; aunque también es verdad que, por ejemplo, hoy en día casi todos los móviles dan la oportunidad de registrar voz y la mayoría llevamos un móvil prácticamente siempre”.

Sin llegar a casos tan extremos, el abogado Felipe Fernando Mateo recomienda a todos sus clientes inmersos en rupturas de pareja conflictivas que se hagan con una grabadora y la lleven encima en todas las entregas y recogidas de sus hijos, así como que se instalen en su móvil una de las aplicaciones existentes para grabar las llamadas. “De esta forma, si un día les acusan de haber dicho o hecho algo en una entrega o recogida de los hijos o en una conversación telefónica, se podrá demostrar fácilmente qué es lo que de verdad sucedió”, argumenta.

Para tenerlo claro

Así pues, si te planteas grabar algún tipo de conversación, debes tener en cuenta que:

  1. Puedes grabar, en voz o en vídeo, todas las conversaciones de las que formes parte.
  2. Estas grabaciones son legales.
  3. No tienes por qué avisar de que estás grabando la conversación.
  4. Lo que no se puede es revelar el contenido de estas conversaciones.
  5. Sin embargo, pueden servir como prueba en un juicio.
  6. No puedes grabar conversaciones, ni en voz ni en imagen, ajenas, en las que no estés participando.
  7. Si lo haces, puedes incurrir en algún tipo de delito.

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Decreto 432-18: Diplomáticos deberán dominar el inglés y poseer títulos universitarios

DECRETOS

Precisa que las funciones de los encargados de seccionales de negocios o consulados serán establecidas por resolución del MIREX
Diario Libre – REPÚBLICA DOMINICANA 22 / 11 / 2018, 02:47 PM

Danilo Medina Sánchez. (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.)

A partir de hoy, los nuevos titulares de seccionales de negocios de las embajadas o consulado dominicanos deberán dominar el idioma inglés y, entre otras cosas, poseer un título universitario en Economía, Mercadotecnia, Negocios Internacionales o carreras afines, según el decreto 432-18 del Poder Ejecutivo que establece los requisitos que deberán reunir los funcionarios que dirijan las oficinas o secciones comerciales del país en el extranjero.

La orden ejecutiva firmada por el presidente de la República, Danilo Medina, indica, además, que éstos deberán tener conocimientos en materia de informática, de gestión de proyectos, de negociación, así como aptitudes para “buena comunicación escrita y verbal”.

En sus artículos II y III, el decreto precisa que las funciones de los encargados de seccionales de negocios o consulados serán establecidas por resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

“El MIREX realizará, una vez designado el encargado correspondiente, las coordinaciones necesarias con el Jefe de la misión correspondiente, el Viceministerio para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional de la Cancillería y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) con miras a adoptar los planes de trabajo que se adopten”, expone el documento oficial.
[Decreto 432-18] Presidente Danilo Medina establece requisitos que debe reunir el funcionario que dirija las oficinas o secciones comerciales de las embajadas y consulados de la República Dominicana. pic.twitter.com/gpgLLmH8JY

— Rodríguez-Marchena (@RodrigMarchena) 22 de noviembre de 2018

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La interpretación de los derechos fundamentales

Para poder interpretar efectivamente una Constitución, el intérprete requiere una teoría constitucional. Y es que, como bien afirma el jurista brasileño Lenio Luiz Streck, “si el intérprete posee una baja precomprensión, es decir, si el intérprete sabe poco o casi nada sobre la Constitución y por lo tanto, sobre la importancia de la jurisdicción constitucional, la teoría del Estado, la función del Derecho, etc.- estará condenado a la pobreza de razonamiento, quedando restringido al manejo de los viejos métodos de interpretación y del cotejo de textos jurídicos en el plano de la mera infraconstitucionalidad; por ello, no es raro que juristas y tribunales continúen interpretando la Constitución de acuerdo con los Códigos y no los Códigos de conformidad con la Constitución”.

