+ Consultas en Materia Laboral (Principio de la Territorialidad de las Leyes Laborales)

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado en el Periodico HOY

24 Noviembre 2008, 11:00 PM
CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

¿Qué regulación laboral se aplica a un trabajador que inicie un contrato de trabajo en el extranjero y es enviado en misión a la República Dominicana, para luego ser transferido a otro país, o a un nacional que es contratado en el territorio nacional y luego es enviado a prestar su servicio en el extranjero?


La persona contratada en cualquiera de las dos situaciones señaladas en pregunta tendrá derecho a demandar ante la jurisdicción laboral de cualquiera de los países en los que haya prestado servicios, en virtud del Principio de la Territorialidad de las Leyes Laborales, que es reconocido y admitido por la gran mayoría de países del mundo.
No obstante, en la práctica, es decir en la realidad , lo más común es que se demanda en la jurisdicción laboral del país en donde se le puso término al contrato, o sea el último país en donde el empleado prestó sus servicios; pero nada impide que se haga en cualquiera de los otros países en donde también se ejecutó el contrato.
Hay dos aspectos en que la Doctrina (o sea los expertos en Derecho Laboral) está de acuerdo, y son los siguientes:
• Primero, que la jurisdicción (o tribunal) que esté apoderada del caso, necesariamente tendrá que aplicar y juzgar el caso conforme a las leyes de “policía del trabajo” y conforme a las normas de “orden público” vigentes en el país a que pertenezca la jurisdicción apoderada. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el caso es conocido aquí las normas procesales que se aplicarán serán la previstas en el Código de Trabajo de la República Dominicana, y no las leyes procesales de los demás países en que el trabajador prestó servicios;
• Segundo, la Doctrina concuerda en que las partes, al momento de la contratación, o incluso durante la ejecución del contrato, pueden elegir cualesquiera de los derechos extranjeros con los que el contrato tenga alguna relación razonable, sin que esto implique renuncia del trabajador a la protección más favorable que le otorguen las leyes laborales del país en donde interpuso su demanda y en donde se juzga su caso.
Si usted desea abundar más sobre el tema, le sugiero consultar las siguientes obras: “Manual de Derecho del Trabajo”, Tomo 1, página 126, de Lupo Hernández Rueda, 9° edición. Editora Dalis. Moca, 2004; y “Derecho del Trabajo”, Tomo 1, página 147, de Rafael Alburquerque, 2° edición. Ediciones Trajano Potentini. Santo Domingo, 2003.

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Prisión preventiva)

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 26/ Nov. /2008

CPP. – Código Procesal Penal

Prisión preventiva.

Con frecuencia en la prensa se informa de que un juez dispuso que un imputado debía durar en prisión preventiva 18 meses, es decir un año y medio, lo que encuentro excesivo sobre todo si uno de los argumentos que más se esgrime para justificar el nuevo código procesal penal es que nadie debe sufrir una pena anticipada y debe presumírsele inocente hasta no ser condenado. Lucas Ramírez.

Lo primero es que el CPP establece plazos de cumplimiento riguroso para que el MP y los jueces realicen la instrucción preparatoria, el juzgamiento y le pongan término al proceso penal, corriendo el riesgo, de no observarlos, de que el proceso sea anulado.El CPP establece plazos ordinarios para los asuntos penales ordinarios. Pero en algunos casos el asunto a ser investigado o juzgado es complejo, atendiendo a determinados factores especificados en la ley. Para esos casos el CPP crea un sistema de plazos extraordinarios, luego de que el Juez de la Instrucción admite declararlo como un asunto complejo. Es importante entender que el proceso penal no es mera formalidad, sino la organización de unos procedimientos conforme a unas reglas que tienen como finalidad arrojar unos resultados respecto del vínculo de una determinada persona y unos hechos punibles que se le imputan o de los que se les acusa su comisión. Por tanto el legislador no puede establecer plazos como para llenar una formalidad, sino que éstos deben ser los adecuados para que razonablemente se pueda hacer la investigación o llevar a cabo el proceso. Si el legislador estableciera plazos únicos estaría ignorando que los hechos punibles son de una variada complejidad y diversidad y que no todos pueden ser reducidos a un solo esquema de investigación o de procesamiento. El CPP, en su artículo 366 enumera varias hipótesis que pueden dar lugar a que un hecho punible pueda ser declarado complejo y por tanto beneficiarse de los plazos propios del mismo: 1) pluralidad de hechos, 2) elevado número de imputados, 3) elevado número de víctimas, 4) casos de delincuencia organizada. Corresponde al MP solicitar la aplicación de este procedimiento. Solo puede disponerse antes de cualquier requerimiento conclusivo. Si el juez lo acoge, debe emitir una resolución motivada.La consecuencias que conlleva autorizar el procedimiento complejo, transforman el procedimiento ordinario, en lo que se refiere a los plazos: El plazo máximo del proceso se aumenta de tres a cuatro años; el plazo ordinario de la prisión preventiva de 12 meses, se aumenta a 18 meses; el plazo del procedimiento preparatorio ordinario de 3 meses se aumenta a 8 meses; los plazos para la presentación de los recursos se duplican; se autoriza al MP a aplicar criterios de oportunidad, en los casos en que el imputado colabora eficazmente con la investigación, entre otras facultades.

