+ Consultas en Materia Laboral (vigente la afiliación de la seguridad social durante accidente laboral)

29 Julio 2013, 11:45 PM

CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS (Especialista en derecho laboral)

1. En su artículo del día 23 de abril 2013, de este Consultorio Laboral, refiriéndose a un empleado accidentado, usted dijo que el contrato de trabajo se mantiene vigente, pero suspendido y que “durante ese tiempo, es recomendable que mantenga vigente la afiliación del empleado en cuestión en la seguridad social.” ¿Cómo se hace eso?

De acuerdo con el Párrafo II del Art. 22 del Reglamento del subsidio de enfermedad común “el empleador deberá mantener al trabajador en la planilla de la TSS bajo el Estatus de Incapacidad Temporal por Enfermedad Común”. Este reglamento se encuentra íntegramente en el portal del Consejo Nacional de Seguridad Social, http://www.cnss.gob.do/app/

do/doc_reg.aspx, y un boletín informativo se encuentra en el portal de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, http://www.sisalril.gob.do/pdf/boletines/boletin_sisalril_19.pdf. Le recomiendo accesar a ambas fuentes, accesibles gratuitamente por Internet.

2. Laboré en una empresa de origen puertorriqueña, que me despidió sin prestaciones; puse una demanda y en Primera Instancia la empresa salió gananciosa; luego en apelación la sentencia fue revocada y resulté ganando yo; y la empresa recurrió en casación y la SCJ  lo rechazó ordenando pagar mis prestaciones. Cuando pensaba que ya iba a solucionar este problema, la empresa recurre en revisión en el Tribunal Constitucional. Resulta que la empresa ha cerrado sus operaciones. ¿Qué pasa con mi caso? ¿Pierdo mis prestaciones?  ¿Siendo la empresa de origen extranjero aunque cierre sus operaciones en RD puedo reclamar mi pago? Cuando la empresa depositó recurrió en casación, la SCJ le ordenó depositar una garantía económica, ¿puedo contar con ese dinero si el TC rechaza la revisión?

Usted debe iniciar un procedimiento de ejecución de la sentencia dictada a su favor en manos de la persona responsable (usualmente una compañía de seguros o un banco) de la garantía económica aperturada a su favor. Esa sentencia tiene ya la autoridad de la cosa juzgada, y no es necesario que espere el resultado de la revisión constitucional, salvo que el TC haya ordenado la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia.

La ejecución se hace bajo un procedimiento llamado “sumario”, ante un tribunal laboral.

Por: EL Periódico Hoy

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Presidente hace llamado sin precedente: ¡Reclamar justicia!

30 Julio 2013, 9:18 PM
Presidente hace llamado sin precedente: ¡Reclamar justicia!

El presidente redunda en señales de cautela al orden institucional

Escrito por: RAFAEL ACEVEDO

Probablemente no hay precedente de que un Presidente dominicano haya exhortado a su pueblo para que, por sí mismo, demande justicia de las autoridades. Lo más parecido fue un pronunciamiento de Bosch desde la oposición, cuando levantó la consigna de presionar a Balaguer para que obedeciera sus propias leyes. Ha sido la costumbre que el Ejecutivo busque los mecanismos para lograr de los funcionarios judiciales el tipo de justicia que el Presidente entiende conveniente para su gobierno. El Presidente Medina, nueva vez, hace declaración pública en ese sentido. Y el pueblo, en todas sus instancias participativas debe entender la naturaleza y la importancia del llamado de su mandatario.

Cabe conjeturar una comunicación defectuosa, poco fluida o  efectiva entre el Presidente y el Poder Judicial. La percepción generalizada es que la justicia está controlada por instancias de poder que no representan a la ciudadanía, cuyos objetivos no necesariamente son afines con los demás poderes institucionalmente establecidos; tampoco con la autoridad y el poder formal e informal de que dispone el Ejecutivo. Y ni siquiera con la facción partidaria del Presidente; ni mucho menos con las organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de un pronunciamiento que es denuncia a la vez. El llamado, en principio, se refiere tan solo a los reos de la justicia, que escapan de las cárceles o de los procedimientos de encarcelamiento. Pero, por extensión, se refiere a aquellos que se sabe o se presume con verosimilitud, que son personas, empresas o grupos que deben ser sometidos y juzgados con imparcialidad. Lo cual es, en definitiva, la causa más profunda y eficaz de que no haya justicia ni contra grandes ni pequeños delincuentes, sean estos contra las propiedades y las personas privadas, ya lo  sean contra las propiedades y los bienes públicos.

