El Registro Nacional de Contribuyentes de las Sociedades Comerciales a la luz de la Norma General No. 02-2011

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Publicado por DIARIO LIBRE
18 Marzo 2011
De. – Derecho económico
El Registro Nacional de Contribuyentes de las Sociedades Comerciales a la luz de la Norma General No. 02-2011
El pasado 10 de marzo, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió la Norma General No. 02-2011 que modifica la Norma General No. 05-2009 para regular diversos aspectos del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de los diferentes vehículos societarios incorporados por las leyes Nos. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y 31-11 que modifica la Ley No. 479-08.
Dicha Norma en sus dos primeros artículos modifica respectivamente el literal i) del Art. 1 y el inciso b) del artículo 2 ambos de la Norma No. 05-2009; dicha modificación consiste en excluir la distinción de Sociedades Anónimas de Suscripción Privada y de Suscripción Pública que fuere eliminada, a su vez, por la Ley No. 31-11; así mismo, se incluye el tipo societario Sociedad Anónima Simplificada (SAS) incorporado a nuestro ordenamiento legal por la referida Ley No. 31-11.
Por su parte, el Artículo Tercero agrega el Párrafo IV al Art. 7 de la Norma No. 05-2009 para incluir entre las causas de inactivación del RNC por parte de la DGII, el registro de un domicilio fiscal diferente al domicilio social de la empresa hasta tanto se registre el domicilio correcto; así mismo, en virtud de las disposiciones de dicho nuevo párrafo podrá inactivarse el RNC cuando el contribuyente incurra en cualquiera de las faltas o delitos estipulados en el Código Tributario Dominicano.
En ese sentido, cabe señalar las disposiciones del Art. 50 del mencionado Código en su literal e) cuando establece la obligación del contribuyente de notificar a la Administración Tributaria los cambios de domicilio, así como cualquier cambio de situación que pueda afectar la obligación de la responsabilidad tributaria -dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha en que se realicen estos cambios- cuya inobservancia es considerada un incumplimiento a las obligaciones formales conforme lo estipula el Art. 257 del mismo Código el cual, entre otras, sanciona dicha falta.
En otro orden, el Art. Cuarto de la Norma No. 02-2011 agrega el Párrafo VIII al Art. 14 de la modificada Norma General No. 05-2009 indicando que cuando una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada decida transformarse en un tipo societario de los reconocidos por la Ley de Sociedades, deberá pagar el impuesto correspondiente al capital social convenido en los estatutos o en el contrato de sociedad, lo cual significa que aún en el caso de que se transforme en una SAS se le exigiría el pago de este impuesto.
Tales disposiciones parecerían encontrar fundamento en el Art. 6 de la Norma No. 02-2011 el cual agrega el Artículo 17-bis que establece que las SAS estarán sujetas a las disposiciones de la Ley No. 1041 sobre Impuesto de Constitución de Compañías y de Aumento de Capital, en un claro intento de suplir lagunas de la Ley No. 31-11; sin embargo, es preciso recordar que conforme consagra el Artículo 93 numeral 1 literal a) de la Constitución de la República es atribución del Congreso Nacional “…establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión…”
Por último, el art. 5 de la Norma No. 02-2011 modifica el Párrafo I del Art. 17 de la Norma No. 05-2009 cuando estipula que durante el cese temporal de operaciones de la empresa se suspenden las obligaciones de declarar los impuestos cuya fecha de declaración y pago sea mensual.
Envíe sus preguntas a: l.feliz@phlaw.com, m.rodriguez@phlaw.com, i.andrickson@phlaw.com

De Pellerano & Herrera

+ Consultas en Materia Laboral (Varias: Domesticas, Retribución extraordinaria, salario promedio diario)