De Guillermo Moreno

SCJ destituye dos jueces

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

SCJ destituye dos jueces
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia destituyó por haber cometido faltas
graves en el ejercicio de sus funciones a los magistrados Anulfo Guerrero
Vásquez y Daniel Rafael Cauto Alberto, quienes se desempeñaban como
Juez de Paz del Municipio de Villa Isabela, Provincia de Puerto Plata y Juez
del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Francisco de
Macorís, respectivamente.
El juez Anulfo Guerrero Vásquez fue declarado culpable en virtud del
incumplimiento de sus deberes de conformidad con las disposiciones de los
artículos 60, 62 y 66 de la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial; los
artículos 147 y 149 del Reglamento de Carrera Judicial y los artículos 73 y
siguientes del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.
Mientras Daniel Rafael Cauto Alberto violó los artículo 67 de la Constitución
de la República; los artículos 59, 60 ,62 y 66 de la Ley No. 327-98 sobre
Carrera Judicial; los artículos 147 y 149 del Reglamento de Carrera Judicial
y varios artículos del Código de Ética Iberoamericano.
El Pleno estableció que el objeto de la disciplina judicial es garantizar el
respeto a las leyes, la observancia de una buena conducta y el cumplimiento
de los deberes oficiales por parte de los magistrados del orden judicial.

+ preguntas sobre migración (Visa para presentaciones musicales).

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 25/ Nov. /2008

USA. – La columna de migración

Visa para presentaciones musicales. Tengo una visa B1B2 desde hace varios años. Siempre he estado en un grupo musical, pero es la primera vez que se nos presenta la oportunidad de hacer algunas presentaciones en Nueva York y New Jersey. ¿Usted cree que puedo viajar con esa visa que tengo o debo obtener otra visa? La mayoría de los muchachos y muchachas del grupo tienen visa, y estamos considerando la posibilidad de hacer el viaje prontamente.

Anónimo Es imprescindible que tanto usted como sus compañeros obtengan una visa P para poder hacer esas presentaciones en los Estados Unidos. De lo contrario, estarían todos violando las disposiciones sobre la Ley de Inmigración. Recuerden que para ese proceso se debe obtener la aprobación de USBCIS en los Estados Unidos, el cual enviará una aprobación que usted llevará al Consulado.

Por favor envíe sus preguntas a: karinaperezrojas@hotmail.com, para citas llame al 809-566-9615

Sentencia de la SCJ sobre la Querella Contra el Senador Wilton Guerrero (Inadmisible