La ausencia de esta teoría constitucional es lo que provoca las grandes, interminables y bizantinas discusiones jurídicas, que no versan tanto sobre el texto o contenido de un artículo de la Constitución o de la ley, pues, como nos recuerda Gustavo Zagrebelsky, “los juristas saben bien que la raíz de sus certezas y creencias comunes, como la de sus dudas y polémicas, está en otro sitio (…) Lo que cuenta en última instancia, y de lo que todo depende, es la idea del derecho, de la Constitución, del código, de la ley, de la sentencia. La idea es tan determinante que a veces, cuando está particularmente viva y es ampliamente aceptada, puede incluso prescindirse de la cosa misma, como sucede con la Constitución en Gran Bretaña (…) Y, al contrario, cuando la idea no existe o se disuelve en una variedad de perfiles que cada cual alimenta a su gusto, el derecho ‘positivo’ se pierde en una Babel de lenguas incomprensibles entre sí y confusas para el público profano”.

Ahora bien, la teoría constitucional que se requiere para poder interpretar efectivamente una Constitución no es cualquier teoría. No se trata tampoco de la teoría de un autor o una escuela de pensamiento determinada. Debe ser siempre una teoría constitucional adecuada a la Constitución que se pretende interpretar: en nuestro caso, la Constitución dominicana. La razón de ello es simple: la Constitución dominicana se aleja de la falsa idea, tan extendida en la comunidad jurídica previo a la reforma constitucional de 2010, en virtud de la cual se afirmaba que “la Constitución no se interpreta” o que “la Constitución es de interpretación restrictiva”. Tras la mencionada reforma, nuestra Constitución -en el Capítulo III del Título II, denominado “De los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales”- no solo afirma que ella se interpreta sino que establece clara y expresamente cuales son los principios que rigen la interpretación de los derechos fundamentales.

Por eso, por ejemplo, si un jurista se topa con un libro de teoría o filosofía del Derecho en donde se afirma que “no existen verdaderos conflictos entre derechos fundamentales” debe tener mucho cuidado en tratar de imponer dicha visión en el ordenamiento constitucional dominicano pues, por muy cierta que resulte esta afirmación teórica, en el caso dominicano, el constituyente de 2010 partió de una -equivocada o no- visión conflictivista de los derechos fundamentales, lo que supone que los derechos son pasibles de chocar entre sí, que es imposible delimitar ab initio todo el contenido constitucionalmente protegido por el derecho, que esa delimitación solo es posible efectuarla caso por caso mediante la concretización, partiendo del contenido más extenso posible del derecho, para luego depurar los contenidos de los derechos en conflicto, mediante la técnica hermenéutica que la propia Constitución consigna para la resolución de los conflictos entre derechos que no es más que la armonización, concordancia práctica, balance o ponderación de “los bienes e intereses protegidos por esta Constitución” (artículo 74.4).

De ahí que, cuando se afirma, siguiendo a Luigi Ferrajoli, que los derechos fundamentales son aquellos que “que no se pueden comprar ni vender” o cuando, siguiendo la doctrina jurídica más conservadora, se dice que los derechos sociales no son fundamentales y, por tanto, exigibles jurisdiccionalmente, se pasa por alto que en el Derecho Constitucional positivo dominicano son fundamentales todos los derechos consignados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos y todos los derechos de igual naturaleza a los constitucional, internacional y expresamente consagrados, sean estos derechos patrimoniales o extrapatrimoniales, individuales o sociales, siendo en todo caso, directamente operativos y exigibles jurisdiccionalmente, por el mero hecho de estar escritos en la Constitución o en el denominado bloque de constitucionalidad.

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Requisitos Reembolsos frente a la DGII

Reembolsos
 
Son desembolsos o reposiciones que realiza esta DGII a determinados trámites que así lo requieren. Existen diferentes tipos de reembolsos como son:

Reembolso por pagos o depósito en consignación
 
Para solicitar este tipo de desembolso se debe presentar la siguiente documentación:
 
1. Formulario Solicitud de Reembolsos (FI-DCREC-015​).

2. Formulario de Acreditación bancaria de la Tesorería Nacional (F-TN-DAD-04).

3. Poder de representación legalizado en Procuraduría General de la República. En caso de que el beneficiario se encuentre fuera del país el mismo debe ser consular y estar debidamente apostillado en Ministerio de Relaciones Exteriores.

4. Copia de todos los Actos legales envueltos en la solicitud: actos de alguacil, oferta real de pago, acto de consignación, acuerdo transaccional o amigable entre las partes, o sentencia (en caso que aplique).

