Ven que crearía un exceso de control la Ley de Responsabilidad Fiscal

Ven que crearía un exceso de control la Ley de Responsabilidad Fiscal:

El MEPyD hizo observaciones a los diputados sobre 18 artículos.

El MEPyD hizo observaciones a los diputados sobre 18 artículos.

SANTO DOMINGO. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) advirtió a la Comisión de Deuda Pública y Activos Financieros de la Cámara de Diputados, apoderada del estudio del proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que si se aprueba esa iniciativa como fue propuesta, provocaría un exceso de control de la política fiscal y tendría efectos macroeconómicos indeseables.

A través de una carta, el titular de esa cartera, Temístocles Montás, manifiesta que aunque el proyecto de ley es positivo, su aplicación puede ser compleja, y que su contenido es más ambicioso que su enunciado.

Sobre las reglas al gasto público, de la deuda pública y del balance fiscal considera que la imposición de éstas crearía serias restricciones para la política fiscal como herramienta de la política económica.

Se refiere a que el proyecto establece un crecimiento moderado de los gastos del Sector Público No Financiero (SPNF), inferior al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), una meta de cero déficit del SPNF y un tope de deuda consolidada del sector público del 40 % del PIB. “La combinación de reglas de gasto, de deuda y de balance, en los montos provistos en el proyecto de ley, introduce una alta rigidez al sistema fiscal, que en ausencia de estabilizadores automáticos de gasto exacerba la pro-ciclicidad de la política fiscal”, señala.

También, advierte que el proyecto no contempla un periodo de transición para cumplir las reglas propuestas por lo que aprobarlo como está propuesto dificultaría su aplicación en la practica “e introduciría considerables choques macroeconómicos en la economía”.

Destaca que al solo permitir que las obras de infraestructuras sean financiadas a través del endeudamiento, impidiendo que el crédito público financie los gastos corrientes, provocaría una crisis en la redistribución de los recursos fiscales que no haría viable formular el presupuesto y/o el cumplimiento de la ley.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Deuda Pública y Activos Financieros de la cámara baja, José (Bertico) Santana, informó que se realizará un seminario en julio venidero sobre esa iniciativa legislativa.

(Via diariolibre.com)

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La Procuraduría, Policía, DNCD y SCJ se coordinan para una eficiente justicia penal

La Procuraduría, Policía, DNCD y SCJ se coordinan para una eficiente justicia penal:

La reunión se produjo en el despacho de Germán Mejía.

La reunión se produjo en el despacho de Germán Mejía.

SANTO DOMINGO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía, acordó con la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) establecer una mesa permanente de coordinación para lograr una mayor eficiencia en la justicia penal.

Con tales propósitos, sostuvo una reunión con el jefe policial, Manuel Castro Castillo; el presidente de la DNCD, Julio César Souffront Velásquez, el general Nelson Rosario Guerrero, y los procuradores adjuntos, Rodolfo Espiñeira, primer sustituto del Procurador General de la República, y Juan Cedano, director general de Persecución del Ministerio Público. El objetivo es realizar las coordinaciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema de justicia penal de la República Dominicana.

El magistrado presentó una propuesta de trabajo con el objetivo de lograr mayores niveles de coordinación interinstitucional y poder alcanzar una justicia penal más eficiente.

“Si queremos que la justicia penal funcione, es necesario que trabajemos en coordinación, y en respeto al rol que cada una de nuestras áreas debe asumir para su buen funcionamiento. Por eso, los aquí presentes debemos identificar la problemática y buscar en conjunto las alternativas que le garantice al país la seguridad jurídica”.

(Via diariolibre.com)

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Presidente Tribunal Constitucional aboga por poder jurisdiccional sin presiones políticas, económicas y sociales

Presidente TC aboga por poder jurisdiccional sin presiones políticas, económicas y sociales:

El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara  abogó por la existencia de un poder jurisdiccional que actúe sin presiones ni conveniencias gubernamentales, políticas, económicas o sociales como garantía institucional para asegurar la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que les permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva.

El doctor Ray Guevara, habló de las consideraciones durante la ponencia en el marco de celebración del XX Encuentro de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Salas y Cortes Constitucionales de América Latina, con sede en Argentina.

Dijo que los riesgos más graves a la independencia judicial de hoy no provienen necesariamente de los gobernantes ni de los sectores económicos conservadores, y que el orden constitucional enfrenta nuevos enemigos, que actúan de modo oculto y no abierto.

