Tavolari: Cuando la justicia se dilata pierde su esencia

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Publicado por Listin Diario
Tavolari: Cuando la justicia se dilata pierde su esencia
– 1/29/2010

Santo Domingo.- “Cuando la justicia se dilata pierde su esencia”, advirtió ayer el presidente del Instituto de Derecho Procesal Iberoamericano, profesor Raúl Tavolari, tras precisar que la justicia lenta siempre perjudica a las personas de pocos recursos.

En cambio, señaló, que las grandes corporaciones pueden soportar procesos largos. Al visitar al procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, expresó su admiración con las reformas y avances alcanzados por el Ministerio Público dominicano y todo el sistema judicial.

El magistrado Jiménez Peña le explicó las funciones de la Procuraduría General de la República, dentro de ellas, sobre su misión como institución encargada representar y defender el interés público y social.

Asimismo, se refirió al desarrollo profesional de los fiscales y al éxito en la implementación de la Carrera del Ministerio Público.

Además, resaltó los avances que experimenta el sistema penitenciario nacional con la implementación del nuevo modelo de gestión, que ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por sus buenas prácticas.

Además, el procurador le manifestó que trabajan cada día para que haya una mejor seguridad jurídica, tras entender que es una garantía para la inversión y el desarrollo económico.

El profesor Tavolari estuvo acompañado del comisionado para la reforma y modernización de la justicia, doctor Lino Vásquez Samuel. El jurista también llamó la atención sobre la importancia de un ejercicio ético del derecho, tras criticar prácticas dilatorias de abogados para incidental procesos. “El componente ético tiene que estar en toda la enseñanza del derecho, no sólo en una cátedra de ética”.

Raúl Tavolari también es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

El Instituto Latinoamericano de Derecho Procesal fue la primera asociación que nucleó a los procesalistas de Iberoamérica. Fue creado en las “Primeras Jornadas Latino Americanas de Derecho Procesal”, celebradas en Montevideo, Uruguay, en mayo de 1957.

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RD pierde millones de pesos por lentitud de justicia

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De Diario Libre

29 Enero 2010, 11:15 AM
RD pierde millones de pesos por lentitud de justicia

Zacarías Payano reclamó la designación de más jueces para que puedan resolver los casos que se les presentan de manera oportuna

SANTO DOMINGO.-La economía de República Dominicana pierde miles de millones de pesos y dólares en inversiones por la lentitud en la justicia, afirmó el consultor, abogado y político independiente, Zacarías Payano, quien llamó a nombrar más jueces en el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo como forma de enfrentar la situación.Payano manifestó que el problema se presenta especialmente en los tribunales que tienen que ver con las toma de decisiones en la expedición de certificaciones de títulos, certificación de cargas y gravámenes, en la solución de litis sobre terrenos registrados y en diferentes procesos que mueven grandes sumas de dinero.”Eso provoca que la gente cambie de opinión, cambie de proyectos y cambie de parecer porque las decisiones son extremadamente tardías para recibirlas”, expresó el jurista. “Tú vas a un tribunal y ese tribunal conoce 40 y 50 audiencias todos los días, entonces humanamente no es posible que un juez pueda fallar la cantidad de expedientes que conoce a diario día”, enfatizó.Reclamó la designación de más jueces para que puedan resolver los casos que se les presentan de manera oportuna.En cuanto a los fallos de los tribunales, Payano dijo que éstos son tardíos debido a los cúmulos de trabajo que tienen los tribunales. Agregó que eso provoca que “el país pierda miles de millones de pesos y dólares en su economía porque tarda muchísimo para conseguir un título, para conseguir una certificación de cargas y gravámenes, para conseguir un desalojo, para conseguir un simple demanda, una determinación de herederos”.
De Diario Libre

AM.-Jueces honorarios

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Tomado de Diario Libre
29 Enero 2010
AM.-Jueces honorarios