5. Carta de No Objeción al retiro de los valores consignados.

6. Certificación de cuenta bancaria (debe completar el F-TN-DAD-04​ con esta información).

7. Copia del Registro Mercantil actualizado y vigente (si es Persona Jurídica).

8. Original del Recibo de Pago de los valores consignados. En caso de pérdida ver ***Documentos adicionales***

9. Original del Recibo de Pago del Cobro por Servicio (por valor de RD$300.00).

10. Original del Recibo de Pago del Cobro por el 1% del valor total consignado.

11. Copia de la cédula de todos los involucrados en la solicitud (beneficiario, representante, depositante u otros).
– via www.dgii.gov.do

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Consultorio Laboral – Salario

http://hoy.com.do/consultorio-laboral-dr-carlos-hernandez-contreras-especialista-en-derecho-laboral/

Consultorio Laboral

Pienso abrir una pizzería-bar con instalaciones y existencias no mayores de RD$4MM, horario de 17:00 a 22:00, lunes a jueves; 17:00 a 1:00, viernes; 14:00 a 1:00, sábado; y 12:00 a 22:00, domingo. ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Hay que pagar horas extras? ¿Hay que pagar bonificación? La propina (10%), ¿es voluntaria u obligatoria?¿Se paga semanal, quincenal o mensual? ¿Es necesario registrar contratos en MT? Leí en su artículo anterior que hay que inscribir al personal en TSS. ¿Qué se reporta y qué se descuenta? ¿Qué tipo de acuerdo podría hacer con la persona que me va a administrar el negocio? He pensado pagar una comisión por ventas ¿o es preferible que gane un salario mensual o una bonificación al final del mes?
El salario mínimo, según inversión/tamaño de su restaurante, es RD$7,430.15 mensual, RD$311.80 por día y RD$38.97 por hora. Su personal laborará 49 horas semanal, ganando RD$1,714.70 semanal + 5 horas extras, que se aumentan 35% = RD$52.60 c/hora extra. Lunes a jueves hay 2 horas nocturnas, que aumentan 15% = RD$44.80 c/hora nocturna; viernes y sábado hay 4 horas nocturnas, y por ley, cuando las horas nocturnas son más de 3, toda la jornada del día se paga aumentada 15%, o sea que las 8 horas de viernes y las 11 horas del sábado serán a RD$44.80.
En total, ganarán RD$1,714.70 de sueldo + RD$263.00 de horas extras + 121.80 de por ciento nocturno = RD$2,099.50 semanal + 10% de propina legal, que lo paga el cliente. La propina legal u obligatoria debe ser liquidada semanalmente y pagada según lo convengan las partes. Sugiero leer Arts. 39 al 49 del Reglamento 258-93, que aparece en el portal del MT, tan sólo con googlear en internet.
La “bonificación” o participación en las utilidades de la empresa es ineludible si su negocio genera ganancias al cerrar el año fiscal. Consiste en 45 días de salario, y empleados con 3 años, 60 días de salario. El registro de contratos escritos es opcional. Sin embargo, el registro de personal en el SIRLA del MT, utilizando el formulario DGT-3, es obligatorio. Al respecto, el MT ofrece un servicio de orientación muy efectivo. En cuanto a la TSS, sólo cotizan (y se descuenta un porcentaje al empleado) el sueldo, las comisiones y las vacaciones.
En cuanto al administrador, sugiero consultar a alguien con experiencia en restaurantes, pues el asunto va más allá del ámbito legal.

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Consultorio Laboral – Modificación del Salario

http://hoy.com.do/consultorio-laboral-dr-carlos-hernandez-contreras-especialista-en-derecho-laboral/http://hoy.com.do/consultorio-laboral-364/

Mi madre tiene un salón de belleza. A dos empleadas se les pagaba sueldo + comisión. Se les notificó con cuatro meses de antelación que en enero se le cambiaría a un mayor %, sin sueldo fijo, tal como se manejan todos los salones y estuvieron de acuerdo en el cambio. Ellas estaban cotizando en TSS. En enero se realizó el cambio y el 16 de enero no fueron a laborar y notificaron una dimisión. A nuestro entender ha habido un acto de mala fe pues nunca dijeron estar inconformes con el cambio durante esos cuatro meses que se sostuvieron reuniones hablando del cambio. Abandonaron el trabajo y nos dejaron con solo dos empleadas para dar servicios a los clientes. Nos enteramos que en la siguiente semana estaban trabajando las dos juntas en otro salón por la zona. En el entendido de que nunca dejamos de pagarles lo que les correspondió, incluso en la quincena de enero se les pago según lo facturado por cada una en base al nuevo %. ¿Cómo corresponde proceder?