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

REPUBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Rec. Hilario González González
Inadmisible
Audiencia pública del 19 de noviembre de 2008.
Preside: Jorge A. Subero Isa.
Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
En Nombre de la República, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, hoy 19 de noviembre de 2008, años 165° de la Independencia y 146° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:
Siendo las 9:00 horas de la mañana de la fecha precedentemente mencionada, el Magistrado Presidente declara abierta la audiencia pública para conocer sobre la querella directa con constitución en actor civil, interpuesta por el Hilario González González, contra Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, Senador de la República, por presunta violación a los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento;
1
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído al alguacil llamar al imputado Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, quien se encuentra presente;
Oído al imputado en sus generales de ley;
Oído al alguacil llamar al querellante Hilario González González, quien está presente;
Oído al querellante en sus generales de ley;
Oído a la secretaria verificar la presencia de las partes;
Oído a los Dres. Cándido Simón Polanco y Freddy R. Mateo Calderón, en representación de la parte querellante y actor civil, Hilario González González;
Oído a los Dres. Rafael Paz y Roger Vittini, y los Licdos. Juan Manuel Alcántara y Juan Antonio Delgado, en representación de Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, imputado;
Visto el artículo 67, inciso 1 de la Constitución de la República;
Visto la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156-97 de 1997;
Considerando, que el 9 de septiembre de 2008, Hilario González González interpuso una querella directa con constitución en actor civil ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia en contra de Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, Senador del Congreso Nacional por la provincia Peravia, por alegada difamación e injuria, hechos previstos y sancionados por los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento;
Considerando, que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia emitió el 6 de octubre de 2008 el Auto núm. 18-2008, apoderando al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer de la referida querella de acción privada con constitución en actor civil y fijó la audiencia de conciliación para el 15 de octubre de 2008;
Considerando, que en la referida audiencia de conciliación los abogados del querellante y actor civil expresaron a esta Corte lo siguiente: ^”Que tengáis a bien levantar acta de no conciliación entre las partes, ordenando en consecuencia, la apertura a juicio, convocando a las partes…”; y los abogados del imputado concluyeron de la siguiente manera: ^”Que conforme a las disposiciones del artículo 361, parte in fine, la digna presidencia convoque a juicio siguiendo lo preceptuado por las disposiciones trazadas por el Código Procesal Penal…”;
Considerando, que la Suprema Corte de Justicia, después de retirarse a deliberar, falló de la siguiente manera: ^”Primero: Levanta acta de no conciliación entre las partes y ordena la apertura a juicio fijándose el conocimiento del mismo para el miércoles 19 de noviembre del año 2008 a las 9:00 horas de la mañana, valiendo citación para las partes presentes y representadas; Segundo: Concede a las partes un plazo de cinco (5) días para depositar ante la secretaría de este tribunal las pruebas que van a hacer valer y el orden en que las mismas serán aportadas, así como los incidentes y recusaciones, en virtud de las disposiciones de los artículos 305 y 361 del Código Procesal Penal; Tercero: Reservan las costas”;
Considerando, que en atención a la anterior convocatoria los Dres. Cándido Simón Polanco y Freddy R. Mateo Calderón, en representación del querellante y actor civil, depositaron en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 22 de octubre de 2008, los documentos que harían valer con relación a su acusación;
Considerando, que de igual modo y en ocasión de la convocatoria anterior, los Dres. Miguel Ángel Prestol y Norberto Rondón, así como los Licdos. Marino Feliz Rodríguez y Rafael Cordero, en representación del imputado, depositaron el 22 de octubre de 2008 en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, una instancia contentiva del escrito de incidentes, excepciones y presentación de pruebas y orden de la presentación de las mismas, por violación a derechos fundamentales contenidos en el escrito de querellamiento y actor civil;
Considerando, que el 7 de noviembre de 2008, Hilario González González, depositó en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, un escrito de contestación de incidentes y presentación de contrapruebas;
Considerando, que el inciso 1ro. del artículo 67 de la Constitución de la República le atribuye a la Suprema Corte de Justicia competencia para conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Senadores, Diputados, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República, Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de Apelación, Abogados del Estado ante el Tribunal de Tierra, Jueces del Tribunal Superior de Tierra, a los miembros del Cuerpo Diplomático, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y los Jueces del Tribunal Contencioso Tributario;
Considerando, que la parte in fine del artículo 361 del Código Procesal Penal, establece que si no se alcanza la conciliación, el juez convoca a juicio conforme las reglas del procedimiento común; que de igual manera el artículo 305 del mismo cuerpo legal, dispone que las excepciones y cuestiones incidentales que se funden en hechos nuevos y las recusaciones son interpuestas en el plazo de cinco días de la convocatoria al juicio y son resueltas en un solo acto por quien preside el tribunal dentro de los cinco días, a menos que resuelva diferir alguna para el momento de la sentencia, según convenga al orden del juicio;