El Presidente nos estaría diciendo que tiene poco qué hacer contra una justicia corrompida arriba y abajo (con honrosas islas de integridad y probidad). Jamás debe entenderse que las declaraciones del Presidente sean subversivas, puesto que el mandatario Medina redunda en señales de cautela y de respeto al orden institucional. Pero, para el que no se hace desentendido, son demasiado obvios y abundantes los hechos y las evidencias, las percepciones y las denuncias.

Este llamado del Presidente es además, y sobre todo, una oportunidad para este pueblo entender y actuar con responsabilidad. Sobre la base de que no puede haber justicia en una sociedad en que los que más la necesitan no la exigen ni procuran. Para que haya justicia, el ciudadano, individual o colectivamente, tiene que actuar como parte integral -¡que es!- del sistema judicial: como actor demandante y beneficiario, y como hacedor, en última instancia, de la ley. Nadie se haga el bobo, ni mucho menos se quiera poner de lado la importancia de estas responsables declaraciones  del Presidente. Hechas, por demás, con su habitual respeto a la separación de los poderes del Estado. ¡Atención al desorden y al secuestro  institucional!  En esto, no dejemos solo al Presidente.

Por: El Periódico Hoy

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Reforma laboral y Constitución

25 Julio 2013, 9:52 PM
Reforma laboral y Constitución

Sector busca una “flexibilización” de las normas laborales

Escrito por: EDUARDO JORGE PRATS

El empresariado nacional, acosado por los costos de la energía eléctrica, las cargas fiscales y parafiscales, la tramitología gubernamental, la inseguridad jurídica y la corrupción estructural, ha emprendido una cruzada por la reforma del Código de Trabajo, con el objetivo de lograr una “flexibilización” de las normas laborales, que aminore los costos que asumen las empresas en la contratación y terminación de las relaciones de trabajo y que, en consecuencia, nos vuelva más competitivos con relación al resto de  las naciones de la región del Caribe y Centroamérica.

A este respecto, compartimos el criterio de uno de los autores del Código de Trabajo vigente, Dr. Rafael Alburquerque, eminencia de nuestro Derecho Laboral, quien considera que el problema de nuestro país no consiste en lograr competitividad en base a la disminución de las garantías de los trabajadores sino en poder crecer mediante actividades productivas generadoras de empleos formales. Activar el empleo y no la precariedad debe ser el objetivo de las políticas públicas de un Estado que se proclama Social y Democrático de Derecho en el artículo 7 de nuestra Constitución.

En este sentido, hay obstáculos jurídicos insalvables en una reforma laboral que consista en la disminución de las garantías laborales. Como ya han señalado algunos juristas como Ricardo Rojas León (“Estado Social y reforma laboral”, El Caribe, 23 de julio de 2013), tal reforma chocaría con el principio constitucional de progresividad y la cláusula de no retroceso social, los cuales, como bien ha establecido nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia TC-093/12, impiden “a las instituciones del Estado desmejorar las condiciones originalmente preestablecidas salvo razones rigurosamente justificadas”. Para nuestros jueces constitucionales especializados, citando las palabras de la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-1318/05, “la denominada cláusula de no retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, supone que una vez logrados ciertos avances en la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales en medidas de carácter legislativo o reglamentario, las condiciones preestablecidas no pueden ser desmejoradas sin el cumplimiento de una rigurosa carga justificativa por las autoridades competentes. En ciertos casos el mandato de progresividad y la prohibición de medidas regresivas puede estar en estrecha conexión con el principio de confianza legítima, pues en última instancia ambos presentan un elemento común cual es el respeto por parte de las autoridades estatales del marco jurídico o fáctico previamente creado para la satisfacción de derechos prestacionales. También desde la perspectiva del principio de confianza legítima es reprochable el cambio intempestivo de las condiciones previamente definidas por la Administración para la satisfacción de derechos prestacionales, y a ésta en todo caso le corresponde la carga argumentativa de justificar el cambio intempestivo de las reglas de juego inicialmente acordadas”.