A los dominicanos no les gusta hacer homenajes. Ya lo dijo Federico Henríquez y Carvajal, con relación a América, de que “sólo sabe de tus grandes vivos cuando sólo son tus grandes muertos”.Cuando se reúna el Consejo Nacional de la Magistratura, varios jueces de nuestro más alto tribunal pasarán a un merecido retiro. Algunos de ellos son verdaderas lumbreras del derecho nuestro y no deben irse así por así de la actividad pública.En Francia, por ejemplo, los jueces que se jubilan reciben el título de “Juez Honorario”, Presidente Honorario de la Corte…”, y así sucesivamente. Los abogados saben que la inmensa mayoría de las obras escritas por tratadistas franceses del derecho, están firmadas con estos títulos honorarios.¿Por qué no podemos hacerlo aquí? Y así veremos a nuestros juristas como el Vicepresidente de nuestra Suprema Corte, don Papi Luciano, o a doña Margarita Tavárez, o a don Hugo Álvarez y Julio Ibarra, así como al magistrado Hernández Machado, colocar bajo su nombre el título que les otorga la patria agradecida por sus valiosos servicios prestados.Un gesto de esta naturaleza no solo fortalece la institucionalidad del Poder Judicial y del país, sino que ofrece también un incentivo de honor a aquellos jueces que han escogido la carrera judicial para su desarrollo personal y profesional.Que el título de juez no se pierda luego de un retiro honroso, como no se pierde el de los diplomáticos.

atejada@diariolibre.com

Constitución y compromiso político actual

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Clave Digital
jueves, 28 de enero de 2010, 11:59 p.m.
EDITORIAL

Constitución y compromiso político actual
La proclamación de la nueva Constitución es una oportunidad para que comencemos a dejar atrás la cultura de burlar las leyes y la Constitución vigente

Tenemos nueva Constitución de la República y con ella debe comenzar a crearse una nueva cultura jurídica en nuestro país. Las quejas, rechazos y objeciones a la nueva Carta Magna deberán dirigirse al Tribunal Constitucional, establecido en la Constitución, que deberá comenzar el proceso para su instalación.
Como pocas veces en la historia democrática y constitucional dominicana, para la nueva Constitución se realizó un debate amplio y abierto, en el que todos los sectores tuvieron oportunidad para decir cuanto necesitaron. Unos puntos de vista fueron aceptados y otros no.
El proceso tuvo errores lamentables, como haber realizado una consulta popular, con gran consumo de recursos en tiempo, esfuerzo y dinero, y decir posteriormente que las recomendaciones que surgieron de ese proceso no eran vinculantes, ni era necesario tomarlas en cuenta. Otros errores están relacionados con el interés de los asambleístas en resolver conflictos presentes, como el de la migración, por la vía constitucional.
El país debe aprovechar la proclamación y vigencia de la nueva Constitución para que demos el salto hacia la institucionalidad: El respeto a la Ley, y en especial a la nueva Carta Magna es fundamental para que pasemos a formar parte del mundo democrático y civilizado.
Los dominicanos nos hemos acostumbrado a violentar las leyes, y en particular las disposiciones constitucionales, bajo el criterio -muy extendido- de que la Constitución es “un pedazo de papel” y nada más. La gran responsabilidad política del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, en la figura de cada una de las personas que ocupan las posiciones relevantes en esos poderes, es cambiar la percepción de que aquí es posible seguir actuando “como chivos sin ley”.
Si hay fundamento para un pacto político, para un gran acuerdo nacional o para un programa desarrollo, lo primero que debía incluirse en cualquiera de los documentos que de ellos surgieran sería el respeto a lo establecido en la nueva Constitución y, en general, el respeto a lo establecido por las leyes.
Los primeros en hacer respetar la Constitución son los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley, comenzando por el Poder Ejecutivo, siguiendo con el Poder Judicial, y terminando con los ciudadanos de a pie. El cumplimiento de lo establecido es la base del desarrollo de la nueva

Jueces en límite de edad seguirán activos en SCJ

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Publicado por Listin Diario

Jueves 28 de Enero del 2010, actualizado 2:13 AM

JORGE SUBERO ISA
Jueces en límite de edad seguirán activos en SCJ
Ramón Cruz Benzán – 1/28/2010
DEJE SU COMENTARIO
CONSTITUCIÓN. SUBERO DICE QUE PRIMERO TIENEN QUE SER SUSTITUIDOS

Normativa. La nueva Constitución fijó en 75 años la edad para el retiro automático de los jueces del alto tribunal judicial del país.