Considerando, que es de principio la facultad de los jueces de acumular o no el conocimiento de los incidentes que puedan presentarse en el proceso con el fondo de la contestación, puesto que dicha acumulación tiende a evitar tácticas dilatorias y aplazamientos innecesarios de los procesos, basados en aquellos que son inútiles; sin embargo, existen incidentes, que de ser acogidos, podrían determinar la solución del caso, lo cual haría innecesario continuar conociendo el fondo del proceso, evitándole así, a la parte que lo propone con éxito, el rigor de un juicio penal;
Considerando, que en ese orden de ideas, el imputado Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, por intermedio de sus abogados, propone los siguientes incidentes: “a) Excepción de falta de acción porque no fue legalmente promovida. 1. Errónea subsunción de los hechos a los tipos penales: La sedicente y presunta víctima General Hilario González invoca la violación de los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley No. 6132, de 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, alegando que elsenador Guerrero lo ha difamado e injuriado a través de diversos medios decomunicación, en efecto en su escrito acusatorio deposita ejemplares certificados delos periódicos…. además de copias de videos de declaraciones a través de los canalesde televisión 4 y 37, pero ignora que al hacerlo así y a la vez sustentar dichos textos,está orientando su imputación a los denominados delitos de prensa, entre los quefiguran la difamación y la injuria, sin embargo, pasa por alto el orden de lasresponsabilidades penales, imperado por los artículos 46 y 47 de la referida ley, queal referirse el acusador a publicaciones en particular aparecidas en medios de prensaescrita, estaba en la obligación de poner en causa a los directores de laspublicaciones, señalando en cada caso a cada uno de éstos como autor principal, esdecir, a redactores firmantes de las notas que recogían las declaraciones del senadorGuerrero, tenían que ser citados como cómplices, calidad que tambiéncorrespondería al senador en virtud del artículo 60 del Código Penal; b) Nulidad porimprecisión del hecho incriminado. El acusador y actor civil incurre en un discrimende porciones o trozos de textos recogidos mayormente de la prensa escrita, segúnexpone. No hay una clara especificación de los casos en que se halla configurado eldelito de difamación o el delito de injuria y en tales situaciones cuál ha sido el textode ley violado; la precisión y calificación del hecho incriminado es una de lasexigencias fundamentales en la persecución de los delitos de prensa, según el artículo54 de la Ley 6132…se halla prescrita a pena de nulidad de la persecución…; c)Inadmisibilidad por falta de formulación precisa de cargos, el mayor error de laacusación en el caso de la especie es, sin duda la imprecisión en la formulación de los cargos, pretendiendo despacharse con “una ligera cronología de las reseñasrecogidas por algunos de los medios de comunicación”, no aclara cuándo se está enpresencia de una difamación o de una injuria y porqué; lejos del desarrollo de unateoría del caso que apoyada en las debidas proposiciones fácticas condujera aelaborar una teoría jurídica sostenible, la acusación se explaya en vaguedades, elescrito acusatorio no discierne entre los tipos penales a que alude; la imprecisión enla formulación de cargos de que adolece la acción penal intentada por el Generalpolicial González y González deviene imperseguible por ser violatoria del artículo 8,inciso 2, literal j, de la Constitución de la República, y los artículos 19 y 294.2 delCódigo Procesal Penal, 14.3, letra a, del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, 8.2, letra d, de la Convención Americana de Derechos Humanos y 54 de laLey No. 6132, de 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento … que el acusadorprivado olvidó que las primeras declaraciones públicas emitidas por el senadorGuerrero, fueron en el seno del Congreso Nacional, donde todo lo que loslegisladores puedan expresar o decir, del tema que sea, está provisto de lainmunidad que otorga el fuero legislativo y que luego de ahí es que la prensa recogelas informaciones que publica y que alega son difamatorias e injuriosas el generalGonzález, amén de que también olvidan que a la prensa le asiste un deber deinformar y que, independientemente, de que el senador Guerrero no dieraposteriores declaraciones sobre su intervención por ante la Cámara del Senado, yaesas declaraciones tenían el carácter público y por ende tanto el senador comocualquier otra persona las podía difundir utilizando cualquier medio decomunicación…en tal sentido esta acusación carece objeto sustancial, como lo es, la indicación del lugar en donde, presuntamente, se produjeron las mencionadas informaciones difamatorias e injuriosas, ya que sin esta parte fáctica se estaría estableciendo una presunción de culpabilidad en contra del legislador Guerrero, en razón de que sólo el lugar de ocurrencia de un hecho puede establecer, fehacientemente, el conjunto de circunstancias y situaciones en la que el mismo ocurrió lo que hace posible la narración histórica por ante los juzgadores; esto también hace posible la producción y búsqueda de las pruebas, razones que lejos de producir un agravio al acusador Hilario González, le producen un agravio al encartado Guerrero, toda vez que le vulnera el derecho de defensa, en el sentido de la aportación de las pruebas de descargo; estas razones son más que suficientes para declarar nula y sin ningún efecto jurídico la acusación formulada en contra del senador de la provincia Peravia Wilton Guerrero Dumé, finalizando así, la persecución penal en su contra mediante la presente excepción…”;
Considerando, que entre los principios rectores o fundamentales del debido proceso penal, está la formulación precisa de cargos, garantía que establece que toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra desde que se le señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible;