En su contra usted tiene dos jurisprudencias, una según la cual el empleador no puede unilateralmente variar el modo de medir la retribución de pago fijo al pago por rendimiento (Petroquímicos Automotrices vs Basilio Collado, 3ª SCJ, 17 Mar. 1999, B.J. 1060, Pág. 840), y otra conforme a la cual, si bien el empleador puede introducir cambios en la forma de prestación del servicio, dichos cambios no puede provocar la disminución del salario del trabajador (3ª SCJ, 16 Sep. 1998, B. J. 1054, Pág 737).

A su favor, usted tiene una jurisprudencia que permite introducir cambios, aun sobre condiciones esenciales de la contratación: salario, horario y objeto de la labor, siempre que sea de mutuo acuerdo con el empleado (Aida Josefina Valerio vs. Surgex, 3ª SCJ, 10 Mar. 1999, B. J. 1060, Pág. 727)

Siendo así, mi sugerencia es que aporte evidencias (escritos, intercambio de emails, testigos, etc.) de que realmente el cambio se acordó. Pero, además, procure demostrar que el cambio no provocó disminución alguna en la remuneración habitual. Me parece que las dos empleadas se precipitaron al dimitir sin que terminara el mes de enero. Ese error les podría costar el caso. Ellas debieron esperar que transcurriera enero completo; constatar que su remuneración realmente disminuyó, y entonces ahí dimitir. Pero al no hacerlo así, la dimisión podría ser declarada injustificada.

CONSULTORIO LABORAL

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El reto de adoptar en RD

La Vida domingo, 20 de mayo de 2018
REPOH!RTAJE
El reto de adoptar en RD

Venez Gafer
Santo Domingo
Si hacemos una encuesta y preguntamos a una pequeña porción de la población dominicana sobre el tema de la adopción, quizás una gran parte de las respuestas sean: ‘‘es un proceso largo’’, ‘‘aquí no funciona eso’’, ‘‘más vale adoptar en otro lugar’’… Sin duda que los comentarios definen el tema con una esperanza escasa y como una realidad compleja. Sin embargo, más allá de la opinión pública y de tecnicismos legales, tocaremos el tema en un idioma llano para revelar el otro lado que no conoce la gente del proceso.

LA MIRADA EXPERTA

Kety Abikaran Cadet, abogada familiar y de empresas familiares, especialista en adopciones, descomplica un poco el asunto y dice que lo traduce como los “retos”; para ella es simplemente cumplir los requisitos que supone el adoptar en RD. ‘‘La Adopción (nacional o internacional), más que presentar dificultad, supone una lista de requisitos y documentos que sirvan de soporte a la solicitud que se está realizando’’, así describe los retos de la adopción.

Ella entiende que en el país existen diferentes mitos sobre la adopción y que una de esas razones es el cambio social que implica este proceso. Refiriéndose al hecho de que ya los tiempos han cambiado, es decir, cuando una persona se dedicaba a la crianza de personas menores de edad, sin ser familia o de afinidad familiar, la sociedad no la cuestionaba por tenerlo “sin papeles”. Simplemente, esa persona o personas, se dedicaban en cuerpo y alma a darle una mejor calidad de vida a esa persona menor de edad a quien se le conocía y conoce como “hijo de crianza”… ¡Pero las cosas han cambiado!

UN TEMA LEGAL: ¡NO LO TOMES A LA LIGERA!

 Es bueno saber que la adopción es una medida de integración y protección familiar para los niños, niñas y adolescentes, cuyo proceso debe ser llevado bajo la suprema vigilancia del Estado; de hecho, la ley que ampara este proceso es la Ley 136-03, artículo 112. En esta ley se establece la rigurosidad del proceso, su tiempo y el estudio de los futuros prospectos.