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Publicado por EL PERIODICO HOY
22 Marzo 2011, 12:19 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral
1. Quiero saber si existe y cuál es el artículo del CT que dice que los empleados domésticos no tienen liquidación.
Es el Art. 259 del CT, que dice “el contrato de trabajo de los domésticos se rige exclusivamente por las disposiciones de este Título”. Se trata del Título IV, denominado “Del trabajo de los domésticos”, que es parte del Libro IV del CT, destinado a la “regulación oficial de las condiciones de algunos contratos de trabajo”.
A partir de lo indicado en el Art. 259 del CT, se desprende que a los domésticos no se les aplica ninguna de las disposiciones del CT, que no sean las indicadas en el citado Art. IV, o sea los Arts. 258 a 265 del CT.
A parte de eso, la jurisprudencia constante de la SCJ, de más de 60 años, ha confirmado que a los domésticos no se les aplica las disposiciones sobre preaviso y auxilio de cesantía.
2. Dirijo una ONG y no tenemos presupuesto para aumentar salarios, pero tenemos un pequeño fondo para dar un incentivo mensual, comunicándole a los empleados que no es un aumento de su salario. ¿Podría algún empleado exigir luego que se le pague prestaciones laborales en base a este incentivo también?
Si, cualquiera de los empleados podrá exigir que ese incentivo se incluya para el pago de prestaciones, pues se trata de una retribución regular o mensual.
Para que quede fuera de la base de liquidación, usted tendría que pagar ese incentivo en una, dos o tres partidas (no más) a lo largo del año; de ese modo conservará el carácter de retribución “extraordinaria”, y no entra en la base de cálculo de prestaciones.
3. Trabajo en una empresa con un horario de trabajo de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Mi descanso se supone que son los sábados y domingos; ahora bien, ¿cómo se me pagarían mis días de descanso si los trabajo también?
Conforme al Art. 164 del CT a usted habría que pagarle su salario aumentado en un 100%. Por ejemplo, si su salario es de RD$15,000.00, hay que dividirlo entre 23.83 (factor reglamentario cada vez que haya que determinar el salario diario, Art. 32 del Reglamento 258-93 de 1993), de lo que resulta un salario diario de RD$629.45. Eso querrá decir que si lo ponen a trabajar un domingo, en la siguiente quincena habrá que pagarle adicionalmente esos RD$629.45.

+ Sobre el Código Procesal Penal (Continuación) disposiciones relativas a la libertad, la seguridad y la integridad personales.

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Publicado por DIARIO LIBRE

16 Marzo 2011

CPP. – Código Procesal Penal

En el CPP de la pasada semana luego de comentar las inquietudes planteadas por el lector sobre el hecho de incluir en la nueva Constitución disposiciones de derecho procesal penal y de aclararle que las mismas no eran contradictorias con las contenidas en el CPP, procedimos a enumerar las más importantes, lo que continuamos en esta entrega. Reproducimos las disposiciones relativas a la libertad, la seguridad y la integridad personales.
Art. 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto: i) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito; ii) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse; iii) Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos; iv) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención; v) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare; vi) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona; vii) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente; viii) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho; ix) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar; x) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales; xi) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente; xii) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente; xiii) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa; xiv) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro xv) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados; (…); xvii) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad.
Art. 42.- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia: i) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica; (…); ii) Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. (Continuará).

Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com

De Guillermo Moreno

+ Consultas en Materia Laboral (LECTURA RECOMENDADA)

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Publicado por el PERIODICO HOY
14 Marzo 2011, 11:42 PM

CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

Especialista en derecho laboral

1. Gano RD$15,000 fijos + RD$7,000 de combustible + comisiones variables. La empresa nunca nos ha dado las vacaciones en base a todo lo que ganamos; sólo en base al sueldo fijo. Por otro lado, la empresa, aunque es pequeña, es muy productiva: Si a la producción anual se restan costos de operación (sueldos, materiales, energía e impuestos), tendría buen resultado. Sin embargo, los propietarios hacen uso del excedente para comprar propiedades, viajes, vehículos, etc.; al final nunca reportan beneficios porque supuestamente estos gastos son costos de operaciones de la empresa, y por ende no nos otorgan la bonificación del 10% que establece el CT. Me gustaría tener su opinión sobre este caso.