Considerando, que por su lado, el artículo 54 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, del 15 de diciembre de 1962, expresa: “La citación precisará y calificará el hecho incriminado e indicará el texto de ley aplicable a la persecución. Si la citación es a petición del querellante, contendrá elección de domicilio en la ciudad donde tenga su sede la jurisdicción apoderada y será notificada tanto al prevenido como al ministerio público. Todas estas formalidades serán observadas bajo pena de nulidad de la persecución”; previsión que ha sido concebida con el fin de garantizar a la persona citada para responder por violación a la ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, estar enterada previamente de los hechos de la prevención puestos a su cargo, a fin de que pudiera preparar convenientemente sus medios de defensa;
Considerando, que nuestro actual sistema procesal, la acción penal privada, impulsada por la víctima constituida en actor civil, a la cual la ley le ha conferido la persecución, por esta vía, de hechos punibles que afectan intereses individuales de la misma, trazando para ello un procedimiento especial, donde se le autoriza a presentar acusación conforme lo establece la norma procesal penal, lo que significa que la víctima pasa a ocupar la función de acusador privado, y en tal virtud sus pretensiones, constituyen el marco del apoderamiento del tribunal;
Considerando, que el querellante le atribuye al querellado haber violado los artículos siguientes de la Ley núm. 6132, del 15 de diciembre del 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, 29, el cual textualmente dispone lo siguiente: “Constituye difamación toda alegación o imputación de un hecho que encierre ataque al honor o la consideración de la persona o del organismo al cual se impute el hecho. La publicación o radiodifusión, directa o por vía de reproducción, de tal alegación o de tal imputación es castigable, aún cuando se haga en forma dubitativa o si alude a una persona o a un organismo no mencionados de manera expresa, pero cuya identificación se haga posible por los términos de los discursos, gritos, radioemisiones, películas, amenazas, escritos o impresos, carteles o edictos incriminados. Constituye injuria toda expresión ultraje, término de desprecio o invectiva que no conlleve imputación de hecho alguno”, 30, el cual expresa: »`La difamación cometida por uno de los medios enunciados en los artículos 23 y 29 en perjuicio de las Cortes y Tribunales, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de las Cámaras Legislativas, de los Ayuntamientos y otras instituciones del Estado, será castigada con pena de prisión de un mes a un año y con multa de RD$ 50.00 a RD$ 500.00, o con una sola de estas dos penas”, 31, el cual dice lo siguiente: “Se castiga con la misma pena establecida en el artículo 30 la difamación cometida por los medios anunciados en los artículos 23 y 29 en perjuicio: a) De uno o más miembros del Gabinete; b) De uno o más miembros de las Cámaras legislativas; c) De uno o más funcionarios públicos; d) De uno o más depositarios o agentes de la autoridad pública; e) De uno o más ciudadanos encargados de algún servicio o de un mandato oficial, temporero o permanente; f) De un testigo en razón de su deposición. Este artículo sólo se aplica a la difamación cometida en razón de las funciones o calidad de las personas a quienes se considere agraviadas”, 32, el cual expresa lo siguiente: »`La difamación contra las mismas personas, por los mismos medios señalados en el artículo 31, en relación con su vida privada, está regida por el artículo 33”, 33, el cual dispone lo transcrito a continuación: »`La difamación cometida en perjuicio de los particulares por uno de los medios enunciados en los artículos 23 y 29 se castigará con pena de quince días a seis meses de prisión y con multa de RD$ 25.00 a RD$ 200.00, o con una de estas dos penas solamente. La difamación cometida por los mismos medios contra un grupo de personas, no designadas por el artículo 31 de la presente ley, pero que, pertenecen por su origen a una raza o a una religión determinada, se castigará con pena de un mes a un año de prisión y con multa de RD$ 25.00 a RD$ 200.00, cuando tuviere por objeto provocar sentimientos de odio en la población”, y 34, que establece lo siguiente: “La injuria cometida por los mismos medios en perjuicio de los organismos o personas designados por los artículos 30 y 31 de la presente ley se castigará con pena de seis días a tres meses de prisión y con multa de RD$ 6.00 a RD$ 60.00 o con una sola de estas dos penas”; que, como se advierte, el querellante le imputa a Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, Senador de la República, una gama de violaciones penales sin precisar en cuál tipo se enmarca su comportamiento, lo que constituye una ambigüedad que invalida el querellamiento;
Considerando, que ciertamente tal y como plantea el imputado, la querella con constitución en actor civil elaborada por Hilario González González, acusador privado al amparo de las disposiciones del artículo 32 del Código Procesal Penal, le encarta una serie de infracciones cuyos tipos penales, además de disímiles, son excluyentes al concurrir el uno con el otro, lo que se traduce en una imprecisión y falta de sustanciación de su imputación, lo que hace el ejercicio eficaz de su derecho de defensa irrealizable; que procede, por consiguiente, declarar inadmisible la acusación de que se trata;
Por tales motivos,
F A L L A
PRIMERO: Acoge el incidente planteado por la defensa técnica del imputado Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, Senador de la República, y en consecuencia, declara inadmisible la acusación interpuesta por Hilario González González, en contra del encartado Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, por presunta violación a los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, por imprecisión de la formulación de los cargos; Segundo: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes; Tercero: Compensa las costas.
Así ha sido hecho y juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en su audiencia del 19 de noviembre de 2008, años 165º de la Independencia y 146º de la Restauración.
Jorge A. Subero Isa
Rafael Luciano Pichardo Eglys Margarita Esmurdoc
Hugo Álvarez Valencia Juan Luperón Vásquez
Margarita A. Tavares Julio Ibarra Ríos
Enilda Reyes Pérez Dulce Ma. Rodríguez de Goris
Víctor José Castellanos Estrella Ana Rosa Bergés Dreyfous
Edgar Hernández Mejía Darío O. Fernández Espinal
Pedro Romero Confesor José E. Hernández Machado
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.
Grimilda Acosta