 ¿Y los que adoptan sin apego a la ley? Abikaran Cadet responde que en principio, las entregas voluntarias están prohibidas. Es decir, que ‘‘Juana’’ no le puede entregar a ‘‘María’’ su bebé, para que lo adopte, sino que Juana tiene la obligación legal de llevarlo al CONANI, para que lo coloque en una familia idónea que le pueda brindar calidad de vida. Entonces, la idea de tener la custodia y crianza de una persona menor de edad a su cargo, no necesariamente se traduce en el camino más fácil, comparado con un proceso de adopción; esto quiere decir, que hay que apegarse a la ley.

 CONANI Y SU FUNCIÓN

La entidad gubernamental que trabaja todo lo relacionado al tema de la adopción es el Consejo Nacional para la Niñez, o sus siglas (CONANI). Actualmente esta entidad está en plena reorganización administrativa, por lo que invitamos a Laura Romero, quien trabajó durante un par de años en esta entidad, dando el soporte psicológico a los futuros padres y también cuenta con Máster de Adopción y Acogimiento Familiar con las Universidad de Comillas, Madrid y Ramón Llul, Barcelona; así como el abogado Clivet Romero, quien también manejaba la parte legal de las adopciones y cuenta con una vasta experiencia en el tema. Con respecto al pensamiento que la gente suele tener: “tantos niños en hogares y en las calles”, Clivet y Laura nos aclaran que esos niños no son candidatos de adopción, ya que la gran mayoría tienen sus familias. Es una de las ideas más erradas de las personas que entienden que hay muchos niños para adoptar. Para que un niño sea apto para adopción, debe llevarse a cabo todo un proceso, el cual toma un tiempo.

 Según la Ley 136-03 para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 130, establece que la entrega voluntaria por los padres biológicos, debe hacerse a través de CONANI, el cual es el único organismo a cargo de la fase administrativa del proceso de adopción. Explican algo muy importante, y es que al momento de una pareja aceptar la entrega voluntaria por parte de los padres biológicos, están violando dicho artículo, poniéndolos en riesgo a ser sometidos por la ley. Ambos nos hacen entender que a pesar de que todos lo vean como un acto humanitario, el que lo hace se somete a un riesgo innecesario. Además de que pueden ser víctimas de chantaje por parte de los mismos padres biológicos, ya que al haber sido una entrega realizada al margen de lo establecido en la Ley 136-03, estos pueden alegar que hubo intercambio de dinero, creando un expediente de trata de personas. Laura expone su punto de vista psicológico y asume que los adultos deben entender que por cumplir sus sueños de ser padres, pueden afectar la vida emocional de ese menor, ya que al ir creciendo habrán muchas preguntas e inquietudes de por qué sus padres biológicos lo entregaron. Entonces, ‘‘la pobreza’’, muchas veces, no es sinónimo de adopción.

 ¿CUÁNTO ES QUE DURA EL PROCESO?

Sobre el mito común del largo tiempo que dura, Laura Romero entiende que muchas personas desconocen el proceso y explica que donde el proceso toma más tiempo, es en preasignar, ya que se trata de que el menor sea insertado en su familia de origen o familia extensa, antes de ser candidato para adoptar. Cuando se habla del proceso en sí, no es complicado ni difícil, ya que existe unos requisitos que los usuarios deben de cumplir en documentos, tales como: acta de nacimiento, matrimonio, carta de bancos, trabajos, carta de motivación para la adopción, entre otros. Luego que el usuario tiene toda la documentación, es depositar en CONANI, en donde se iniciará el proceso de entrevistas, trabajo social y evaluación psicológica.

Ella dice que, a diferencia de otros países, nuestro país era uno de los más rápidos en preasignar que otros países; sin embargo, en la actualidad está durando aproximadamente de 3-4 años en adelante, esto se debe a que en nuestro país, los usuarios pueden hacer preferencia del sexo y rango de edad del menor. Así mismo, según aclara la psicóloga, muchos solicitantes especifican ciertas características físicas que desean de su futuro hijo, lo cual sí puede atrasar el proceso. Es por esto, que las personas que van a realizar el proceso de adopción, deben estar conscientes de lo que significa realmente adoptar.