“Se trata de los poderes invisibles, de lo que Luigi Ferrajoli, profesor de derecho de la universidad de Roma, ha denominado los “poderes salvajes”, poderes muchas veces ilícitos, como los de la criminalidad transnacional organizada, poderes muchas veces privados, como las mega corporaciones nacionales e internacionales”, añadió el doctor Ray Guevara.

El magistrado Ray Guevara dijo que el origen de la independencia judicial estuvo ligado a la necesidad de erigir un muro de contención para evitar que los gobernantes pudieran disponer arbitrariamente de la vida, la libertad y las propiedades de sus súbditos. De modo que la independencia judicial es consecuencia del principio de separación de poderes, y uno de los componentes indispensables de la Constitución liberal.

En su ponencia el presidente del TC expuso que el poder jurisdiccional, debe ser independiente no solo de los poderes públicos, sino también de aquellos poderes invisibles, y poderes privados, como los medios de comunicación, las iglesias, el empresariado, los partidos políticos o grupos de presión que pudieran entorpecer su labor y que el mismo debe actuar al abrigo de presiones externas de cualquier índole.

Entiende el doctor Milton Ray Guevara, que la independencia del poder jurisdiccional tiene como consecuencia el reconocimiento de la triple autonomía: funcional, administrativa y presupuestaria. La primera está implícita en el principio de independencia, en la medida en que este asegura el carácter imperativo de las decisiones jurisdiccionales y la obligación de las autoridades y los particulares de acatar lo decidido y que las decisiones del TC adquieren una dimensión superior a la de la sola “autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”, ya que la Constitución establece que estas además “constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

El presidente del TC dejó claro que “en una sociedad democrática todos los poderes públicos, y el Tribunal Constitucional no es la excepción, están expuestos al escrutinio ciudadano”.

La autonomía administrativa procura no solo evitar la intromisión de los otros poderes en la administración de la jurisdicción, sino también dotar a los jerarcas del poder jurisdiccional de la potestad para el cumplimiento de los fines encomendados por la Constitución y las leyes, y la independencia judicial es, una garantía institucional que procura asegurar los derechos fundamentales de la ciudadanía, permitiendo a las personas requerir la protección de sus derechos.

El magistrado Milton Ray Guevara enfatizó que las sentencias del TC, en su generalidad, son ejecutadas sin mayores inconvenientes por los poderes públicos y los particulares.

El TC goza de un prestigio incuestionable en la sociedad y sus principales decisiones son reseñadas en la prensa nacional y generando discusiones públicas.

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Cury propone admitir amparo contra sentencias

Cury propone admitir amparo contra sentencias:

Julio Cury.

Julio Cury.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. -El doctor Julio Cury propuso legislar para consagrar las hipótesis puntuales para imponer acción de amparo contra sentencias que violen o amenacen derechos fundamentales.

Cury dijo que en un estado social y democrático de Derecho como lo es la República Dominicana, la cosa juzgada es susceptible de ser atacada cuando atente contra derechos fundamentales.

Alegó que “más temprano que tarde” el Tribunal Constitucional será abrumado de trabajo porque actualmente las sentencias firmes sólo pueden recurrirse en revisión constitucional, lo cual, según Cury, ha provocado un alud hacia esa alta corte.

“Mi propuesta contribuiría a descargar de trabajo al Tribunal Constitucional. Por supuesto, deben limitarse los casos en que procedería el amparo, entre los que debería incluirse cuando no se cuente con otro mecanismo eficaz para restablecer el derecho fundamental violado o cuando trate de evitarse la consumación de un perjuicio irreparable”, explicó.

Dijo que no propone nada nuevo porque hace más de 20 años que en Colombia admite accionar en amparo contra fallos que configuren una vía de hecho. “Si la decisión adolece de defectos sustantivos, fácticos, orgánicos o de procedimiento, es decir, si el tribunal actúa arbitrariamente, basa su decisión en normas inaplicables o se desvía del procedimiento legal para instruir el litigio, procede el amparo a condición de que un derecho fundamental se encuentre amenazado”.

El reconocido jurista agregó que si un tribunal de fondo incurre en una vía de hecho que por una razón técnica no haya podido ser remediada por la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, debería habilitarse el amparo como remedio procesal siempre y cuando tenga por propósito salvaguardar derechos fundamentales.

(Via noticiassin.com)

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FINJUS dice que funciones policiales son “incompatibles” con ocupaciones empresariales

FINJUS dice que funciones policiales son “incompatibles” con ocupaciones empresariales:

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, declaró hoy que las funciones policiales son incompatibles al ejercicio de la profesión de abogado, poseeer compañías de guardianes privados así como compañías de armas de fuego.

