+ Consultas en Materia Laboral (Demanda por dimisión)

CONSULTORIO LABORAL. Demanda por dimisión

Por 
carlos.hernandez[@]claro.net.do  
02 septiembre, 2014 2:00 am
Carlos Hernández Contreras

Carlos Hernández Contreras.

1. Conozco un pequeño restaurante cuya único empleado los demandó, por dimisión. El dueño quiere pagarle sus prestaciones para evitar problemas, pero el abogado del empleado quiere el pago al empleado más RD$30,000 de honora- rios. Dice que le puede ganar el caso y luego embargar y salir más caro. El dueño buscó un abogado, pero está cobrando RD$25,000 por el caso. El dueño está pensando tomar un préstamo, pagar y no volver a contratar a nadie. ¿Qué aconseja usted?

Eso que usted describe es el caso más común, y que a diario confrontan las Mipyme y los dueños de pequeños negocios en República Dominicana. Se trata de negocios familiares o de subsistencia, con no más de 5 empleados (son el 94% de los empleadores dominicanos), que cuando les llega una demanda laboral (sobre todo por dimisión) la tienen perdida de antemano, pues al ser negocios semi-informales (o informales totalmente), siempre hay una violación a la ley que justifica la dimisión, produciendo una condena.

Y aun si la dimisión fuese injustificada, ocurre que siempre se condena por los llamados “derechos adquiridos” (vacaciones, regalía, bonificación, etc.), y solo con eso, esa Mipyme está impedida de llevar su caso a Apelación (ni a Casación), aunque tenga la razón, pues el Código Laboral exige que consigne en un banco el duplo de las condenaciones o que abra una fianza.

Y para un pequeño negocio ambas cosas son imposibles, pues no tienen 200,000 o 300,000 pesos para congelarlos en un banco improductivamente, mientras haya pleito y, de otra parte, ninguna compañía de seguros está expidiendo fianzas laborales a pequeños negocios; ni siquiera a los medianos. Y en todo caso, las condiciones para darlas, solo a las grandes empresas, son leoninas.

Y ahí es donde surgen los famosos embargos laborales que hacen desaparecer negocios. Y cuando no, provoca la fuga y la subsistencia dentro de la llamada informalidad.

En cuanto al caso concreto, mi consejo es que llegue a un acuerdo amigable lo antes posible, negociando varias cuotas de pago.

El caso que usted ha planteado, evidencia lo que he dicho en otras ocasiones: El Código Laboral le queda grande a las Mipyme dominicanas.

Contiene unas disposiciones solo aptas para grandes empresas con gerencias, asesores y toda una estructura.

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+ Consultas en Materia Laboral (indexación del IPC)

Consultorio laboral. Tengo una sentencia laboral a mi favor y necesito saber cómo se procede para aplicar la indexación del IPC que establece el Art. 537 del CT

 
Por DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS / ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL 
23 septiembre, 2014 2:00 am
 
El autor es experto en derecho laboral.

Carlos Hernández Contreras.

1. Tengo una sentencia laboral a mi favor y necesito saber cómo se procede para aplicar la indexación del IPC que establece el Art. 537 del CT. El tribunal dice en su sentencia que hay que aplicarlo, pero no dice cómo.

Usted tiene que elevar una instancia dirigida a la corte que emitió la sentencia, en solicitud de aplicación de la indexación del IPC (Índice de Precios al Consumidor), conforme al Art. 537 del CT. Pero no pierda su tiempo si todavía la sentencia no ha adquirido la autoridad de la cosa juzgada, pues ese tipo de solicitudes sólo procede cuando ya el pleito terminó, y no hay más recursos abiertos. Pero además, si usted se pone de acuerdo con el abogado contrario (y cada uno calcula la indexación) puede ahorrarse todo ese trámite y se ahorra tiempo y costos. El cálculo es como sigue:

a) Se selecciona la cantidad correspondiente al IPC del mes y año en que se interpuso la demanda;

b) Luego, se selecciona la cantidad correspondiente al IPC del mes y año en que la sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada;