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Recurso de revisión)

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado en DIARIO LIBRE

En fecha 19/11/2008

CPP. – Código Procesal Penal

Recurso de revisión
En la prensa se ha estado planteando que la Suprema Corte de Justicia conozca de un recurso de revisión respecto de un caso que tuvo mucha difusión ante la opinión pública y respecto del cual ya se interpuso y se decidió un recurso de casación que fue desfavorable a los acusados. Esta situación me ha planteado cierta confusión sobre la naturaleza de ambos recursos. ¿Es posible conocer de un recurso de revisión luego de haberse decidido sobre el mismo caso un recurso de casación? Dionisio Jiminián.
Sí es posible. Digamos primero que la Suprema Corte de Justicia, apoderada de un recurso de casación carece de competencia para conocer de nuevo los hechos relativos a la infracción, en el caso de la materia penal, lo que sería por ejemplo examinar si el acusado cometió o no los hechos y en esa virtud si es o no culpable. La SCJ ha de limitarse a examinar, si en el caso, el derecho tanto en su expresión formal (derecho procesal) o en su expresión sustantiva (derecho penal) ha sido correctamente aplicado. Si la SCJ confirma la sentencia objeto del recurso de casación ésta adquiere la autoridad de la cosa definitivamente juzgada, y en principio no puede ser objeto de ningún recurso, salvo del recurso de revisión en las situaciones a que nos referiremos. Si la SCJ acoge el recurso puede por si misma anular la sentencia impugnada o enviar su conocimiento a un tribunal competente.
El recurso de revisión tiene un carácter excepcional, siendo la primera condición para su interposición que se trate de una sentencia irrevocable o lo que el CPP denomina “sentencia definitiva firme” y respecto de la cual ocurra una circunstancias que modifique las premisas sobre las que se dio el fallo, la que de haberse producido o conocido en el momento de la decisión hubiera provocado de seguro una sentencia diferente. El ejemplo clásico que siempre se cita es el caso de una persona condenada por el homicidio de una persona que luego se comprueba estaba con vida al momento de la condena.
El CPP en su artículo 428 incluyó las situaciones que pueden dar lugar al recurso de revisión, algunas muy novedosas como por ejemplo que se produzca un cambio jurisprudencial de la SCJ que favorezca al condenado, con lo que se otorgó al recurso una considerable amplitud.
El recurso de revisión es de la competencia de la Cámara Penal de la SCJ y de modo expreso el CPP autoriza el recurso contra las decisiones de cualquier jurisdicción. La SCJ, si rechaza el recurso, confirma la sentencia atacada. Si anula la sentencia, nuestro más alto tribunal puede dictar directamente la sentencia del caso u ordenar la celebración de un nuevo juicio ante la jurisdicción correspondiente. Este recurso puede ser presentado nuevamente, aún después de rechazado, si se funda en motivos distintos a los planteados la vez anterior.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com

+ preguntas sobre migración

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por LISTIN DIARIO
Yadira Responde
Yadira Morel – 11/18/2008



Pregunta: Mi esposo, ciudadano americano, le gustaría que mi hija y yo viajemos con él. Qué debemos hacer? Cuál es la solicitud? Qué tiempo dura? O debemos solicitar una visa de paseo? Ayúdenos.
Respuesta: Si tu esposo reside con ustedes en el país, pueden solicitar una visa de paseo, para lo cual deben demostrar que tienen lazos económicos que los atan al país. Deben de estar seguros que la niña no es ciudadana americana, ya que en algunos casos los hijos de ciudadanos americanos derivan ciudadanía, si el padre cumple con los requisitos de presencia física. Si tu esposo quiere irse a vivir a Estados Unidos, tiene que hacer una petición de residencia, el formulario es el I-130.
Pregunta: El 31 de mayo del 2005 viajé a New Jersey y regresé a Santo Domingo el 20 de junio del mismo año, es decir mi estadía fue de 21 días como suelo hacer ya que solo viajo de vacaciones. En días pasados encontré el I-94 que se debe de entregar al salir de los Estados Unidos. Nunca me he quedado ni por un mes, prueba de que no me quedé, es que renové visa el 22 de agosto del mismo año, (la misma fue renovada nuevamente por 10 años), para la cual tuve entrevista con el cónsul. Mi pregunta es, que debo hacer?
Respuesta: El I-94 es un documento muy importante. Es donde el servicio de migración los admite legalmente y les indica el tiempo que se les autoriza a permanecer en territorio americano. Es muy importante entregarlo al salir de Estados Unidos, ya que registra su cumplimiento con la ley. Si no lo entregó puede enviarlo por correo con una serie de requisitos que indican que usted regresó a su país. Sin embargo, como su visa le fue renovada después de esto, no creo que deba preocuparse.
Pregunta: Estoy casada con un cubano que no tiene residencia dominicana. Nosotros queremos viajar a los Estados Unidos y nos gustaría saber cuales son los procedimientos para nuestro caso y bajo que concepto debemos solicitar la visa en caso de calificar para la misma.
Respuesta: Tu esposo cubano para poder solicitar visa en el consulado americano en la República Dominicana, necesita ser residente o ciudadano dominicano.