Santo Domingo.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, aclaró ayer que los seis jueces del alto tribunal que pasan de la edad límite de 75 años, no podrán abandonar el cargo hasta que el Consejo Nacional de la Magistratura escoja a sus sustitutos.
Rechazó la versión de que esos magistrados tengan que abandonar sus cargos tan pronto entre en vigor la nueva Constitución de la República, proclamada el martes por la Asamblea Nacional. “Los jueces del alto tribunal que pasan de 75 años de edad no podrán abandonar el cargo, hasta tanto el Consejo Nacional de la Magistratura no seleccione a su sustituto”, indicó Subero Isa.
Explicó que los jueces que sobrepasan de la edad límite se benefician del artículo 275 de la nueva Constitución de la República, el cual establece que los miembros de órganos constitucionales, vencido el periodo de mandato para el que fueron designados, permanecerán en su cargo hasta la toma de posesión de sus sustitutos. La nueva Constitución fijó en 75 años la edad para el retiro automático de los jueces del alto tribunal judicial del país.
Entre los jueces que pasan de la edad límite establecida figuran Margarita Tavares, 85 años, y José Hernández Machado, de 78, de la Cámara Civil y Comercial de la Suprema; Julio Ibarra Ríos, 75 años, y Hugo Álvarez Valencia, 86 años, de la Cámara Penal; Pedro Romero Confesor, 79 años, y Juan Luperón Vásquez, de 77, del Tribunal Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario.
Otras edadesA este grupo pasará este año el vicepresidente del alto tribunal, Rafael Luciano Pichardo, quien nació el 17 de junio de 1935, y cumplirá 75 años de edad en ese día y mes del 2010.
Los demás jueces de la Suprema Corte de Justicia que tienen menos de esa edad son el presidente Jorge Subero Isa, 62 años; Ana Rosa Bergés de Farray, 66; Eglys Margarita Esmurdoc, 55; Dulce Rodríguez de Goris, 67; Ednilda Reyes Pérez y Víctor José Catellanos Estrella, ambos 59; Edgar Hernández Mejía, 61, y Julio Aníbal Suárez, 67 años.
El límite obligatorio de 75 años para la jubilación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia figura desde hace 11 años en la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial y su Reglamento de Aplicación. La ley del 11 de agosto de 1998 entró en vigor 90 días después de promulgada y para ese entonces ya se encontraban posesionados los actuales jueces de la Suprema Corte escogidos el 3 de agosto de 1997 por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Novedades Legislativas (enero 2010)

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Novedades Legislativas

SCJ designa nuevos interpretes judiciales por Resolución núm. 4081-2009.
Discurso pronunciado por el Dr. Jorge A Subero Isa a modo de resumen ejecutivo anual 2009
“Informe de Resultados de la Visita del Presidente de la SCJ a Francia”
Subero Isa presenta declaración jurada
Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de agosto 2009.
Fijaciones correspondientes al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, 2009
Fijaciones correspondientes a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
Fijaciones de Audiencia del mes. Cámaras de la Suprema Corte de Justicia
Fallos de la Suprema Corte de Justicia correspondientes al año 2009

+ Sobre el Código Procesal Penal

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Publicado por Diario Libre

27 Enero 2010
Código Procesal Penal

El Presidente de la SCJ, Dr. Jorge Subero Isa ha planteado la necesidad de precisar mejor el concepto de “arraigo” en cuanto el mismo ha permitido que los jueces pongan en libertad a muchos delincuentes que han cometido los más graves crímenes. No es ésta una prueba de que el CPP favorece a los delincuentes. VCS.

Interrumpo por esta semana la serie que venia desarrollando en esta columna.

El concepto de arraigo lo introduce el CPP en nuestra legislación procesal. Dispone que el Juez, a solicitud del MP, puede imponer una medida de coerción en los casos en que concurran las siguientes circunstancias: a) existan elementos de prueba suficientes contra el imputado; b) exista peligro de fuga por parte del imputado y c) que la infracción de que se trate sea castigada con pena privativa de la libertad. Las medidas de coerción, en orden a su gravedad, van desde la presentación de una garantía económica, prohibición de salir sin autorización del país; someterse al cuidado o vigilancia de una persona; presentarse periódicamente ante el juez; colocación de localizadores electrónicos; arresto domiciliario; prisión preventiva.

