El presidente de la SCJ, Advierte sobre los problemas de una Sala Constitucional

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Publicado por DIARIO LIBRE

30 Junio 2009
Subero Isa advierte sobre peligro en RD

SANTO DOMINGO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, advirtió que se debe ser cauteloso en la aplicación de las normativas constitucionales y llamó la atención de que el país se vea en el espejo de Honduras, donde el presidente Manuel Zelaya fue sacado del poder por un golpe de Estado. “Ese espejo tenemos que verlos aquí y yo llamo la atención sobre el peligro que se cierne sobre la República Dominicana, en manipular los asuntos constitucionales y tratar de poner en mano de pocas personas asuntos tan delicados, como lo es el de la Constitución”. Advirtió que el país sufriría un descalabro, si se crea una Sala Constitucional como la contemplada en el proyecto del Ejecutivo.
De Federico Méndez Redactor Senior

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Juristas apoyan creación de un Tribunal Constitucional en RD.

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Publicado por DIARIO LIBRE

30 Junio 2009
Juristas apoyan creación de un Tribunal Constitucional en RD.

Consideran que se trata de una demanda histórica

La Asamblea Nacional está apoderada de la propuesta. Luis Gómez

SANTO DOMINGO. Un grupo de juristas calificó como prioritaria la creación de una Sala Constitucional, como está contemplada en el proyecto de reforma constitucional sometido por el presidente Leonel Fernández, con miras a la consolidación del sistema constitucional, profundizar la democracia, hacer prevalecer los derechos y libertades y afianzar el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas. Los posición está contenida en una carta remitida a la Asamblea Nacional, firmada por los juristas Eduardo Jorge Prats, Milton Ray Guevara, Alejandro Moscoso Segarra, Franklyn García Fermín, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Cristóbal Rodríguez Gómez, Jottin Cury hijo, José Ricardo Taveras, Eric Raful Pérez, Carlos Salcedo, Lino Vázquez, Rosalía Sosa Pérez, Nassef Perdomo Cordero, Santiago Rodríguez Tejada, Félix Damián Olivares, Félix Tena, Alberto Fiallo, Miguel Valera, Rosina de Alvarado, Leila Mejía, Omar E. Victoria Contreras, José Luis Taveras, Justo Pedro Castellanos, José María Cabral Arzeno, Pedro Durán, Mariel León Lebrón y Agustín García Pérez.Consideran que la Sala Constitucional beneficia a los mejores intereses de la nación, ya que expresa una demanda concreta de sectores importantes de la sociedad que aspiran a que la misma sea debidamente satisfecha. Una comisión de asambleístas tiene bajo estudio el capítulo del proyecto de reforma sobre el tribunal. Los juristas consideran que la instancia contribuye con el fortalecimiento del Poder Judicial. La cartaA continuación la carta pública de los juristas, titulada “Por una jurisdicción constitucional especializada”:El carácter integral de la reforma constitucional que actualmente conoce la Asamblea Nacional, la considerable ampliación del catálogo de derechos fundamentales que la misma implica, el establecimiento de la cláusula del Estado Social, el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de la constitución y del Estado, el afianzamiento del principio de supremacía constitucional y la apertura del derecho interno al derecho internacional de los derechos humanos, convierten en una cuestión de primer orden la creación de instrumentos garantes del sistema de valores y principios constitucionales subyacentes a estas disposiciones supremas del ordenamiento. El estudio del Derecho comparado