En cuanto al pago de vacaciones en base al sueldo base, sin incluir el monto fijo de combustible ni las comisiones, ese empleador está violando la ley en su perjuicio. Usted tiene básicamente dos caminos: (1) Si desea conservar su empleo, denuncie el hecho al MT como un hecho que afecta a todos los empleados y pídale al inspector actuante que no revele su nombre. Normalmente, la visita del inspector provocará que la empresa rectifique su proceder; (2) Si a usted no le importa perder su empleo, pero desea asegurar el pago de prestaciones laborales, reclame por escrito que le paguen las vacaciones completas, y si no lo hacen, solicite un inspector de trabajo que levante acta de la situación, y si aun así ellos no rectifican, usted puede ponerle término por dimisión, lo que eventualmente le dará derecho al pago de prestaciones laborales.
En cuanto al no reparto de utilidades debido a gastos adicionales tales como reinversiones, compras consideradas “no prioritarias” (viajes, vehículos, etc.), no creo que usted ni ningún empleado pueda objetar tales expendios, pues los mismos son parte del poder de dirección de sus negocios que la ley le confiere a todo empleador, en adición a su condición de propietario de la empresa.
Sólo un accionista, socio o co-propietario podría tener derecho a objetar o condicionar tales gastos, pues los mismos son facultativos y derivados del derecho de propiedad.
Ahora bien, si se tratase de gastos irreales o fraudulentos que tienen por efecto reducir la participación de los trabajadores en las utilidades, entonces usted tendría derecho a ejercer las acciones previstas en los Arts. 202 y 225 del CT.

DGII emite norma actualiza inactivación del RNC

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Publicado por EL NACIONAL

9 Marzo 2011, 2:29

DGII emite norma actualiza inactivación del RNC

La Dirección General de Impuestos Internos emitió estemiércoles la Norma General 02-2011 en la que actualiza y modifica las medidas tomadas en la Norma General 05-2009 sobre RNC e implementación de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.
Esta medida se dispone a partir de la recién promulgada Ley 31-11 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, del 10 de febrero de 2011, donde introduce modificaciones a la Ley 479-08, con la cual se hace necesaria la adaptación del Registro Nacional de Contribuyentes a sus disposiciones, a los fines de regular, desde el punto de vista fiscal, el proceso de adecuación y transformación de las sociedades comerciales existentes.
La “Norma General 02-2011 que modifica la Norma 05-2009 sobre RNC e implementación de la Ley de Sociedades”, que se publica este jueves en la prensa nacional, introduce cambios en el Literal i) del Artículo I, en el inciso b del Artículo 2, agrega el Párrafo IV al Artículo 7, el Párrafo VIII al Artículo 14, modifica el Párrafo I del Artículo 17 y también incluye una Sub-sección a la Sección III de la pasada Norma.
Entre estas modificaciones figura la introducción de la nueva figura societaria, Sociedad Anónima Simplificada (SAS) y elimina la antigua clasificación de la Sociedad Anónima de “Suscripción Privada” y de “Suscripción Pública”, y otras. Las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) estarán sujetas a las disposiciones de la Ley 1041 y sus modificaciones, respecto al Impuesto de Constitución de Compañías y de Aumento de Capital.
El Artículo 1 de la Norma 02-11 establece que las Personas Jurídicas son las sociedades y las entidades que se constituyan, se adecúen o se transformen de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Sociedades. Las sociedades pueden ser Sociedades Anónimas (S.A.); Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S), Sociedades en Nombre Colectivo (S. en C); Sociedades en Comandita Simple; Sociedades en Comandita por Acciones; Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y Entidades Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL). Asimismo, las asociaciones sin fines de lucro reguladas de acuerdo a la Ley 122-05 sobre la Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro en República Dominicana, así como las enunciadas por el Código Tributario para el tratamiento de personas jurídicas.
Mientras, el Artículo 2 dispone que las partes sociales de las sociedades reconocidas por la Ley de Sociedades, como son: los intereses en las Sociedades en Nombre Colectivo y las Sociedades en Comandita Simple y las cuotas sociales en las Sociedades en Responsabilidad Limitada, así como las obligaciones representadas por títulos en las Sociedades Anónimas Simplificadas y las Sociedades Anónimas, tienen el mismo tratamiento fiscal que las acciones definidas por la Ley 31-11 para las Sociedades Anónimas y las Sociedades en Comandita por Acciones.
Por otro lado, Artículo 3 de la nueva norma agrega al Artículo 7 sobre Inactivación del RNC donde se dispone que esta Dirección General también podrá inactivar el RNC cuando se verifique que el domicilio fiscal registrado por el contribuyente no corresponde al domicilio social o al principal establecimiento de la empresa, y hasta tanto se registre el domicilio correcto, y cuando se compruebe que el contribuyente incurrió en una o varias de las faltas o delitos estipulados en el Código Tributario Dominicano.
Mientras, la Norma 02-11 agrega el Párrafo VIII del Artículo 14 de la Norma 05-09 sobre el Patrimonio de las Empresas Individuales. En lo adelante se establece que la EIRL que decida transformarse en un tipo societario de los reconocidos por la Ley de Sociedades, deberá pagar el impuesto correspondiente al capital social que se establezca en el contrato de sociedad o en los estatutos.
En la norma, Impuestos Internos anuncia que el cese temporal de operaciones de una Sociedad suspende las obligaciones de declarar los impuestos cuya fecha de declaración y pago es mensual.
Sin embargo, no suspende la obligación de presentar las declaraciones anuales de Activos y de Impuesto Sobre la Renta, en los plazos fijados por el Código Tributario para la presentación de estos Impuestos.
Para mayor información puede acceder a la web de Impuestos Internos http://www.dgii.gov.do o infórmese vía telefónica al (809)-689-2181 a las EXT: 2105 y 2120.