Durante un debate acerca de la Reforma de la Policía Nacional en el que participaron además legisladores y la oficial de gobernabilidad del Programa Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), Angie Bergés Peña; Castaños Guzmán agregó que en esta reforma institucional la prioridad debe ser la carrera policial y el control interno de los policías.

Expresó que pese a la importancia de que los policías devenguen mejores salarios, “este no es un tema de una Ley de Policía”, por lo que la primacía sería mejorar las relaciones entre el jefe de la Policía y el jefe del Ministerio de Interior y Policía, como también todo lo que tiene que ver con el entendimiento con el Ministerio Público.

En el encuentro anunciaron que el jurista Nassef Perdomo representará a FINJUS y al PNUD, en las discusiones técnicas sobre el anteproyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado, quien llamó a la Policía a romper los círculos de violencia y acabar con los famosos “intercambios de disparos”.

De su lado, la representante del PNUD resaltó la importancia de poder lograr una pieza legislativa que tome en cuenta los derechos humanos y que impulse un cambio real en la Policía Nacional.

Mientras que el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez, deploró el hecho de que personas acudan a “un delincuente conocido” cuando tienen algún tipo de conflicto en su comunidad, antes que apelar a la ayuda de los agentes del orden público.

Manifestó que estas son de las cosas que debe mejorar la Policía, por lo que les instó a mejorar la imagen institucional.

Acuerdo FINJUS-PNUD 

FINJUS y el PNUD suscribieron un convenio de cooperación para ofrecer apoyo técnico tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo sobre los detalles y el enfoque global en derechos humanos y prevención que debe contener la ley que resulte del proceso.

(Via diariolibre.com)

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Exigen tipificar el feminicidio en el Código Penal

Exigen tipificar el feminicidio en el Código Penal:

Protesta frente al Congreso.

Protesta frente al Congreso.

SANTO DOMINGO. El Foro Feminista manifestó ayer su rechazo a lo que considera intenciones de representantes de la alta jerarquía de la iglesia Católica de impedir la despenalización del aborto terapéutico y la tipificación del feminicidio en el nuevo Código Penal, actualmente en discusión en el Congreso Nacional.

Durante una protesta realizada frente a la sede del Congreso Nacional, el Foro indicó que “la tipificación del feminicidio visibiliza la mayor peligrosidad y gravedad que conlleva dar muerte a una mujer mediando ideologías machistas y relaciones desiguales de poder del autor sobre la víctima”.

Respecto a la despenalización del aborto, señaló que República Dominicana es uno de los ocho países del mundo en que se criminaliza el aborto en todas las circunstancias, y que este hecho “nos ubica en la reducida lista de países que en siglo XXI aún no reconocen que la total penalización del aborto representa una flagrante violación de derechos humanos”.

“La penalización del aborto sin excepciones, impone la maternidad forzada a las mujeres y niñas víctimas de violación”, dijo.

(Via diariolibre.com)

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Código Procesal Penal (Artículos 47, 48, 49)

Código Procesal Penal:

La Reforma Procesal Penal.

Artículos 47, 48, 49

En el CPP anterior iniciamos la exposición sobre la modificación de los artículos 47 y 48. Estos artículos son parte de la sección 5 que trata sobre la prescripción. Esta se define como la extinción de un derecho, en este caso de ejercicio de la acción penal, por haber transcurrido el plazo determinado por la ley a esos fines. Como expresa el artículo 46, la prescripción corre, se suspende o se interrumpe. Los artículos 47 y 48 tratan de las causas de interrupción y de suspensión, respectivamente.

Pues bien, la reforma introducida en el proyecto de modificación de los artículos 47 y 48 consiste en lo siguiente. Actualmente, en el artículo 47 se contempla “la rebeldía del imputado” como una causa de interrupción de la prescripción. En la reforma se elimina como causa de interrupción, y se pone en el artículo 48 como una de las “causas de suspensión”.

Se trata de la corrección de un grave error procesal que está contenido en el CPP. De acuerdo con la disposición del artículo 47, el imputado rebelde, esto es, que se sustrae de la persecución y enjuiciamiento, pone a correr en su favor el plazo de la prescripción. Esto significa que si era lo suficientemente hábil para mantenerse oculto durante el plazo de la prescripción, se liberaba de la acción penal.

La reforma corrige en parte esta situación. Al incluir la “rebeldía del imputado” como una causa de suspensión, significa que el plazo de la prescripción no sigue corriendo durante el tiempo de la rebeldía. Al cesar ésta entonces continúa corriendo el plazo de la prescripción en el punto donde quedó suspendida.