nos enseña que la experiencia generalizada de los países que han logrado consolidar sus sistemas constitucionales, profundizar la democracia, hacer prevalecer los derechos y libertades y afianzar el adecuado funcionamiento de sus instituciones públicas, cuentan con una jurisdicción constitucional especializada que ha desempeñado un rol de primer orden en la realización de estas elevadas metas. En nuestro país, las alternativas que se plantean para la especialización de la jurisdicción consisten en la creación de un Tribunal Constitucional independiente del Poder Judicial o de una Sala Constitucional como parte de la Suprema Corte de Justicia. Más allá de las razones que puedan militar a favor de una u otra modalidad, los abajo firmantes coinciden plenamente en que la prioridad es la creación de un órgano especializado de justicia constitucional que dote de sentido pleno al ordenamiento en su conjunto. Existe, además, un argumento de consenso histórico a favor de una jurisdicción constitucional especializada. Cuando se revisan los anteproyectos y los proyectos de reforma constitucional que desde las academias, desde la sociedad civil, desde los partidos y desde algunas instancias gubernamentales se han elaborado en los últimos lustros en el país se puede constatar que, en absolutamente todos, se ha propuesto la creación de un Tribunal Constitucional como un órgano autónomo. Este es un aspecto que conviene considerar puesto que el mismo expresa una demanda concreta de sectores importantes de la sociedad dominicana que aspiran a que la misma sea debidamente satisfecha. Más aún, la opción por un Tribunal Constitucional configurado como un órgano extra poder fue la más valorada en la Consulta Popular impulsada por el Ejecutivo como paso previo a la reforma de la constitución. Conviene llamar la atención sobre algunas cuestiones particularmente relevantes del diseño de esta jurisdicción: a) La especialización de un órgano (Tribunal o Sala) debe hacerse manteniendo vigente el modelo difuso de control de constitucionalidad que convierte a todos los jueces en garantes de la constitución; b) en el caso de que la opción que se adopte sea la de la Sala Constitucional, al interior de la Corte Suprema, es de vital importancia que sus decisiones sean finales y definitivas, a fin de que ninguna otra instancia tenga competencia para conocer de las mismas, pues con ello se desnaturalizaría el sentido de esta jurisdicción; c) los integrantes de la jurisdicción constitucional deberán tener un alto nivel de especialización en materia constitucional, su designación debe ser por un período limitado de tiempo durante el cual gozarán de inamovilidad, y debe quedar expresamente prohibida su reelección, como una forma de desestimular la búsqueda del favor entre los integrantes de la instancia que los designa, pues esto condicionaría luego el criterio de quienes por esta vía resulten ratificados en sus puestos. El sentido primero de toda Constitución es establecer límites al ejercicio del poder. La efectividad de esos límites sólo será posible con la existencia de un guardián de la Constitución dotado de la fortaleza y la especialización necesarias para garantizar la sujeción de las actuaciones del poder a la Constitución. Los abajo firmantes, en nuestra condición de catedráticos universitarios y de propulsores de las reformas institucionales tendentes al fortalecimiento del Poder Judicial, hacemos un ferviente llamado a la Asamblea Nacional para que se tome en consideración estos puntos de vista, convencidos como estamos de que, con esta propuesta, se benefician los mejores intereses del país.
De Diario Libre