c) Ese IPC de esos años aparece en el portal del Banco Central: http://ift.tt/YPB6Gx;

d) A seguidas, se divide la cantidad correspondiente al IPC del mes y año de la sentencia, entre la cantidad correspondiente al IPC del mes y año de la demanda;

e) Al resultado de la división citada precedentemente, se le resta la cantidad de uno (1);

f) Al resultado de esa resta, antes citada, se le multiplica por la cantidad de 100;

g) Finalmente, la cantidad que resulte de todos los pasos citados, constituirá el por ciento (%) del monto total de la condenación dispuesta por sentencia, que se añadirá en aplicación del Art. 537 del CT.

Le doy un ejemplo de un caso real, de mi conocimiento: Si la demanda fue interpuesta en fecha 13 de febrero del 2000 y la sentencia es de fecha 2 de octubre del 2002 y el monto de condenación fue de RD$2,893,142.37, el asunto sería como sigue: 126.22, que es el IPC de la fecha de sentencia ÷ 106.04, que es el IPC de la fecha de la demanda = 1.19 – 1 = 0.19 x 100 = 19.00 %. Ese 19.00% se aplica al monto de la condenación, que es RD$2,893,142.37 = RD$549,697.05. Y esa es la cantidad que se añade a la condenación.

Envíe sus preguntas carlos.hernandez@claro.net.do

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+ Consultas en Materia Laboral (vacaciones colectivas)

CONSULTORIO LABORAL. Empleada

Por 
carlos.hernandez[@]claro.net.do  
09 septiembre, 2014 2:00 am 
Carlos Hernández Contreras

Carlos Hernández Contreras.

1. Me gustaría saber, si soy empleada y no tengo las 12 cotizaciones y tengo una licencia por incapacidad, ¿cuánto me debe pagar la empresa, si la empresa me tiene en seguridad social pero no reúno los 12 meses mínimos? También, si soy empleada y tengo una licencia de 15 días y la seguridad social a través de la TSS me paga un monto inferior a mi quincena, ¿debe la empresa pagarme la diferencia de mi quincena o no?

Si usted no tiene las 12 cotizaciones previas que requiere el SDSS, no tendrá derecho al subsidio, ni tampoco tendrá derecho a salario, pues la incapacidad constituye, jurídicamente hablando, una suspensión de los efectos del contrato de trabajo, y durante la misma el empleado no presta servicios y el empleador queda liberado de pagar la retribución convenida (Art. 50 del CT). Y en cuanto a su segunda pregunta, durante la licencia al empleado sólo le corresponderán los subsidios que otorgue la Seguridad Social. No le corresponde el pago de salario, por lo mismo que ya expliqué, sobre el efecto de la suspensión del contrato de trabajo. El empleador sólo quedaría comprometido a pagar el salario, si ha faltado a su obligación de afiliación y pago a la seguridad social. Sólo así (Art. 52 del CT). Pero si no es el caso, queda automáticamente liberado.

 

2. Necesito saber si es legal o procede que en una institución, que tiene que ver con salud y trabaja en coordinación con otras instituciones y/o hospitales, que las vacaciones sean impuestas para disfrutarlas colectivamente en diciembre. Esto sin haber preguntado ni consultado con nadie.

Luego que el empleado adquiere el derecho a vacaciones, esto es, desde que cumple un año de servicios, el CT le da un margen de 6 meses al empleador para otorgar las vacaciones. Normalmente las empresas –para no complicarse mucho– suelen conceder las vacaciones justo la quincena después que se ha cumplido el año de servicios; pero nada impide que el empleador cambie la fecha (Art. 188 del CT). Y en cuanto a las vacaciones colectivas, las mismas no están expresamente previstas en la ley (como sí ocurre en otros países), pero tampoco están prohibidas; de modo que, si no se lesionan derechos, nada impide que se puedan implementar (Art.40.15 de la Constitución: “lo que no está prohibido, está permitido”), sobre todo si hay razones prácticas o productivas que así lo justifican.