Realmente, la reforma que se propone resuelve en parte el asunto. Somos partidarios de que en el artículo 48 se incluya como causa de la suspensión de la prescripción “la rebeldía del imputado”. Pero ésto debe completarse agregando en el artículo 47 que es causa de interrupción de la prescripción “El cese de la rebeldía del imputado”. Esto último busca que al producirse la captura o entrega del imputado rebelde, el plazo comience de nuevo.

El artículo 49 por su parte estipula varios crímenes imprescriptibles, específicamente los casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad. La reforma que se propone añade también como imprescriptibles “los crímenes de agresión”. Realmente se trata de corregir un error en el CPP, pues en el Tratado de Roma, para la creación de Tribunal Penal Internacional, que es la fuente de este artículo, y del cual es parte la RD, se incluyen los crímenes de agresión también con un carácter imprescriptibles.

Es lamentable que el reformador se haya limitado en este artículo a proponer como imprescriptibles sólo estos crímenes, que si bien importantes, tienen muy poca relevancia en el derecho interno dominicano.

Somos partidarios de que se incluyan también como imprescriptibles los crímenes de corrupción, narcotráfico, delitos de sangre y robos agravados. Es inaceptable que a crímenes como éstos, que causan un daño tan grave a la sociedad, se le pretenda aplicar el olvido social al transcurrir 10 años. Ésta es tal vez la forma más grave de impunidad, pues se da al amparo y con la protección de la ley.

Cualquier pregunta o comentario dirigirlo a: gmorenocpp@gmail.com

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Domínguez Brito: “Grandes desfalcos y crímenes se hacen para mantener amantes

Domínguez Brito: “Grandes desfalcos y crímenes se hacen para mantener amantes:

Santo Domingo.-El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró este martes que los grandes “desfalcos y crímenes” que se cometen en el país ya no se hacen para comer, sino para “mantener tres amantes y a cada una ponerle un apartamento de 10 millones de pesos”.

Domínguez Brito expresó que en el país “quien coge lo ajeno no es el más pobre y que los grandes crímenes lo hacen aquí quienes no les falta dinero para comer”.

Manifestó que en el país hay profesionales que merecen mejores condiciones de trabajo, salarios, seguridad social, seguro médico, pensiones, entre otras, que dan su vida y que merecen un mayor reconocimiento y que hay gente que tiene demasiado que merecen una sanción, más que un reconocimiento.

El jefe del Ministerio Público indicó, que se observa que quien hace lo malo y quien coge más lo ajeno no es el funcionario más pobre, no es el hombre y mujer que lucha, y que humildemente intenta  echar hacia adelante a su familia.

El funcionario sostiene que por el contrario, los grandes desfalcos y los grandes crímenes lo hacen aquí lo que no le falta dinero ni para comer, ni para sus hijos, y que los ejemplos están ahí en cualquier escenario y habla de narcotráfico y habla de carteles, de sicariato, de la trata y tráfico de personas y de la corrupción administrativa.

“Ya no es comer, tienen tres amantes y a cada una tienen que ponerle un apartamento de 10 millones, disfrutan unos niveles de vida injustificable”, adujo procurador, tras responderle a Héctor Flavio Rosario, supervisor nacional de la Iglesia de Dios de la Profecía, quien cuestionara que se esté buscando seguridad ciudadana cuando policías y maestros desempeñan su labor con salarios precarios que no le garantizan sus calidades de vida.

Domínguez Brito ofreció estas declaraciones tras participar en la mesa de diálogo que sostuvo  con iglesias cristianas en la sede de Servicios Bíblicos Evangélicos.

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Senadores analizan proyecto de ley del Código Civil

Senadores analizan proyecto de ley del Código Civil:

Senadores analizan proyecto de ley del Código Civil:

Senadores (imagen de archivo).

Senadores (imagen de archivo).

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La comisión permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado se reunió hoy para analizar el proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana, procedente de la Cámara de Diputados.

La cámara alta informó de que a la reunión asistió Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral JCE), para discutir el proyecto y hacer algunas observaciones.

Rosario Márquez consideró que el Código Civil se encuentra “bastante avanzado”.

En la comisión también se discutió el proyecto de ley que autoriza a la JCE a convocar la celebración de elecciones extraordinarias parciales en el distrito municipal Don Juan Rodríguez, provincia La Vega.

Asimismo, como el que convoca en Mamá Tingó del municipio de Yamasá, provincia Monte Plata; en el Distrito municipal Zambrana Abajo, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez; y en el Distrito municipal Tavera, provincia La Vega, cuyas autoridades duraran en sus funciones hasta el 16 de agosto de 2016.

El presidente de la comisión, Francis Vargas, explicó que a estos proyectos de ley se les harán algunas modificaciones para luego rendir un informe favorable en la próxima sesión.