+ Consulta Laboral

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Tomado del PERIODICO HOY

17 Noviembre 2008, 11:39 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. A una Trabajadora que ha adoptado un niño recién nacido, ¿le corresponde licencia pre y post natal?
Estas licencias, por lo menos las seis semanas siguientes al parto, parece que son para atender a la criatura, pero no se aplica cuando el niño es adoptado, aunque se trate de una criatura recién nacida.
El Código de Trabajo dominicano no establece nada al respecto.
Sin embargo, en casos así el juez está obligado a dar solución al caso y no puede alegar “silencio, oscuridad o insuficiencia de ley” (Art. 4 del Código Civil).
A esto se añade que de acuerdo al criterio de la Suprema Corte de Justicia “La jurisprudencia, aplicación de la ley, teniendo en cuenta su espíritu, y los principios que rigen la materia, puede y debe subsanar las deficiencias literales de que ella adolezca, porque de lo contrario quedaría desvirtuado su objeto, que es el social y contrariados del todo los fines de utilidad y equidad que tuvo en mira el legislador, por defectos puramente textuales” (Suprema Corte de Justicia, 10 de marzo de 1909, B. J. 1, páginas 11-12).
En ese sentido pienso que lo más apropiado sería acudir a lo que los abogados llamamos el Derecho Comparado.
En Francia, país de origen de nuestra legislación, el Código de Trabajo (Artículo L. 122-28-10) ofrece una solución similar a la que usted infiere en su consulta, y es la siguiente:
“Todo asalariado, a los fines de la adopción de un niño […tendrá] el derecho a un descanso remunerado por una duración máxima de seis semanas […]
El asalariado debe informar a su empleador […] al menos dos semanas antes de su salida”
Tal vez esta información puede serle útil para negociar con su empleador un posible descanso a causa de la adopción del niño.
2. Somos una junta de vecinos que está iniciando; queremos contratar un guardián y deseamos saber si debemos pagarle prestaciones, luego de los tres meses de servicio.
El Código de Trabajo no indica un régimen laboral especial para empleados de juntas de vecinos, pero sí un régimen para el servicio doméstico en casas de familia, sin pago de prestaciones laborales, y un régimen con pago de prestaciones para quienes prestan servicios a “consorcios de propietarios de un condominio” (Artículo 258 Código de Trabajo).
A nuestro juicio, por analogía (mutatis mutandi), a los empleados de juntas de vecinos debe dársele el mismo tratamiento que la ley le reconoce a los de condominio.

Constitución y creatividad judicial

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Constitución y creatividad judicial