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Disponen ascenso y traslado de 27 funcionarios del Ministerio Público

Disponen ascenso y traslado de 27 funcionarios del Ministerio Público

Por EL DÍA
Redaccion[@]eldia.com.do 4:23 pm


SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República y presidente del Consejo Superior del Ministerio Público, Francisco Domínguez Brito, informó que ese organismo dispuso el ascenso y traslado de otros 27 funcionarios de la institución.
Mediante resolución designó a los magistrados Francia Calderón, Gedeón Platón y Celeste Reyes Lara como nuevos titulares de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, la Oficina del Abogado del Estado del Distrito Nacional y de la Procuraduría General de la Corte de Apelación de San Cristóbal, respectivamente.
Por igual, el máximo organismo también promovió a Juan Casilla Solís, quien de procurador general de la Corte de Apelación de Montecristi pasó a ser titular de esa dependencia, al igual que Rigoberto Santana del Rosario, quien de procurador general de la Corte de apelación de San Cristóbal fue ascendido a procurador general titular de Medio Ambiente en esa jurisdicción.
El máximo organismo también dispuso el ascenso de Juan Medina De Los Santos, quien de fiscal titular de Villa Altagracia fue promovido a procurador general de Corte de Apelación adscrito a la Procuraduría Especializada de la Salud. En su lugar fue designado de manera interina el procurador fiscal Eleuterio Reyes Navarro.
Además ordenó el ascenso de Sofía Cuevas, quien de procuradora fiscal titular de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de San Cristóbal fue promovida a procuradora general de Corte de Apelación en ese distrito.
En tanto que Roseti Beltré y Ramona Santana Uceta, de la Fiscalía de NNA de Monte Plata y la Fiscalía de San Cristóbal, respectivamente, fueron designadas de manera interina como fiscales titulares de sus jurisdicciones.
El Consejo Superior además ratificó en el cargo de procuradora fiscal titular de NNA de la provincia Peravia a Santa Odesti Luna.
Con la misma resolución también dispuso el traslado de Andrés Chalas y Fermín Casilla, quienes de procuradores generales titulares de Medio Ambiente y de la Oficina del Abogado del Estado del Distrito Nacional fueron movidos a la Procuraduría General adscritos al despacho del Procurador General.
El Consejo del Ministerio Público también ordenó el traslado de Jesús Fernández Vélez, quien de procurador general titular de la Corte de Apelación de San Cristóbal fue trasladado a procurador general titular de NNA de ese departamento judicial.
Del mismo modo, Elvira Bautista, de procuradora de corte adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fue enviada a la Procuraduría General de la Corte de Apelación de NNA de la provincia Santo Domingo.
Igualmente, Ramona Nova, de la PEPCA fue trasladada a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos.
Otras disposiciones de traslados también abarcaron a Awilda Balbuena, quien de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo fue trasladada a la Procuraduría General de la Corte de Apelación de NNA del Distrito Nacional.
Además dispuso que Warner Cubilette, Taipéi Joa Saaol, Ruth Justina Rodríguez, Mártires Aquino y Wandy Ramírez, de las fiscalías del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Elías Piña y Azua, respectivamente, pasaran a la PEPCA.
El máximo organismo también ordenó el traslado de Ana Virginia Marrero, de la Procuraduría Fiscal de Valverde a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de ese departamento judicial. Será sustituida en la Fiscalía por Maribel Espinal, quien antes se desempeñaba en la funciones de fiscal de NNA.
Macronix de Jesús Mora, quien ejercía las funciones de procurador general titular de Medio Ambiente en Montecristi en lo adelante desempeñará las funciones de procurador general titular de Medio Ambiente en esa jurisdicción.
En otra decisión, contenida en dicha resolución dispuso que María Dolores Rojas, de la Fiscalía de NNA de Santiago fuera trasladada a la Procuraduría Fiscal de esa provincia.
Mientras que el procurador fiscal de NNA de Monte Plata, Jesús Vargas Cipriano, fue trasladado a la Procuraduría General de Medio Ambiente en ese distrito judicial.

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