Para evaluar si hay peligro de fuga del imputado, caso en el cual se le impondría la prisión preventiva, el CPP establece varias circunstancias a ser tomadas en cuenta por el juez, una de las cuales es: “el arraigo en el país”, y añade: “determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto” y continua diciendo: “la falsedad o falta de información sobre el domicilio del imputado constituye presunción de fuga”.

Es poco lo que se puede añadir respecto del concepto de arraigo, el que se encuentra bien precisado en el CPP, conforme lo que se ha expuesto. Lo que determina el arraigo es la posición social y económica del imputado, esto es, que tenga domicilio o bienes que hagan deducir que está firmemente establecido en un lugar, lo que hace presumir que no se va a fugar y por tanto que se va a presentar ante los requerimientos judiciales.

El concepto de “arraigo” depende, en la mayoría de casos, de la posición social y económica del sujeto, y por tanto es discriminatorio y viola el principio de igualdad de todos ante la ley.

Aprecio que el desencuentro que hay entre la sociedad y la administración de justicia penal se debe a que, mientras el interés de esta última es que el imputado responda a los requerimientos de la justicia, la sociedad está empeñada en su seguridad, la que siente que peligra cuando se da cuenta que los imputados de cometer un delito grave recobran la libertad, simplemente porque puedan justificar un domicilio conocido.

Para producir un encuentro entre sociedad y administración de justicia es imprescindible aumentar las facultades del juez para poder disponer la prisión preventiva como medida de coerción. Especifico dos circunstancias adicionales a las dispuestas en el CPP en el articulo 234: a) Si hay elementos de prueba suficientes y concordantes que muestren que el imputado es parte de una estructura criminal desde la que se produjo la infracción que se le imputa; b) Si hay elementos de prueba suficientes y concordantes que vinculen al imputado a infracciones que de recobrar su libertad pondría en peligro la seguridad de la sociedad. Sé que en ambos casos se limita la presunción de inocencia, pero tómese en cuenta que: El juez apreciará la imputación del MP por los medios de prueba que exhiba; además, no se olvide que la prisión preventiva dispuesta es revisable cada tres meses, pudiendo el juez mantenerla, descontinuarla o modificarla.

Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com

Guillermo Moreno

Periquitos sobre Constitución

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Periquitos’ sobre Constitución

Publicado por El Caribe

Por Nicanor Leyba
28 de Ene 2010 12:00 AM

Las transformaciones que introduce la nueva Constitución para la celebración de elecciones y para los organismos electorales y judiciales conllevan plazos que van desde seis meses hasta un año. En un caso extremo, uno de esos cambios tardará 10 años.

El texto constitucional tiene 19 “disposiciones transitorias” que, por la complejidad de los cambios, postergan la entrada en vigor de las reformas.

Las disposiciones 7 y 8 explican que los nueve jueces de la Junta Central Electoral (JCE) permanecerán en sus funciones hasta “el período que inicia el 16 de agosto de 2010”. Será a partir de entonces cuando el Senado escoja la nueva JCE, con un presidente y cuatro miembros (artículo 212).

Para entonces el Consejo Nacional de la Magistratura debe designar el Tribunal Superior Electoral, que se encargará de los asuntos contenciosos, con entre tres y cinco integrantes (artículo 215).

Los miembros de la JCE y los jueces del tribunal ejercerán por cuatro años, pero, por excepción, la primera gestión durará seis, para coincidir en 2016 con los cargos elegidos en mayo próximo.

Esto así, porque “todas las autoridades electas mediante voto directo en las elecciones legislativas y municipales del año 2010, excepcionalmente, durarán en sus funciones hasta el 16 de agosto de 2016”, según la transitoria 12.

Sin embargo, los primeros diputados de ultramar sólo durarán cuatro años porque resultarán de unos comicios realizados en 2012.

Desde los debates de la Asamblea Nacional está claro que a partir de 2016 se reunifican las elecciones presidenciales con las legislativas y que se realizarán el tercer domingo de mayo cada cuatro años.

También, que las votaciones para los ayuntamientos serán el mismo año, pero el tercer domingo de febrero, para juramentar a los elegidos el 24 de abril (209).

Tanto en 2010 como en 2016, las elecciones municipales se celebran el tercer domingo de mayo, de modo que el cambio tendrá efectividad en 2020, según la transitoria 14.