+ Cosas de Nuestro Pais (Los 48 mil kilómetros de extensión del país pasaron a 72 mil en títulos.)

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Publicado por DIARIO LIBRE

30 Junio 2009
Los 48 mil kilómetros de extensión del país pasaron a 72 mil en títulos.

El director de Catastro lo atribuye al caos en que opera esa institución

El archivo de la institución es un desorden de papeles.

SANTO DOMINGO. La extensión territorial del país, de 48 mil kilómetros cuadrados, desde que se produjo la división de la isla en 1777, al parecer se multiplicó, y a juzgar por la cantidad de tierra registrada en títulos de propiedad, ya va por los 72 mil kilómetros cuadrados.
Por lo menos en papeles, el territorio dominicano creció unos 24 mil kilómetros cuadrados más, gracias a la falta de deslinde, duplicidad de documentos y la poca colaboración entre las demás entidades estatales que intervienen en la planificación urbanística.
Así lo plantea el director Nacional de Catastro, Bolívar Marte, al tiempo que se queja de la duplicidad de funciones que hacen algunas instituciones estatales, en violación de la Ley que rige esa entidad.
“La República Dominicana tiene en títulos 72 mil kilómetros cuadrados, y eso es producto de que aquí, cuando se hace una urbanización, los ayuntamientos o cualquier empresa que realiza un proyecto, no deslindan los terrenos como tiene que hacerse”, sustenta.
Explica que cuando se urbaniza una zona y se hacen calles, aceras y áreas verdes, estos espacios deben salir del título original del solar mediante un deslinde, pero que al no hacerse, el inmueble sigue contando en papel con más tierra de la que en verdad posee.
Marte responsabiliza por ello a algunas entidades del Gobierno de las que dijo mantienen una doble funcionalidad, porque “todas quieren hacer su catastro particular”. Menciona, sobre todo, a la Secretaría de Estado de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), y la Dirección General de Impuestos Internos, entidades de las que dijo desperdician recursos y dinero, haciendo una función que por ley corresponde a la Dirección de Catastro.
La Ley 617, sobre Catastro Nacional, atribuye a esa dirección la facultad de inventariar, desde el ámbito físico, jurídico y económico todos los inmuebles del país, así como el realizar la tasación de los mismos.
“Si Obras Públicas va a construir una avenida, tiene que venir a buscar el soporte aquí, si se toma un terreno, nosotros somos los facultados para tasarlo. Pero esas instituciones nunca vienen aquí. Obras Públicas nunca viene”, se queja Marte.
Dice también que las direcciones de Planeamiento Urbano de los distintos ayuntamientos están en el deber de enviar la cartografía de cada urbanización que se levante en los municipios, pero no lo hacen.
Indica que en los pocos casos en que se solicitan informaciones, la entidad solicitante está en el deber de devolver a Catastro el plano de los trabajos realizados para que se pueda mantener los archivos actualizados, pero que esto tampoco se hace.
“Por eso es el desorden que tenemos, porque si una finca que tiene 20 tareas y por el centro le hacen una avenida, esa propiedad se reduce a 15 ó 10 tareas, y el deber de la entidad que la construyó es devolvernos ese documento indicando la obra realizada con la cantidad de la expropiación”.
Insiste en que “por eso es que hay gente con título de 20 tareas y sólo tienen 10 y por ello es que hay más tierra en títulos de la que tenemos nosotros como país”.
Menciona también el caso de las altas edificaciones que se están levantando, y que debieran tener un título por piso, y sin embargo, sólo aparece registrado un solo inmueble, correspondiente al solar donde se levanta.
Otro aspecto por el que Marte entiende que se hace necesario transparentar el catastro es por la ventaja de tener la cantidad exacta de terreno que se pueden dedicar a la agropecuaria, a la minería, a turismo y a proyectos de viviendas.
“También se podría saber el área real que está protegida por Medio Ambiente, pero no, porque cada institución tiene sus tierras atrincheradas”.
Más autonomía
Entre sus acciones por transparentar la situación, Marte trabaja en la revisión de la Ley 617 de Catastro y que data de 1968. “Estamos revisando la Ley porque choca con nuevas legislaciones inmobiliarias y con decretos, y dado que los únicos que estamos facultados para fijar precios en el país y hacer avalúos y tasaciones, tanto del Estado como del sector privado, somos nosotros, queremos transparentarla para que sea más digerible y le dé más fortaleza y autonomía a la Dirección de Catastro”, dice el funcionario.
Los afanes por modernizar el Catastro
Entre sus afanes para tratar de resolver el caos que dice existe en la Dirección de Catastro, Bolívar Marte, aspira poder digitalizar los más de cinco millones de archivos que la entidad guarda engavetados, en unos dos años.
Sus planes incluyen además el levantamiento general de toda la cartografía nacional, así como la revisión de su Ley General para darle más autonomía a la entidad.
“Este archivo es obsoleto y por eso en los primeros 100 días de gestión (desde agosto pasado cuando llegó al cargo) hicimos un concurso para buscar una compañía que se encargue de digitalizarlo”, explicó.
En principio, Catastro tiene como meta la digitalización de un millón de expedientes en unos ocho meses, y en la medida que su limitada economía se lo permita, en otros dos años tener en red todos los documentos.
En tres meses que lleva el proceso, que incluye escanear y depurar cada expediente para colocarlo en red, se han logrado actualizar 50 mil documentos, pero Marte advierte que el proceso tomará tiempo debido a que hay papeles de más de 40 años deteriorados y otros que se han perdido debido al mal cuidado.
Catastro también está inmerso en la preparación de un proyecto para hacer el levantamiento general de todo el catastro nacional, a fin de determinar de forma clara y precisa las diferentes zonas turísticas, urbanas, agrícolas y mineras.
La idea, según explica Marte, es tener control de cuantos inmuebles existen en el país, la ubicación exacta y las condiciones de éstos. Hasta ahora empresas de Israel, Brasil, España y de Corea han mostrado interés en hacer el levantamiento cartográfico, el cual podría realizarse entre 18 a 24 meses, según las estimaciones.
El proyecto ya elaborado por Catastro está en manos de la Dirección de Planificación para de ahí pasar por los canales correspondientes del Poder Ejecutivo, para su posterior sometimiento al Congreso Nacional.
De Tania Molina