Felix Tena

Investigador Asociado de FINJUS

17 oct. 08
La justicia constitucional toca la epidermis de las sociedades democráticas. Que una corporación judicial, órgano no legitimado por el voto mayoritario, pueda controlar decisiones que tomen órganos electos en las urnas, encuentra un sólido valladar ante el concepto, tradicionalmente aceptado por la doctrina, que reduce la democracia a una forma de gobierno. Se trata de la objeción también llamada “contramayoritaria”, que fue la punta de lanza de la crítica de Schmitt contra la propuesta de Kelsen de un control judicial de la constitucionalidad, y es un tema recurrente en la doctrina norteamericana, que han dedicado arduos debates en torno al “activismo judicial”.
Las teorías elaboradas para solventar la “objeción democrática” al control constitucional son variopintas: desde la insuflación de contenido a la democracia a través del reconocimiento de una dimensión sustancial que corresponde a la garantía de los derechos fundamentales como límites infranqueables contra las mayorías (Dworkin, Ferrajoli); el cambio del horizonte de referencia de la legitimación, de democracia a republica (Zagrelbesky); hasta una postura procedimentalista que erige el control constitucional en una garantía de las condiciones de representación vía el respeto a las reglas del juego democrático y la protección de las minorías desempoderadas. (Ely).
Sea cual sea el fundamento teórico que sustente la labor de una jurisdicción constitucional, lo cierto es que ésta tiene ante sí el reto de mantener vivificado el espíritu de la constitución (en especial de los derechos fundamentales que ésta contiene) en la dinámica social. Es que los derechos no están fijados en un momento pretérito de la historia, sino que emergen de las injusticias y evolucionan en la medida que la dinámica social, ligada al progreso, genera nuevas necesidades o peligros para el ser humano (Bobbio). De ahí que la justicia constitucional no puede, aunque quiera, encapsular su actuación al texto de la constitución, está llamada a ser creativa en defensa de los derechos fundamentales, porque de lo contrario la constitución moriría ahogada en su propio originalismo.
Pero la creatividad pone en peligro la independencia judicial y constituye una causa para el torpedeo de la clase política. Es por ello que la jurisdicción constitucional tiene que desarrollar un liderazgo carismático capaz de servir de contrapeso al liderazgo de los actores políticos y, al mismo tiempo, una actitud de cautela que evite, en la medida de lo posible, los enfrentamientos directos con los poderes públicos (Miller). Aunque jamás debe abstenerse «en los asuntos políticos particularmente espinosos o candentes, así como en aquellos que afectan al hipersensitive nerve of public opinion» (Revenga Sánchez), porque normalmente los titulares de los derechos envueltos en aquellos son los individuos y grupos menos favorecidos (y más impopulares) socialmente, y, por tanto, negarse a fallar significa renunciar al rol de defensa de la libertad. Lo importante es toda decisión creativa o evolutiva esté sustentada en una interpretación y argumentación jurídica adecuada que le permita enmarcar sus fundamentos en razonamientos que sean admitidos como posibles por la comunidad de interpretes. Ello supone hacer acopio de la doctrina y la jurisprudencia comparada, para que sea la razón y no la autoridad lo que de fundamento a la decisión.

Tomado de finjus.org

Reforma y la sociedad civil

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Reforma y la sociedad civil

Por Carlos Villaverde Gómez

Director de Proyectos FINJUS

7 nov. 08

El actual debate sobre la reforma constitucional toca algunos nudos sensibles de la sociedad civil dominicana. Su vocación participativa ha sido puesta de manifiesto en las constantes luchas emprendidas en los últimos 25 años, a través de campañas por la ampliación de los derechos sociales, el apoyo a la organización popular y la articulación del tejido social imprescindible para soportar las tareas de la democracia.
Como la misma sociedad civil, la discusión constitucional actual apunta a la diversidad de posiciones, enfoques, matices y controversias. No podría ser de otra forma, dadas las distintas experiencias y antecedentes que arrastran las principales o más activas organizaciones sociales dominicanas.
Independientemente de si finalmente la reforma se realizará mediante el mecanismo de la Asamblea Revisora o la Constituyente, la sociedad civil debe procurar mantener una discusión activa y sistemática sobre los fundamentos de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. Hemos expresado que la propuesta contiene elementos novedosos que mejoran áreas vitales de nuestra arquitectura constitucional, como las garantías y derechos fundamentales, el establecimiento de la función pública o la creación del Consejo del Poder Judicial.
Sin embargo, la ciudadanía aún no se ha involucrado en el conocimiento profundo de los temas más polémicos, como por ejemplo los relativos a la creación de la jurisdicción contenciosa administrativa al margen del Poder Judicial, la disminución de las funciones de control por parte del Poder legislativo o la ampliación de las facultades del Presidente de la República, hasta el punto de ser convertido en el símbolo, garante y paradigma de la unidad nacional.
En coyunturas como la presente, la sociedad civil debe jugar un rol más activo y convertirse en una fuente alternativa las posiciones presentadas, insistiendo al Congreso que el estudio, ponderación y crítica de las diferentes propuestas de reforma constitucional deben incluir y tomar en consideración a todos los sectores nacionales, sin excepción, para hacer más legítima, profunda y completa la decisión que eventualmente tomarán los legisladores al aprobar o desestimar las el proyecto presentado.
La República Dominicana tiene que abocarse a dar pasos de madurez en su régimen político, lo que conlleva estimular y propiciar la participación activa y diversa de las ciudadanía, a través de sus organizaciones representativas, en la discusión de las políticas públicas, de los programas sectoriales o regionales y en fin, de todas las iniciativas que tengan relación directa con la calida de vida de los habitantes.
Hace 15 años, la sociedad civil insistió en cuatro ejes principales de cambios: la alta concentración de funciones en manos del Poder Ejecutivo; incrementar la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos; la subordinación del Poder Judicial a los intereses particulares (políticos o económicos) y modernizar la burocracia estatal.
Nadie duda que avanzamos desde entones en los dos últimos objetivos. ¿Por qué no podemos aprovechar esta nueva coyuntura para adelantar los cambios que aun están pendientes?. Esta es la urgencia de hoy.