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Consejo del Poder Judicial recomienda nueve ascensos a la Suprema Corte – Acento
28 Mayo 2012, 11:38 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral
1. Si un empleado en su labor hizo algo mal o no lo hizo a tiempo y por esa causa la empresa tiene que pagar un dinero, ¿es correcto que se le descuente este dinero al empleado?
En principio, los únicos descuentos permitidos son los indicados en los Art. 200 y 201 del CT. Sin embargo, nada impide que las partes acuerden el tipo de descuento que usted señala. En un caso así, el empleador tiene la opción de ejercer un despido (sin pago de prestaciones) por violación al Art. 88.7 del CT, pero por lo general el empleado no quiere perder su empleo ni las prestaciones, y por su parte el empleador desea evitar un pleito en los tribunales. Ambas cosas los conducen a acordar esa clase de descuentos.
2. ¿Puede un empleador rebajar el monto del preaviso no dado, es decir, no trabajado por el empleado, de los derechos adquiridos, digamos, del salario de Navidad?
No, no puede hacerlo, pues el Art. 86 del CT dispone que el preaviso no puede ser objeto de compensación de deudas. Eso quiere decir que el empleador tendría que interponer una demanda en cobro del preaviso, lo cual es muy inusual, aunque legalmente factible.
3. Tengo 6 años en una empresa donde entré como despachador, pero luego aprendí a facturar en la computadora, y ahora me ponen a hacer cosas que no son propias de mi trabajo: Me ponen a la vez a labores de oficina, y cuando llegan camiones, me ponen a apear mercancías, luego a cortar láminas en una máquina, y no sólo eso, también me mandan a cobrar, y ellos lo que me dicen es que todo eso es trabajo. Usted, ¿qué puede decirme al respecto?
Si necesita el empleo, converse con ellos para que le aumenten diciéndoles que usted está dispuesto a hacer lo que haya que hacer, pero que ahora usted está haciendo un trabajo que equivale al de varias personas, y que además no es el mismo para el que se le contrató originalmente.
Si no le importa perder el empleo, entonces dimita, pero antes vaya al MT, denuncie que le han variado las condiciones originales de contratación, consiga que un inspector haga una visita a la empresa, y a partir de ahí, con la orientación del propio inspector ejerza la dimisión. Eso significará un pleito en los tribunales, pero a la larga el pleito parece potable.
Tomando como referencia el derogado Código de Procedimiento Criminal, el Código Procesal Penal transformó en muchos aspectos el proceso penal dominicano en el sentido de hacer más eficiente la administración de justicia penal. Veamos algunos ejemplos:
Son múltiples los factores que pueden citarse para abonar la hipótesis de que el CPP busca hacer más eficiente la administración de justicia penal. Veamos ejemplos.
1) Incluye en la acción penal, la acción la pública a instancia privada y la acción privada, descargando al MP de infracciones que sólo se accionan por el interés de la víctima.
2) Al darle facultad al MP para aplicar criterios de oportunidad, pudiendo éste prescindir de la acción publica en determinadas hipótesis legales; y el establecimiento de medios alternativos de solución al conflicto penal (conciliación, mediación, suspensión condicional del procedimiento), se descarga a este funcionario de perseguir infracciones poco relevantes y concentrarse en los casos verdaderamente trascendentes.
3) La unificación del procedimiento ordinario para las infracciones correccionales y criminales, le ha dado más fluidez al procedimiento penal. En el caso de las contravenciones el procedimiento se ha simplificado de modo notable.
4) Un punto trascendente del CPP que garantiza una eficiente administración de justicia es organizar el procedimiento de tal modo que la acusación y su fundamento, los medios de prueba y el establecimiento de su legalidad, y en caso contrario su exclusión, las excepciones que quieran hacerse valer, todo ello, en principio, lo conocen y debaten las partes con antelación al juicio, siendo condición para su celebración. Se permite así que el juicio se desarrolle como un debate entre el acusador y la defensa, en torno a medios de prueba conocidos y aceptados, sin sorpresas, «sin barajas ocultas», por lo que las partes pueden preparar adecuadamente sus medios de acusación o de defensa.
5) El CPP establece plazos para que las autoridades realicen sus actuaciones, estando sujetos a sistema de consecuencias que pueden dar lugar, entre otras, a la extinción o la prescripción de la acción penal. Las partes tienen a su disposición vías de acción frente a la demora de las autoridades.
6) En varios casos se suprimen recursos precisamente por que tienen vocación para retardar el curso del conocimiento de la acción penal. Tal es el caso por ejemplo del envío por el Juez de la Instrucción del caso a la jurisdicción de juicio, decisión que no esta sujeta a apelación. Como el proceso sigue abierto, la parte inconforme tiene la oportunidad de hacer valer sus medios sin retardar el procedimiento.
7) El CPP integra la jurisdicción de juicio de primer grado por tribunales colegiados. Garantiza así que las sentencias sean el fruto de la elaboración y ponderación de un colectivo de jueces. En virtud de esto, si bien cualquiera de las partes puede apelar la sentencia, tiene que hacerlo invocando una causa en la sentencia o el proceso que haga a una u otro nulo o anulable por completo o en parte. Por eso, previo a conocer el fondo del recurso de apelación, la corte examina la admisibilidad o no del mismo. La apelación deja de ser por tanto una reacción mecánica ante toda sentencia desfavorable al interés de una de las partes, y solo se admite solo en cuanto el juicio del primer grado debe ser reformado. Es indudable que esto también contribuye a hacer más eficiente la administración de la justicia penal.
Formulario para el registro y actualización de Sociedades Comerciales por antes la DGII (RC-02)
| RC-02 | Declaración jurada para el registro y actualización de datos de sociedades |
Dice que se puede proceder ante una denuncia o querella
Los notarios suspendidos por un año son Francisco Martínez Vidal e Ivelisse Rivera Pérez
SANTO DOMINGO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia impuso sanciones disciplinarias de destitución, suspensión, así como descargos contra dos notarios públicos y otros cuatro abogados, a quienes se les conoció medidas disciplinarias por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Los notarios públicos de los del número del Distrito Nacional, separado y suspendida por un año, son los abogados Francisco Martínez Vidal e Ivelisse Rivera Pérez, respectivamente, imputados de haber violado los artículos 1, 56 y 61 de la Ley Núm. 301, sobre Notariado, de 1964.
En tanto que fueron inhabilitados por 6 meses en el ejercicio de la profesión el doctor Luis E. Peláez Sterling y la doctora Magaly Calderón García, encontrados culpables de violar los artículos: 1, 2, 27, 30 y 75, ordinal 2 del Código de Ética del Profesional del Derecho.
En relación a la sanción contra los doctores Peláez Sterling y Calderón García, el alto tribunal confirma de esa manera una sentencia emitida por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), contra la decisión disciplinaria número 011-2010, de fecha 26 de noviembre de 2010, que condena a dichos profesionales.
Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia descargó a los licenciados Víctor R. Guillermo y Yoany Antonia Reyes Izquierdo, por no haber incurrido en violación a la Ley Núm. 111, sobre Exequátur de Profesionales, de fecha 3 de noviembre de 1942, modificada por la Ley Núm. 3958 de 1954.
El régimen disciplinario tiene por objetivo contribuir a que los profesionales cumplan leal, eficiente y honestamente sus deberes y responsabilidades frente a la sociedad.
Entre los deberes esenciales que la profesión de abogado impone a todo profesional del Derecho, se encuentran la probidad, la ética, la moderación y la fraternidad.
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