EL CONGRESO NACIONAL DECIDIÓ CONSAGRAR EN LA CONSTITUCIÓN QUE LA UNIÓN LIBRE TENGA LOS MISMOS DERECHOS QUE LAS PAREJAS CASADAS

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Publicado por LISTIN DIARIO

VIOLENCIA DE GÉNERO
Un alto al abuso patrimonial
Deyanira Polanco – 6/29/2009

EL CONGRESO NACIONAL DECIDIÓ CONSAGRAR EN LA CONSTITUCIÓN QUE LA UNIÓN LIBRE TENGA LOS MISMOS DERECHOS QUE LAS PAREJAS CASADAS

Valor. Las mujeres que realizan las tareas de la casa hacen importantes aportes a la economía y a la protección de la familia.

Santo Domingo.- Esa es la mejor noticia que he recibido en muchos años, dijo Yocasta, a quien, después de casi 20 años de convivir en unión libre, su pareja la sacó de la casa con apenas sus ropas, bajo el alegato de que a ella no le correspondía parte de sus bienes porque no estaban casados.
Lo que alegra a Yocasta es la decisión del Congreso Nacional de consagrar en la nueva Constitución que las parejas que viven en unión libre tienen los mismos derechos que las casadas.
Además de que en la nueva Carta Magna el Estado reconoce el trabajo en el hogar como una actividad económica que genera riqueza y bienestar social.
Esta decisión ha levantado un muro frente a la violencia patrimonial o económica que con frecuencia ejerce el hombre contra la mujer, cuando dispone de los bienes comunes, los vende, destruye, traspasa o regala, y que se agudiza cuando argumenta que la mujer no realiza trabajo remunerado por solo dedicarse a las tareas de la casa.
Este tipo de violencia intrafamiliar también se ejerce cuando se niega la manutención a los hijos.
Derechos La abogada María Elena Rodríguez, de la Secretaría de Estado de la Mujer, asegura que Yocasta tiene derecho a exigir el 50 por ciento de los bienes de su ex pareja.
“Las mujeres que tengan una unión establecida y que se pueda demostrar, pueden reclamar el 50 por ciento de los bienes que han adquirido en el tiempo que han vivido juntos”, destaca.
No obstante, aclara que sólo podrán reclamar la división de los bienes las parejas en unión libre cuando uno de los dos no esté casado con otra persona, y que no se consideran comunes aquellos muebles o inmuebles adquiridos antes de iniciar la relación o heredados.
(+)UN PRECEDENTE: RESOLUCIÓN DE LA SCJDesde el 2001 existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia que reconoce los derechos de las parejas en unión libre, pero que ahora cobra mayor fuerza jurídica con la consagración en la Carta Magna.
Esto está establecido en el artículo 44 sobre la familia en sus ordinales cuatro y diez, del proyecto de reforma constitucional aprobado en primera lectura.
Las estadísticas de la Fiscalía del Distrito Nacional destacan que en el semestre agosto 2008-enero 2009 se recibieron 4,141 denuncias de violencia contra la mujer, de las cuales 37% correspondió a violencia psicológica, 33% a violencia física, 21% a amenazas, el 8% a violencia patrimonial y 1% a acoso.
Cómo evitar la violencia económicaLa abogada María Elena Rodríguez, de la Secretaría de Estado de la Mujer, dijo que para evitar la violencia patrimonial lo primero es saber que cuando el hombre ejerce control, se apropia de los bienes del hogar y no cumple con la manutención está ejerciendo violencia económica. Recomienda, antes de enfrentar a esa persona, buscar ayuda y asesoría de un abogado conocedor de la materia.
“No actuar sin herramientas porque nadie va a la guerra con las manos vacías, usted no puede ir a la guerra a pararse con las manos vacías frente a otro que tiene un tanque de guerra. Eso es imposible”, destacó, al señalar que parte de esas herramientas las tiene la ley 24-97 Sobre Violencia Intrafamiliar en su artículo 339-06, donde plasma medidas preventivas o conservatorias.
Cita entre esas medidas previas a iniciar el proceso de reclamación de bienes, la orden para que el agresor se abstenga de molestar, intimidar a amenazar a la pareja consensual; desalojar la residencia e impedimento de traspasar vehículos de motor y realizar transacciones bancarias.
Destaca que la violencia patrimonial está vinculada a la verbal y sicológica, y en algunos casos a las agresiones físicas, por lo que en caso de que el agresor amenace a su víctima, ésta puede buscar protección en la fiscalía más cercana.
También puede acudir a una de las 52 oficinas que tiene la Secretaría de la Mujer en las provincias y municipios donde le ofrecen asistencia legal gratuita y acompañamiento en los procesos judiciales.
La especialista enfatizó que todos los casos en materia legal son distintos, por lo que las personas no deben llevarse de lo que diga la gente común, sino los conocedores de las leyes.
Conducta de los que ejercen esta violencia Bajan la autoestima de su pareja, le repiten con frecuencia que ellas están locas, que nunca poseerán sus propiedades, que no han aportado nada porque no realizan trabajos remunerados, al extremo de hacerles creer que no tienen derechos sobre los bienes adquiridos.
En la nueva Constitución El artículo 44 establece que la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas.
Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
El numeral 4 de dicho artículo dice que la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley.
En el numeral 10, el Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica, que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución en las políticas públicas y sociales.
(+)LAS MUJERES Y LAS TAREAS DOMÉSTICASLas mujeres que realizan las tareas de la casa hacen importantes aportes a la economía y la protección de la familia, que se traduce en ahorro en gastos de salud, así como al cuidado de niños y envejecientes.
En el 2007, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pidió que se reconociera el trabajo de las amas de casa, petición refrendada por los gobiernos de los países que participaron en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, cuando firmaron la declaración de Quito.
El compromiso fue el de diseñar en sus países medidas y legislaciones para potenciar a la mujer en la sociedad y reconocer el trabajo doméstico en las cuentas nacionales.