 Lo anterior no significa que no sea viable una reforma laboral, pactada por el empresariado y los trabajadores, tendente a modificar la jornada de trabajo en base a un tope de horas anual que permita planificar el trabajo en base a los ciclos de la producción; hacer efectiva la conciliación; sancionar el litigio temerario y abusivo en materia laboral para acabar con las mafias y el terrorismo laborales; promover los planes voluntarios de igualdad y no discriminación en las empresas mediante un sistema adecuado de incentivos fiscales; y proteger los derechos fundamentales del trabajador en tanto persona (dignidad, honor, intimidad, no discriminación, etc.). Una reforma laboral en esos términos debe ser sopesada, emprendida y apoyada por todos, ya que nos permite no solo ser más competitivos sin poner en juego los derechos y garantías de los trabajadores sino, lo que no es menos importante, promover empleos de calidad.

 Hay que estar claros en algo: no podremos desarrollarnos como economía y como nación si no hacemos de nuestro país, como ya lo quiso Pedro Francisco Bonó, una verdadera “República del trabajo”, en donde: (i) ninguna persona forme parte de una población residual, excedente y prescindible;  (ii) no se deprima constantemente el nivel de los salarios fomentando el trabajo de inmigrantes ilegales y permitiendo que las empresas contraten impunemente mano de obra ilegal; (iii) las empresas puedan acceder efectivamente a un crédito en base a tasas razonables; (iv) los fondos de la seguridad social puedan ser invertidos en las empresas dominicanas más rentables y productivas, para que todos podamos ser accionistas, en un sistema de capitalismo popular, de esta gran empresa que es República Dominicana; (v) el sistema tributario promueva la inversión, el ahorro, la productividad y las exportaciones y no descanse exclusivamente en los asalariados y en las empresas transparentes; y (vi) se reprivatice y reforme estructuralmente el sector eléctrico, para fomentar en la población la cultura de pago de la energía, las energías verdes y alternativas y la generación eficiente y a costos razonables y no distorsionados. Activar las empresas es activar el empleo.

Por: El Periódico Hoy

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Realizarán olimpíadas sobre la Constitución Dominicana Infantil

NOTICIAS|29 JUL 2013, 7:43 PM|POR DIARIO LIBRE

Realizarán olimpíadas sobre la Constitución Dominicana Infantil

El anuncio lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez

MAO, Valverde.- El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, anunció en esta ciudad las olimpíadas sobre la Constitución Dominicana Infantil que dará la oportunidad a los estudiantes de escuelas y colegios de todo el país debatir temas relacionados a los contenidos de esta versión de la Carta Magna.

El anuncio lo hizo el presidente Martínez, tras encabezar una actividad sobre el Primer Concurso de Lectura de Valverde, organizado por la diputada de esta provincia, Ángela Pozo, en ocasión del Día Nacional de la Lectura, iniciativa de la misma legisladora.

Abel Martínez resaltó que en la Cámara de Diputados promueven el cambio de protestas por propuestas. De esta manera se refirió al buen trabajo de los diputados de esta provincia Jhoanny Guzmán, Ángela Pozo y José Francisco López Chávez.

“Con este tipo de evento, estamos contribuyendo con el país. Estamos promoviendo permanentemente el conocimiento de derechos y deberes”, dijo el líder congresional.

La anfitriona, Ángela Pozo, dijo que esta actividad cumple con la Ley 250-12, de su autoría, la cual busca recordar para siempre la hazaña de cinco jóvenes de su provincia que establecieron un record mundial de lectura al leer más de 365 horas continuas.

Los ganadores del Concurso de Lectura de la Provincia Valverde fueron: Jordani Lorenzo, primer lugar, quien obtuvo una computadora y diez mil pesos en efectivo; Victoria Gómez, segundo lugar, una computadora. Y Anni Mabel Ulloa, tercer lugar. Esta última recibió una cámara digital.