¿Y QUÉ LO ADELANTA?

‘‘Mientras más amplias sean las características que desean en cuanto a sexo y edad, más fácil será la asignación para los solicitantes. Es cierto que la mayoría de los futuros padres adoptantes prefieren un niño o niña de menor edad posible y de un sexo en particular. Pero es importante recordar que la adopción no se debe tomar para llenar un vacío por la ausencia de un hijo biológico’’, explica la experta. Según su declaración, los padres deben ver el tema más allá que darle una familia a un niño sin hogar, es considerar que van a crear un vínculo filial que no existe, y le darán la oportunidad a ese niño o niña, de crecer en un ambiente que le garantice sus derechos. Otra interrogante que surge es sobre padres del mismo sexo; ¿ellos pueden adoptar como una pareja heterosexual? Kety Abikaran apunta que respecto al tema de los homosexuales, al no estar dicha unión reconocida legal ni constitucionalmente, como lo está el matrimonio entre pareja de diferente sexo, se imposibilita la realización de una adopción en nuestro país. Y sobre el estatus económico de las parejas…

¿Tener solvencia económica es un requisito importante? ‘‘Es algo relativo al momento de adoptar. Las personas adoptantes deben presentar no solo solvencia económica, sino también solvencia moral, pues lo más importante es que él o la menor de edad se pueda desarrollar en un ambiente sano y de estabilidad. El estatus económico tiene que ver con la calidad de vida a brindarse a un niño o niña, por lo que no debería representar un impedimento, siempre y cuando los solicitantes puedan brindar un equilibrio y cubrir con las necesidades básicas y fundamentales de ese menor de edad’’, responde Kety.

LO BUENO ES QUE…

A pesar de que el tema aún no se ha agarrado por todas sus esquinas en el país y de que sigue en tela de juicio, hay que verlo con ojos positivos y entender que como todo en la vida, la adopción también conlleva su proceso y análisis. Hay que saber que existen excelentes profesionales que están aportando con su preparación en el área y ayudando a esos ‘‘padres del corazón’’. Y una de las buenas noticias es el surgimiento de soportes digitales. Laura Romero y Clivet Romero, de hecho, están trabajando con una página que se puede tener como una referencia a la hora de buscar información, y esta es: ‘‘adopcionesrd.com’’. Es un proyecto que surge de las necesidades que ellos como profesionales del área, han observado a través del tiempo y la experiencia con las personas sobre del tema. ‘‘Por el desconocimiento sobre el tema en nuestro país y el tabú que existe, queremos poder brindarles todo el soporte tanto a familias de República Dominicana, así como las extranjeras que deseen iniciar el proceso de adopción’’, manifiesta Romero.  Si eres de los que quiere adoptar, recuerda que  puedes dirigirte a   CONANI, o también acceder a la  página (adopcionesrd.com)  y podrás contar con asesoría- psicologica y legal- durante todo el proceso.

 

Publicado por Listin Diario

La reestructuración mercantil: una segunda oportunidad a la empresa

     Periódico elDinero

ECONOLEGALES

La reestructuración mercantil: una segunda oportunidad a la empresa

Por: Jaime M. Senior Fernández

0     Compartir17 de mayo, 2018

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REESTRUCTURACIÓN MERCANTIL

La Ley de Reestructuración Mercantil que entró en vigencia hace un año ha sido objeto de varios estudios y comentarios. Sin embargo, es menester ponderar el concepto de la reestructuración mercantil, pues es una figura novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, pero que puede ser de gran importancia para la comunidad empresarial.

Previo a la nueva ley, nuestra legislación únicamente preveía la liquidación de las empresas que enfrentan problemas de liquidez, en cuyo caso se procede a la venta de todos sus activos bajo la supervisión de un tribunal, con la finalidad de saldar las deudas de la empresa quebrada y el cierre definitivo del negocio.

En cambio, el nuevo concepto de reestructuración mercantil establecido en la ley le concede una nueva oportunidad a la empresa que enfrenta problemas de liquidez. La finalidad de la reestructuración mercantil es de lograr un acuerdo entre la empresa y sus acreedores mediante el cual la carga de pasivos de la empresa es reestructurada (y, en algunos casos, reducida) para permitir que la empresa continúe sus operaciones.