+ Consultas en Materia Laboral (Enfermedad o Discriminación)

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Publicado por el PERIODICO HOY

En fecha 22 Junio 2009, 11:13 PM

CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

Fui notificada de mi desahucio en la empresa que laboraba desde hace 14 meses. La Gerencia alega que a causa de mi enfermedad, que es diabetes tipo 1, y también alegan que soy madre de un bebe menor de 1 año, y que por mis problemas renales a causa de mi diabetes, ya que mi medico sugirió que cuando tuviera que viajar al interior lo hiciera en metro o en compañía de alguien que me guiara en la carretera.
Sin embargo, realizaba los viajes al interior tal como indicaba mi contrato. Durante el tiempo laborado en dicha empresa, logre mes tras mes los objetivos; la cuota mensual de la marca que manejaba, con una ejecución promedio de un 100%.
Al momento de ser contratada se me realizaron pruebas medicas que validaban mi enfermedad, y la empresa sabia que tenía un bebe de 2 meses.
Es legal este desahucio, sabiendo la empresa de todos estos problemas de salud, y haber ejecutado los objetivos en venta para la marca en la cual trabajaba. Gracias por su información,
Si la empresa ejerció un desahucio, pura y simplemente, entonces no hay nada que hacer, sino simplemente recibir las prestaciones laborales de establece la ley. En cambio, si al entregarle la carta de desahucio la empresa cometió el error de plasmar las razones o motivos que usted explica, entonces existe la posibilidad de tener un caso por discriminación que podría dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios.
En nuestro país no abundan los casos o demandas por discriminación. Eso quiere decir que una demanda de ese tipo sería atípica y extraña para un juez.
En mi opinión, sin la evidencia de que esas fueron las razones de su cancelación la litis no le conviene. Sería mejor aceptar el desahucio y recibir pasivamente las prestaciones laborales, y buscarse otro empleo.
2. Me gustaría saber si puedo comprar un libro de artículos laboral y donde. Gracias
Gratuitamente usted puede bajar desde Internet todas leyes laborales vigentes del país desde www.institutoestudiosdeltrabajo.org.do. Ahí usted puede encontrar también todas las respuestas al Consultorio Laboral del periódico Hoy. En el website de la Secretaria de Trabajo, www.set.gov.do se encuentra también bastante información sobre leyes laborales. En cuanto a la librerías, le recomiendo las siguientes: Librería Jurídica Virtual, Av. Máximo Gómez (frente Utesa); La Filantrópica, c/Las Mercedes 151; y Librería Jurídica Internacional.