 
Por: Diario Libre

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Finjus valora “muy positiva” labor del Tribunal Constitucional en su primer año

JUSTICIA|29 JUL 2013, 7:17 PM|POR DIARIO LIBRE

Finjus valora “muy positiva” labor del Tribunal Constitucional en su primer año

Dice ha analizado las 174 sentencias emitidas por la alta corte, de la cual pondera su consolidación


      SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valora como “muy positiva” la labor realizada por el Tribunal Constitucional, que en menos de un año ha emitido 174 sentencias y las cuales fueron analizadas por el Observatorio de la Jurisdicción Constitucional, conformado por esa fundación.

      Fijus dice que pondera la consolidación de esa alta corte por ser uno de los activos más importantes para el desarrollo de la democracia y el Estado de derecho en el país.

      Informó que ha venido dando seguimiento a las decisiones del TC, a través de la conformación de un Observatorio de la Jurisdicción Constitucional, con el objetivo de acercar la Justicia Constitucional a la sociedad. 

      El “Observatorio recopila y sistematiza la información obtenida del análisis de las sentencias de ese Tribunal, procesándola y produciendo  materiales de divulgación, para que sus conclusiones ayuden a determinar a la comunidad jurídica y la sociedad, la eficiencia, calidad y pertinencia de sus decisiones”, dice la Finjus en una comunicación enviada a los medios.

      En los párrafos siguientes, la comunicación íntegra de la Finjus

      FINJUS valora como muy positiva la labor realizada por esta Alta Corte y pondera que la consolidación del Tribunal Constitucional es uno de los activos más importantes para el desarrollo de la democracia y el Estado de derecho en el país. 

      A través de la conformación de un Observatorio de la Jurisdicción Constitucional, FINJUS ha venido dando seguimiento a sus decisiones, con el objetivo de acercar la Justicia Constitucional a la sociedad. El Observatorio recopila y sistematiza la información obtenida del análisis de las sentencias de ese Tribunal, procesándola y produciendo materiales de divulgación, para que sus conclusiones ayuden a determinar a la comunidad jurídica y la sociedad, la eficiencia, calidad y pertinencia de sus decisiones. 

      En el período comprendido entre el 6 de febrero del 2012, cuando se emitió la primera sentencia hasta el 30 de abril del 2013, el Tribunal Constitucional había emitido 174 sentencias. El Observatorio analizó ese conjunto de decisiones tomando en cuenta el tipo de recursos recibidos, las inadmisibilidades y sus razones, así como los precedentes confirmados, revocados o aclarados que en seguimiento a la Constitución y el ordenamiento normativo dominicano se han establecido en ese periodo de funcionamiento del Tribunal Constitucional. 

      Dentro de los hallazgos más relevantes obtenidos se pueden identificar que de los recursos y sentencias analizadas, 76 corresponden a control directo de constitucionalidad, 37 a revisión de sentencias de amparo, 28 a revisión de decisiones jurisdiccionales, 13 a suspensión de ejecución de sentencias, 13 al control preventivo de tratados internacionales, 6 a amparos y una sobre conflicto de competencias para un total de 174 sentencias analizadas.

      De igual manera se puede destacar que de los mismos recursos, 58 han sido declarados inadmisibles para un total de 33.3 % de los fallos hasta el 30 de abril del 2013, lo que indica la alta relevancia que significa la difusión y capacitación a la ciudadanía sobre la Jurisdicción Constitucional. 

      De las mismas hemos podido identificar sentencias y precedentes confirmados, revocados o aclarados que a nuestro entender cuentan con gran valor en el desarrollo y delineamiento de las funciones, potestades y acceso ciudadano a la justicia constitucional. 

      Entre los precedentes más emblemáticos podemos resaltar las de la decisión TC/006/12, que establece el reconocimiento de la competencia del Tribunal Constitucional para conocer la revisión de las sentencias emitidas por el Tribunal Superior Electoral en seguimiento al artículo 185 constitucional y los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

      Por otro lado en su sentencia TC/0010/12 refiere que las facultades discrecionales de la administración pública no pueden ser ejercidas de manera arbitraria, es decir que ante la existencia de una facultad discrecional, su ejecución por parte de la administración debe ser motivada apegándose al ordenamiento nacional. Esta decisión hace referencia también a que los acuerdos de conciliación no ponen fin a los procesos penales de forma automática, por lo que mientras se mantengan pendientes obligaciones establecidas en un determinado acuerdo de conciliación, el mismo no ha terminado ya que puede ser reabierto en cualquier momento. 