En este caso, la misma empresa (la deudora) o sus acreedores pueden iniciar el proceso mediante una instancia ante un tribunal especializado en la materia. Una vez iniciado el proceso de reestructuración mercantil, el tribunal designará funcionarios especializados para realizar un levantamiento de la situación financiera de la empresa. La finalidad de este proceso es de verificar si la continuación de los negocios de la empresa objeto del proceso de reestructuración es viable o no.

Los acreedores de la empresa también estarán representados en el proceso, por lo que todas las partes –la empresa que se encuentra en apuros económicos y sus acreedores– podrán concurrir de manera simultánea ante un árbitro neutral. Luego de agotado el proceso preliminar, la empresa y sus acreedores se abocan a discutir un plan de reestructuración de los activos y pasivos de la empresa, así como un plan negocios para la empresa. Todo lo anterior se realiza bajo la tutela y supervisión de un tribunal.

A diferencia de la quiebra, el proceso de reestructuración mercantil culminaría con el relanzamiento de la empresa, idealmente con una reducida carga de pasivos y un plan de negocios que le permita competir en el mercado. Por ende, se le concede una segunda oportunidad a las empresas, lo que tiene efectos positivos tanto para sus acreedores como para los emprendedores que toman la decisión de crear un nuevo negocio.

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MPD: Día del Trabajo encuentra a la clase obrera dominicana sometida a muchos abusos

by Hoy 

/ 1min ago

Al conmemorarse hoy el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, el Movimiento Popular Dominicano (MPD) considera que esta fecha encuentra a la clase obrera dominicana sometida a los abusos y atropellos más burdos como la violación a los derechos de los trabajadores a la sindicalización, con salarios de miseria y la violación permanentemente del Código Laboral.

Según la organización a todo eso se suma, que los empresarios violadores de la ley son apoyados por el Ministerio de Trabajo, a pesar de que la Constitución de la República y el Código de Trabajo consagran el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a organizar sus sindicatos en las empresas donde trabajan, para reclamar mejores condiciones laborales.

El MPD criticó que este uno de mayo encuentre a la clase obrera dominicanadividida, sin una organización sindical clasista fuerte, mientras los trabajadores son sometidos a todo tipo de vejámenes y humillaciones.

“Planteamos que hoy más que nunca se necesita la unidad de la clase obrera y la conformación de una central sindical clasista que defienda los intereses de los explotados por el capital, que impulse la formación y organización de los obreros, que haga respetar las leyes laborales y que dignifique a la clase trabajadora dominicana”.


Origen de la conmemoración

El 9 octubre de 1886 los mártires obreros de Chicago, Spies, Schwab, Pearson, Fielden, Lingg, Fisher y Engel fueron condenados a la horca y Oscar Neebe a 15 años de prisión, por la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas diarias.

La lucha de los trabajadores de Chicagodebe ser profundizada en la República Dominicana, a fin de lograr el bienestar y la prosperidad de todos los trabajadores y trabajadoras.

La organización Marxista-Leninista llama a los obreros a unir esfuerzos para crear una organización sindical que reivindique esos acontecimientos que pusieron en evidencia, que sólo la lucha decidida de los trabajadores cambia la situación de miseria y explotación a que son sometidos por los patronos.

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Poder Judicial: Feriado Semana Santa 2018

Distinguidos(as) usuarios(as) del Poder Judicial:

Por la presente, le comunicamos que con motivo del feriado de Semana Santa, desde el medio día del miércoles 28 de marzo hasta el viernes 30 inclusive, no habrá labores en el Poder Judicial a nivel Nacional, reiniciando las mismas el lunes 2 de abril.

Excepción a esta disposición son las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente, adscritas a los Juzgados de la Instrucción de los diferentes Distritos Judiciales, las cuales laborarán normalmente.

Atentamente,

Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)
Consejo del Poder Judicial, República Dominicana
Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó
Centro de los Héroes – Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.
Tel: 809.533.3191, exts. 2189 y 2193 •  Código Postal: 1485
E-mail: jurisleg-cendijd@poderjudicial.gob.do • Web: http://www.poderjudicial.gob.do
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