Jorge Prats entiende que se debe acortar poderes de la SCJ

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Toga
23/6/2009

Jorge Prats entiende que se debe acortar poderes de la SCJ


El abogado experto en asuntos constitucionales, Eduardo Jorge Prats acusó hoy a la Suprema Corte de Justicia de ser intolerante ante cualquier decisión que entienda le modificará el control absoluto de todos los mecanismos judiciales del país. Dijo que el principal estamento del Poder Judicial dominicano es el que designa y cancela los jueces, administra el presupuesto, decide sobre los asuntos constitucionales y administrativos. Argumentó que mientras la Suprema Corte tiene la facultad de declarar inconstitucional una legislación, sin que los congresistas asuman una actitud crítica, “si alguien objeta algunas de sus atribuciones, que son muchas, de inmediato el presidente de esa entidad, reacciona de manera airada”.
Expresó que si los expertos constitucionalistas sugirieron la creación de una sala constitucional independiente de la Suprema, es porque ésta tiene un cúmulo de decisiones pendientes, sin que se decida a conocerlo como es su deber. Indicó que si en el país no existen mayores conflictos judiciales es porque la Suprema prefiere acumular los casos que les son sometidos, o dejando que el tiempo se encargue de restar interés en la decisión que pueda tomar.
Entrevistado por el periodista José Monegro en el programa Diario de la Mañana, Jorge Prats puso como ejemplo el caso de Sum Land, el que dijo fue conocido cuando la población prácticamente había perdido interés en saber su decisión.
“En la República Dominicana, la justicia ni es pronta ni oportuna como en otras naciones, como Costa Rica o Colombia, donde sus supremas cortes conocen miles de expedientes de manera fluida”, dijo. Sin embargo, entiende que el problema no son los miembros de la Suprema, sino el sistema judicial en sí el que se encuentra dañado, ya que si los actuales magistrados son sustituidos, sus relevos harán lo mismo.
De otro lado, Jorge Prats dijo que hasta ahora la Asamblea Nacional ha laborado de manera atinada y que en sentido general los artículos que han aprobado indican que el país tendrá una Constitución mucho más positiva que la actual.
“Una vez más se comprueba que seis ojos ven más que dos, porque la reestructuración que se ha sugerido hacer a la Constitución permitirá expresar que el esfuerzo valió la pena, ya que el resultado es de alta calidad”, expresó. Reconoció que el pacto firmado por el Presidente Leonel Fernández y el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, han facilitado un mayor entendimiento entre los representantes de los dos principales partidos del sistema.
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Servicios que Ofrece la Procuraduría General de la Republica Dominicana

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Servicios que Ofrece la Procuraduría General de la Republica Dominicana:

  • Autorización de Aumento de Alquiler.
  • Autorización de Solicitud de Desalojo para Ocupar la Casa su Propietario o sus Parientes.
  • Autorización de Desalojo para Reconstrucción.
  • Autorización Reducción del Precio del Alquiler.
  • Levantamiento de Impedimentos de Salida.
  • Solicitud de Revisión de Sentencias Emanadas de los Juzgados de Instrucción.
  • Tramitación de Notificaciones en el Extranjero.
  • Expedición de Certificaciones relativas a Antecedentes penales, Buena conducta que expiden los Alcaldes, Trabajo interno o externo, Abogado, Incorporación de Institución, Impedimento de Salida, Levantamiento de Impedimento, Traslado de Reclusos de un Penal a otro, Exequatur, Notario, Antecedentes para fines de Notaria, Estado de un Expediente, Documentos que reposan en un Expediente, Citación de Militares, Notificación, Situación Carcelaria del Recluso (muerte, excarcelación, etc.) y otras Certificaciones.
  • Trámites para obtener Incorporación de Asociaciones sin Fines de Lucro.
  • Trámites para obtener Exequatur de Abogado.
  • Trámites para obtener Exequatur de Notario.
  • Informaciones a las Partes Interesadas sobre Expedientes en Curso, Apoderados por la Corte de Apelación de Santo Domingo.
  • Recepción de Diferentes Tipos de Notificaciones: Citaciones ante la Corte, Área Civil, laboral o Penal, por domicilio desconocido; Notificación laboral par alguacil o mediante instancia con denuncia o querella, contra personas cuyo privilegio de jurisdicción radica en esta Procuraduría General.
  • Solicitudes y tratamiento a los levantamientos provisionales de impedimentos de salidas del país.
  • Certificados de Buena Conducta para solicitar Notaria.
  • Permiso Especial para visitar las cárceles.
  • Tramitación de Indultos.
  • Certificado de No Delincuencia.
  • Poderes a Abogados para Representar Jurídicamente Instituciones del Estado.
  • Atención a Denuncias y/o Querellas sobre Corrupción.
  • Apelación de Sentencias de los Tribunales en Materia Criminal y/o Correccional.
  • Apelación de las Decisiones Emanadas de los Juzgados de Instrucción.
  • Conocimientos de Apelaciones de Resoluciones que Autorizan Desalojo, Aumento o Disminución del Precio de Alquiler.

Colegio de Abogados felicita paralización construcción cementara en los Haitises

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Colegio de Abogados felicita paralización construcción cementara en los Haitises
lun, 22-jun-09 01:00

Por Panorama Diario

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), José Fernando Pérez Vólquez, expresó hoy aquí sus felicitaciones a los jueces del Tribunal Contencioso y Administrativo por la sentencia que ordena la paralización de la construcción de la sementera en esta localidad.

Gonzalo, Monte Plata-. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), José Fernando Pérez Vólquez, expresó hoy aquí sus felicitaciones a los jueces del Tribunal Contencioso y Administrativo por la sentencia que ordena la paralización de la construcción de la sementera en esta localidad.
“Esa fue una decisión muy atinada y esperamos que también la Suprema Corte de Justicia pondere muy bien la situación que se está dando con el medio ambiente en Monte Plata y confirme esa sentencia”, sostuvo Pérez Vólquez.
Dijo que la única riqueza que tiene la provincia de Monte Plata es el Parque de los Haitises y que si las autoridades permiten su destrucción, entonces sus habitantes se quedarán sin nada.
El presidente del Colegio de Abogados, acudió al Parque de los Haitises con una comisión de abogados para darles todo el apoyo necesario a los habitantes de Monte Plata, específicamente a los del Distrito Municipal de Gonzalo a quienes les expresó su solidaridad.
“No se puede permitir que se destruya éste pulmón, no se puede permitir que se destruya el medio ambiente en el país solo para complacer a particulares que no le interesa el bienestar de la nación dominicanaza”, reiteró el presidente de los abogados.
El aspirante a retener el Colegio de Abogados dijo que el gremio que dirige permanecerá vigilante no solo en la destrucción de ese Parque de los Haitises, sino en todos los actos que vayan en perjuicio de los dominicanos.

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por el PERIODICO HOY
15 Junio 2009, 11:46 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

En la empresa donde trabajo hay un empleado extranjero, solo tiene visa y hay que entrarlo a la nómina. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para asuntos de TSS, ARS Y AFP? El no tiene cédula y dice que no sabe si esto le afectaría a su esposa, ya que está en trámites para adquirir la residencia americana. Según tengo entendido sí tiene que tenerla.