      Otra decisión trascendental del tribunal fue la TC/0011/12, donde identifica el límite que impone el derecho al honor y a la intimidad al ejercicio desproporcionado del derecho a la información. De igual manera la decisión TC/0012/12 confirma que los plazos para presentar los amparos corren a partir de decisiones definitivas y no a partir de la violación por vía administrativa. 

      En el caso de la decisión TC/0018/12 el Tribunal Constitucional hizo uso de su capacidad de legislador positivo al exhortar la aplicación de un protocolo de entrada y salida de los defensores públicos y abogados en los palacios de justicia y establecimientos policiales permitiendo así el derecho a asistencia jurídica inmediata. 

      Otro fallo destacado del Tribunal Constitucional es el TC/030/12, que enfatiza que la naturaleza sumaria del amparo hace que no sea idóneo para casos de alta complejidad y que el mismo no puede ser utilizado para sustituir las vías ordinarias de derecho. El mismo Tribunal afirma en su fallo TC/0042/12 que en los casos que colide con el derecho a la información pública, el derecho a la intimidad se puede ver limitado por el interés común por ser en algunos casos un mecanismo esencial para el control de la corrupción en la Administración Pública.

      Por su parte la decisión TC/0051/12 establece que la acción directa en insconstitucionalidad no puede atacar actos administrativos que carezcan de alcance general, mientras que el fallo TC/0073/12 sostiene que quedan fuera del alcance del control de constitucionalidad las normas que son el resultado de la aplicación de una ley. En el caso de la revisión constitucional este alto tribunal ha indicado mediante la sentencia TC/0091/12 que sólo procede cuando las sentencias tienen la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

      Otros importantes fallos son el TC/0016/13, que sostiene que ante la existencia de otra vía judicial, lo procedente es declarar el amparo inadmisible, no rechazarlo. La decisión TC/0028/13 establece que no procede la suspensión de la ejecución de una sentencia en caso de que la misma no ocasiones daño irreversible a derechos fundamentales. El fallo TC/0058/13 reconoce que el interés general y colectivo son límites a la libertad de empresa y la decisión TC/0059/13 establece que no hay plazos para las acciones de reclamo de paternidad.

      A pesar de que por razones técnicas el análisis solo corresponde a las sentencias emitidas hasta el 30 de abril, al día 23 de julio del 2013, días despues de la conmemoración del primer año de gestión del Tribunal Constitucional, podemos destacar que se habían publicado 226 sentencias.

      A la luz de este importante punto de la evolución constitucional dominicana, FINJUS desea destacar la labor de esta Alta Corte, así como aprovechar la oportunidad para reconfirmar su compromiso con la defensa y control que requiere la justicia constitucional para continuar su camino hacia una plena consolidación. 

      Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

      Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

      23 de julio, 2013 

       
       

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      Finjus dice fallas judiciales también existen en la Policía y en el Ministerio Público

      JUDICIAL

      Finjus dice fallas judiciales también existen en la Policía y en el Ministerio Público

      DOMINGO 28 DE JULIO DEL 2013 . 10:31AM


      El director Ejecutivo de  la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán, dijo este domingo que las quejas que ha expresado el presidente Danilo Medina en torno al papel que está jugando la justicia frente al crimen y la delincuencia “es una verdad a media”.

      Manifestó que esas fallas también existen en la Policía Nacional y el Ministerio Público, instancias que responden a las directrices del presidente de la República.

      Castaño Guzmán sostuvo que en los últimos tres años la población carcelaria del país se ha duplicado al pasar de 12 mil a 25 la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que están privados de su libertad.

      “Es una verdad a media la queja del Presidente en torno a las fallas del Poder Judicial en el combate al crimen y la delincuencia, porque hay que recordar que también hay dos actores más que tienen responsabilidad en ese tema, que son el Ministerio Público y la Policía nacional”, reiteró Castaño Guzmán.