La Justicia. El Tribunal Constitucional, aquel al que tanto se opuso el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, “deberá integrarse dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia” de esta Constitución, según la segunda disposición transitoria.

Mientras tanto, detalla la siguiente, la Suprema Corte seguirá atendiendo los recursos sobre la constitucionalidad de los actos del Estado.

“Los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia que no queden en retiro por haber cumplido los 75 años de edad serán sometidos a una evaluación de desempeño por el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual determinará sobre su confirmación”.

No hubo artículo transitorio sobre reelección presidencial

“El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, que será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente”(artículo 122).

Así queda el tema de la reelección presidencial en esta ley sustantiva, que permite la repostulación interrumpida, no continua, y que causó alto interés, múltiples debates y hasta un pacto entre el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado.

Ninguna de las disposiciones transitorias toca este tema en la orientación de quienes esperaban una cláusula que explicara que el presidente Fernández ya agotó sus oportunidades y debe cesar en 2012.

Tal como establecía la vieja Constitución, en caso de falta definitiva del presidente, el vicepresidente lo sustituirá y, si faltaren ambos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia asumiría el cargo de forma interina hasta que sesione la Asamblea Nacional para escoger a un sustituto que ejercería hasta el término del mandato.

Pero el artículo 129 de la nueva Constitución introduce un elemento nuevo.

“Los sustitutos del presidente y vicepresidente de la República serán escogidos de las ternas que presente a la Asamblea Nacional el organismo superior del partido político que lo postuló”.

Creación del Consejo del Poder Judicial

Varios artículos y reformas tocan al sistema de Justicia, como el caso del Consejo del Poder Judicial que, según la primera disposición transitoria, este organismo deberá crearse dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución.

Anticipo de pruebas

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Anticipo de pruebas
Jueves 28 de Enero de 2010 Leila Mejía

El Ministerio Público solicitó ante la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional un anticipo de pruebas, consistente en la presentación en la audiencia preliminar del testimonio de unos cinco testigos en contra de varias personas presuntamente vinculadas con el fugitivo Figueroa Agosto, como Mary Peláez, Ricardo Ivanovich, Juan Ibarra, Eddy Brito, entre otros.
Cuando la magistrada Clara Almonte declaró inadmisible la solicitud planteada por los fiscales, un torbellino se produjo a nivel de los medios de comunicación cuestionando esta decisión.
Sin embargo, es necesario entender las características de la medida para saber si el Ministerio Público hizo bien su trabajo, antes de crucificar a la jueza.
El anticipo de pruebas es una herramienta que se encuentra prevista en el artículo 287 del Código Procesal Penal como una medida excepcional y limitada su petición a, únicamente, dos situaciones: que se trate de un peritaje que por sus características no permita que se realice posteriormente un nuevo examen, y cuando se necesita la declaración de un testigo que por algún obstáculo difícil de superar no pueda hacerlo en un juicio de fondo o que, por la complejidad del caso, exista la probabilidad de que éste olvide las circunstancias esenciales sobre lo que conoce.
El hecho de que se trate de un caso complejo no es suficiente porque no es una causal en sí misma de las previstas por el Código para justificar la concesión de un anticipo de pruebas.
De igual manera, el argumento de solicitar el anticipo para completar la acusación no cabe en la lista taxativa de razones que establece la legislación para que un juez pueda complacer la petición.
Más bien, de ser el caso, debió el Ministerio Público demostrar por qué los testigos no podían esperar a ser escuchados en un juicio de fondo y de no ser así, no tenía fundamento jurídico la petición de la medida y no tenía la jueza más alternativa que rechazarla.
Esta es una muestra más de cómo nuestro muy cuestionable Código Procesal Penal a veces complica el proceso y dificulta la investigación favoreciendo a los imputados.
No obstante, es el papel de los legisladores realizar las urgentes modificaciones que dicho instrumento legal necesita.
Mientras eso no ocurra, deben los fiscales estudiar bien el Código y prepararse mejor antes de subir a una audiencia, a fines de que sus planteamientos sean más acordes con lo que la ley permite, pues aunque no nos guste, mientras el Código se encuentre vigente, dura lex sed lex.

Leila Mejía es abogada y comunicadora