+ Sobre el Código Procesal Penal (La Constitucion como fuente del Derecho Procesal Penal)

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09 Marzo 2011
CPP. – Código Procesal Penal
La nueva Constitución conforme afirman importantes juristas del país, incluye el más completo glosario de disposiciones en materia procesal penal. No entiendo por qué razón la constitución se debe ocupar de una materia jurídica especializada que incluso tiene un código de recién promulgación. ¿Hay armonía entre las disposiciones de la constitución y el código o aquella deroga artículos de éste?

No es contradictorio que la Constitución en su articulado incluya disposiciones de naturaleza procesal penal o sustantivo penal. Se sigue en esto una muy vieja tradición con la que se busca darle categoría constitucional a determinados principios, derechos y libertades de la persona humana que se ponen en juego en el proceso penal. Al consagrarse en la Carta Magna se asegura su respeto estricto y fuera de toda duda al tiempo que se evita que el legislador ordinario pueda modificarlo fruto de conveniencias políticas coyunturales.

En esta materia la mayor novedad de la nueva constitución es la separación entre “los derechos fundamentales” de “las garantías a los derechos fundamentales”. Los mismos están consagrados en el Título II, en los capítulos I y II, respectivamente de la constitución y abarcan desde el artículo 37 al 73.

En principio, el conjunto de disposiciones contenidas en la Constitución en materia procesal penal son de tipo garantista o del sistema acusatorio por lo que el Código Procesal Penal esta en armonía con ellas. Sí pueden señalarse matices de redacción en el texto constitucional que pudieran dar lugar a interpretaciones jurisprudenciales del contenido de algunos artículos del CPP. Pero no debemos adelantarnos. Esperemos.

A continuación transcribo las principales disposiciones de carácter penal y procesal penal o relacionadas a estas materias contenidas en la nueva constitución.

i) Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

ii) Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: 1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes; (…) ; 4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohibe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género; (…) Continuará.

Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com