      El director Ejecutivo de la Finjus precisó que  se dan muchos casos en que la Policía no investiga bien un caso, o que los fiscales no formulan bien las acusaciones razón por la cual no se puede culpar a un juez de que ese expediente se caiga.

      Por igual criticó a jueces que favorecen con medidas de coerción consistente en garantía económica a elementos que son reincidentes en la comisión de un crimen o delito.

      Sobre la crisis comercial entre RD y Haití

      Castaños Guzmán responsabilizó al Estado Dominicano de los inconvenientes que están surgiendo con Haití con respeto a la comercialización de algunos rubros producidos en el país.

      Dijo que todos países que comparten frontera establecen acuerdos bilaterales en materias migratorias y comerciales “cosa que no ha hecho la República Dominicana”.

      Calificó como irresponsable el manejar los intercambios en materia de comercio con tantas informalidades como el que impera en las relaciones dominico-haitiano.

      “No me explico el por qué el Estado dominicano no procuró hace tiempo firmar un acuerdo de Libre Comercio con Haití para tratar de preservar un mercado tan atractivo para el país”, sostuvo.

      El director ejecutivo de la Finjus dijo que todas las críticas y condenas de que ha sido objeto el país con respeto a los haitianos se debe a la falta de una política migratoria definida.

      Por: El Carib
      e

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      Jueces participan en adiestramiento sobre Economía de la Competencia

      Jueces participan en adiestramiento sobre Economía de la Competencia

      El adiestramiento sobre “Economía de la Competencia”, facilitado por el experto en la materia doctor Diego Petrecolla

      28 DE JULIO DEL 2013

      SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los jueces de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Administrativo participaron en un adiestramiento sobre “Economía de la Competencia”, facilitado por el experto en la materia doctor Diego Petrecolla, como parte del programa de cooperación internacional de la Unión Europea que se ejecuta a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia).

      La presidente de Pro-Competencia, licenciada Michelle Cohen, al dar la bienvenida a los jueces, afirmó que Petrecolla pone a disposición de los magistrados dominicanos su amplia experiencia como consultor internacional y como ex presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina.

      Cohen señaló que los miembros del Consejo Directivo de Pro-Competencia quieren compartir conocimientos con los jueces para garantizar que la aplicación de la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08 se haga siguiendo el debido proceso para lo que se requiere la capacitación de los recursos humanos.

      Informó que ya el Consejo Directivo de Pro-Competencia decidió crear la Escuela de Derecho de la Competencia donde se continuarán formando los técnicos de la institución y estará abierta para todos los profesionales interesados en la correcta aplicación de la ley.

      Además de Cohen, son miembros del Consejo Directivo de Pro-Competencia la doctora Esther Aristy y los licenciados Antonio Rodríguez Mansfield, Magdalena Gil y Leyda Reyes.

      En el adiestramiento dirigido por Petrecolla participaron los magistrados de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Sara Henríquez Marín, Francisco Ortega, Ruth Arias, Marcia Castillo, Carolina Garrido y Jennifer Plata.

      Del Tribunal Superior Administrativo estuvieron presentes los magistrados Delfina Amparo de León, Judhit Contreras, Diomede G. Villalona, Fernando Fernández, Rafael Ciprián, Mildred Hernández, Franklin Concepción y Patricia Padilla.

      Asistieron, además, los abogados ayudantes del Tribunal Superior Administrativo Gina Barinas, Jarolyn Rosario López, Yilda Sánchez Mejía, Perla Dieguez y Simón D. Pichardo.

      También estuvieron los abogados ayudantes Marlene Agatha Moreta, Rita Aristy, Orquídea Germán, Patricia Canals y Jorge Luis Reyes.

      El adiestramiento fue impartido en el Hotel Holiday Inn este miércoles 24 de julio de 2013.

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      Finjus dice crítica a la Justicia del Presidente es verdad a medias

      Finjus dice crítica a la Justicia del Presidente es verdad a medias

      Redacción | ACTUALIZADO 28.07.2013 – 8:33 pm

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      El director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dijo que las quejas que ha expresado el presidente Danilo Medina en torno al papel que está jugando la justicia frente al crimen y la delincuencia es una verdad a medias.
          
      Recordó que esas fallas también existen en la Policía Nacional y el Ministerio Público, instancias que responden a las directrices del presidente de la República.

      Explicó que en los últimos tres años la población carcelaria del país se ha duplicado al pasar de 12 mil a 25 la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que están privados de su libertad.
          
      “Es una verdad a media la queja del presidente en torno a las fallas del Poder Judicial en el combate al crimen y la delincuencia, porque hay que recordar que también hay dos actores más que tienen responsabilidad en ese tema, que son el Ministerio Público y la Policía Nacional”, reiteró Castaños Guzmán.
          
      Precisó que  se dan muchos casos en que la Policía no investiga bien un caso, o que los fiscales no formulan bien las acusaciones, razón por la cual no se puede culpar a un juez de que ese expediente se caiga.
         
       Por igual criticó a jueces que favorecen con medidas de coerción consistente en garantía económica a elementos que son reincidentes en la comisión de un crimen o delito.

      En otra parte, el director ejecutivo de  la Fundación Institucionalidad y Justicia   dijo que esa entidad está dispuesta a mediar en la crisis que sacude al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y que tiene a esa organización política al borde de la división.
          
      El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán aclaró que dicha mediación solo será posible si las partes envueltas en el conflicto así se lo solicitan.
      Castaños Guzmán advirtió que por tratarse de una crisis política, la solución no está en los tribunales, sino en un acuerdo político entre las facciones que encabezan el expresidente de la República Hipólito mejía, y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado.

      Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11, el director ejecutivo de la Finjus dijo que esa institución está sumamente preocupada por la situación que atraviesa el partido blanco, al que definió como un pilar de la democracia y un patrimonio del pueblo dominicano.


      Por: La Información 

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      Empresarios exponen inquietudes a la SCJ

      NOTICIAS|29 JUL 2013, 12:00 AM|POR DIARIO LIBRE

      Empresarios exponen inquietudes a la SCJ

      Sostuvieron una reunión con el magistrado Mariano Germán Mejía

        SD. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, se reunió con los representantes del sector empresarial, quienes externaron una serie de consideraciones relacionadas con la administración de Justicia.

        Entre los aspectos que requieren mejoras y que afectan el desarrollo económico del país figuran la mora judicial, los embargos ilegales, la desnaturalización de los referimientos, uso exagerado de las vías de recursos y la necesidad de fortalecer la carrera judicial en relación a la formación de los jueces, así como la urgencia de un nuevo Código de Procedimiento Civil.

        Los empresarios, quienes destacaron los avances en los procesos en la Jurisdicción Inmobiliaria, solicitaron la continuación de dichas mejoras como mecanismo de atraer inversionistas extranjeros, así como la agilización de los procesos en la Oficina Regional de Mensuras Catastrales en Santiago.

        Además, solicitaron el respeto a las cláusulas arbitrales, mayor control a la hora de aplicar medidas cautelares y evitar que en materia laboral abogados “compren” los casos, entre otros aspectos.

        Los empresarios que manifestaron sus consideraciones fueron Marisol Vicens, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de la Empresa Privada; Ligia Bonetti, presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva; Patricia Bobea, directora de ANJE; José Manuel López Valdés, presidente de la Asociación de Bancos Comerciales; Fermín Acosta, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi); Kirsis Jáquez, presidenta de la Asociación Dominicana de Fondos de Pensiones y directora legal de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Alba Russo.

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        Sentencia Sobre Derechos fundamentales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Juez de los referimientos.

        Distinguidos(a) usuario(as) del Poder Judicial:

        Sírvanse encontrar adjunta la siguiente sentencia:
        • Derechos Fundamentales. Derechos fundamentales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Juez de los referimientos. Medidas conservatorias. Sentencia del 31 de octubre de  2012.
        Sentencia: Aquí 
        Atentamente
        Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)
        Consejo del Poder Judicial, República Dominicana
        Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó
        Centro de los Héroes – Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.
        CP: 1485; Tel: 809.533.3191, exts. 2189 y 2193; Fax: 809.532.3859Web: www.suprema.gov.do / www.poderjudicial.gov.do

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