(Via noticiassin.com)

(Via ajasociados.blogspot.com)

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La Iglesia opuesta a la tipificación del feminicidio en el Código Penal, según Colectiva Mujer y Salud

La Iglesia opuesta a la tipificación del feminicidio en el Código Penal, según Colectiva Mujer y Salud:

SANTO DOMINGO.- La Colectiva Mujer y Salud denunció hoy una supuesta injerencia de le Iglesia católica en la discusión de la reforma del Código Penal, con el interés de que no sea tipificado el feminicidio y no se adopte el principio o estado de necesidad para interrumpir el embarazo por razones médicas.

La organización le endilga a la Iglesia haber incurrido en la última década, en presiones, amenazas y hasta chantajes contra los legisladores dominicanos, para imponer sus posiciones doctrinales particulares a toda la población.

Tras definir como “incomprensible” el proceder eclesiástico, la Colectiva Mujer y Salud se pregunta cómo es posible que a estas alturas la Iglesia se oponga a una medida que busca combatir el feminicidio, “en un país donde los asesinatos de mujeres alcanzan la categoría de catástrofe nacional”.

“Y no sólo se opone, sino que utiliza el argumento baladí de que la calificación resulta discriminatoria contra los hombres, por no existir en el Código la contrapartida del ‘masculinicidio’”, razona la entidad dirigida por la activista Sergia Galván.

Reitera su firmeza en la convicción de que la prohibición del aborto viola los derechos fundamentales de la mujer a la autodeterminación, a la integridad corporal, a la dignidad, a la intimidad y a la salud.

Considera que con relación a los aspectos en el Código Penal relativos al aborto, las posiciones de la Iglesia alcanzan un grado de fanatismo extremo, al solicitar 30 a 40 años de prisión para la mujer que aborte, por considerar que la acción debe ser castigada como homicidio premeditado. Además, pide la eliminación del párrafo del artículo 90, que permitiría la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en establecimientos de salud públicos o privados, siempre que el mismo se produzca como consecuencia de un estado de necesidad, es decir, cuando el embarazo represente un peligro actual o inminente para la vida de la mujer.

De acuerdo con la entidad de la sociedad civil, el principal argumento de la Iglesia en este sentido es que ante una complicación que ponga en peligro la vida de la mujer, el médico “está obligado a luchar para salvar las dos vidas y si en este esfuerzo uno de los dos muere no hay ninguna responsabilidad penal”.

Define este posición como “lenguaje canónico cifrado para edulcorar un poco la posición despiadada e inhumana de la Iglesia frente el aborto terapéutico, que se reduce a lo siguiente: el embarazo no debe interrumpirse nunca, aunque muera la mujer, porque el embrión es una persona y como tal tiene el mismo derecho a la vida que la mujer adulta”.

La Colectiva Mujer y Salud se pregunta igualmente, si la sociedad dominicana, por vía de sus legisladores, debe permitir que la Iglesia imponga su visión “extremista, oscurantista y misógina”.

“La oposición de la Iglesia a la anticoncepción y al aborto terapéutico son una cuestión doctrinal particular que en todo caso correspondería cumplir a ese 56% de la población dominicana que se identifica como católica según el Latinobarómetro del 2012 (57% según la Penn & Schoen del 2013)”, plantea la organización.

Sostiene que bajo ninguna circunstancia el país debe permitir que esa doctrina sea impuesta a todos con fuerza de ley, porque sólo las teocracias proceden de esa manera –“y cabe recordar que hasta en las teocracias más recalcitrantes, como Irán y Arabia Saudita, se permite el aborto terapéutico”.

Reitera su firmeza en la convicción de que la prohibición del aborto viola los derechos fundamentales de la mujer a la autodeterminación, a la integridad corporal, a la dignidad, a la intimidad y a la salud.

“La sociedad dominicana está decididamente a favor de la despenalización del aborto terapéutico, como muestran todos los estudios y encuestas de los últimos años. Los nuevos e insólitos argumentos eclesiales en contra de la tipificación del feminicidio con toda seguridad merecerán también el rechazo de la ciudadanía”, argumenta.

Asimismo, insta a la población a expresar su indignación frente a las exigencias de la Iglesia por todas las vías a su alcance, como por ejemplo, a través de llamadas o cartas a los legisladores, participar en programas radiales por la vía telefónica y uso intensivo de las redes sociales,

Además, invita a la actividad “Temprano contra los feminicidios”, a celebrarse el martes 17 de junio, a las 7:30 de la mañana frente al Congreso.

(Via 7dias.com.do)

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