Necesariamente, para poder inscribirlo en el sistema de la Seguridad Social dicho extranjero debe proveerse de un número de residencia o cédula de residente.
De todos modos, la carencia de ese documento no impide que ese extranjero pueda emplearse y que tenga un contrato de trabajo. Esto es así sobre todo a partir de una importante jurisprudencia del 17 de septiembre de 1997, de la Suprema Corte de Justicia, relativa a la contratación de empleados extranjeros transeúntes, o sea carentes de cédula de identidad.
2. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene, por ejemplo, una persona de 20 años de trabajo a la hora de su pensión. El dinero ahorrado ¿gana algún interés? ¿Se reconoce ese beneficio como propio o al contrario he escuchado que es menos de lo ahorrado?, o sea que se le hace descuentos y no el total. Si me aclara las dudas gracias
El beneficio final cotizando en una AFP del sistema de Seguridad Social es el derecho a recibir una pensión de vejez, bajo la modalidad de “retiro programado” o bajo la modalidad de “renta vitalicia” (ver Art. 54, Ley 87-01).
Esa pensión es fruto un ahorro obligatorio cuya tasa de interés es muy superior a la tasa pasiva que podría producir una cuenta de ahorros o cualquier certificado financiero. Para que usted tenga una idea, la tasa promedio de las AFP dentro del sistema en el mes de abril 2009 fue de 15.36%, muy superior al que podría producir los ahorros privados de cualquier persona.
Ese dinero no está disponible. Es decir, el empleado no puede disponer de él, sino que está legalmente destinado a sustentar una pensión.
Si usted elige una pensión de “retiro programado” conservará la propiedad de los fondos. Sucede lo contrario si elige una pensión de “renta vitalicia”, en cuyo caso los fondos se traspasan a una compañía de seguros.
En cuanto a los descuentos, sobre su pensión se deducirá la cotización para el Seguro Familiar de Salud (Párr. II de Art. 54, Ley 87-01).

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Mejoramiento de las cárceles)

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Publicado por DIARIO LIBRE

17 Junio 2009
CPP. – Código Procesal Penal

Mejoramiento de las cárceles
En el caso ocurrido recientemente, en la cárcel de Najayo, en que un custodio dio muerte a un condenado, se pusieron en evidencia las serias irregularidades presentes en el sistema carcelario. Hasta ahora todos se han referido al Director de Prisiones y nadie responsabiliza al Juez de la Ejecución Penal. ¿Es que este último no tiene ninguna responsabilidad que asumir en el mejoramiento de las cárceles? Dionisio Díaz.
La dirección General de Prisiones y su Director General son los responsables y competentes en todo lo que concierne a la administración de las cárceles dominicanas. Esta Dirección General es una dependencia de la Procuraduría General De la República. Lo administrativo comprende, entre otros aspectos: el registro y ubicación de los personas privadas de su libertad; su clasificación; la alimentación; la provisión de los servicios de agua, luz; la vigilancia y administración del recinto; las visitas.
En cuanto al Juez de la Ejecución Penal, éste, en primer lugar es un “juez” y como tal tiene una función jurisdiccional y no administrativa.
Su competencia, en principio se contrae al ‘control de la ejecución de la sentencia’ luego que esta se hace irrevocable.
Ahora bien, relacionado con su pregunta el CPP establece algunas competencias y facultades muy concretas al Juez de Ejecución:
1) controlar el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias y resolver todas las cuestiones que se susciten durante la ejecución;
2) disponer de las inspecciones y visitas de establecimientos penitenciarios que sean necesarias;
3) hacer comparecer ante si a los condenados y a los encargados de los establecimientos, con fines de vigilancia y control;
4) dictar las medidas que juzgue convenientes para corregir y prevenir las faltas que observe en el funcionamiento del sistema;
5) ordenar a la autoridad competente para que expida las resoluciones necesarias a fines de corregir las faltas en el funcionamiento del sistema.
En virtud de las facultades enumeradas, el Juez de la Ejecución ciertamente esta facultado para hacer inspecciones y visitas a los recintos carcelarios y tomar conocimiento de su desenvolvimiento.
Si observare en un recinto carcelario irregularidades, como por ejemplo, la existencia de privilegios a favor de unos presos puede este juez, llamar a los encargados y fundamentándose en el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley, dictar por si mismo las medidas que considere convenientes para corregir la irregularidad, o mas aún, puede ordenarle a las autoridades competentes expedir las resoluciones que fueren necesarias a esos fines.
Esperemos que algún Juez de la Ejecución se crea las facultades que le otorga la ley y actúe, pues a pesar de lo sucedido, el sistema carcelario sigue plagado de irregularidades.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno