+ Sobre el Código Procesal (El Habeas Corpus)

Publicado por Diario Libre

24 Agosto 2011
CPP. – Código Procesal Penal
El Habeas Corpus

El Habeas Corpus fue adoptado en el país como institución procesal penal para la protección de la libertad de las personas, en el 1014. Es una institución de origen inglés. Busca proteger a las personas de una prisión arbitraria e ilegal. La expresión significa “presentar el cuerpo”, que significa, orden del juez al carcelero para llevar a su presencia la persona detenida, procediendo el juez a examinar rápidamente las razones invocadas para la prisión (o la falta de ellas), pudiendo disponer la libertad del impetrante.

El Habeas Corpus tiene entre nosotros rango constitucional, es decir, que se encuentra expresamente consagrado en nuestra carta magna. Es el Código Procesal Penal el que lo reglamenta como uno de los procedimientos especiales, es decir, distinto al procedimiento ordinario por el que se conocen las violaciones a la ley.

Una acción de Habeas Corpus se puede ejercer en varias hipótesis contempladas en el CPP: 1) Que la persona esté ilegalmente privada de su libertad. ¿Cuándo lo está? En sentido general cuando: i) es detenida por una autoridad que no tiene competencia para ello; ii) es detenida sin la orden de un juez; iii) es detenida fuera de los casos de crímenes flagrantes, o iv) transcurren más de 48 horas de la detención sin que la persona sea presentada ante el juez. En todos estos casos, la persona está siendo víctima de una prisión ilegal y por tanto puede apoderar al juez del Habeas Corpus para procurar su inmediata puesta en libertad. 2) El CPP contempla una segunda y tercera hipótesis: Que la persona se viere inminentemente amenazada de ser privada ilegalmente de su libertad o 3) Que existan motivos suficientes para suponer que la persona puede ser trasladada ilegalmente fuera de la República. En estos dos casos se trata de una acción preventiva de habeas corpus, mediante la cual la persona se adelanta y se pone en manos de un juez para que este examine dichas amenazas y evite se materialice la detención o la deportación. En la acción de Habeas Corpus hay que distinguir varios momentos: 1) La solicitud. Se trata del apoderamiento del juez para que decida sobre la legalidad o no de la privación de la libertad, o de las otras situaciones referidas. La solicitud no esta sujeta a formalidad alguna. Se puede hacer por escrito firmado o por declaración en secretaría. Esta exenta del pago de todo impuesto, tasa, valores o tributos. La solicitud puede presentarse cualquier día. 2) El Mandamiento. El juez evalúa si la solicitud procede, y en caso positivo emite un mandamiento de habeas corpus, es decir, una orden para que le presenten al impetrante ante él o el tribunal. Este mandamiento debe ser cumplido y ejecutado, sin que pueda ser desconocido por defectos formales. El funcionario que se resista a presentar a la persona, sin alegar causa de fuerza mayor, comete desacato y puede ser conducido en virtud de una orden general de captura emitida por el juez o tribunal. 3) La audiencia. El juez o tribunal, puede decidir el habeas corpus luego de oír al impetrante, el día de su presentación. O puede fijar una audiencia sin demora innecesaria y siempre dentro de las 48 horas siguientes, pudiendo disponer que el funcionario que tiene bajo su control al impetrante, se presente y exponga sus motivaciones. La audiencia no puede suspenderse por ningún motivo y el juez o tribunal ordena la libertad o rechaza la solicitud. 4) La ejecución. La negativa, el retardo, o ejecución negligente de la libertad dispuesta por el juez, por parte del funcionario responsable, lo hace reo de encierro ilegal, procede su destitución y la acción civil por daños y perjuicios causados.

Cualquier pregunta o comentario dirigirlo a: gmorenocpp@gmail.com
De Guillermo Moreno

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De.-Derecho económico "Ley de Fideicomiso"

Publicado por Diario Libre

19 Agosto 2011
De.-Derecho económico
Ley de Fideicomiso

El pasado 16 de julio fue promulgada la Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso (en lo adelante indistintamente la “Ley” o la “Ley de Fideicomiso”) la cual tiene como objetivo principal crear las figuras jurídicas necesarias y fortalecer las existentes, para desarrollar el mercado hipotecario dominicano, mediante la canalización de los recursos de ahorro voluntario u obligatorio, para el financiamiento a largo plazo a la vivienda y a la construcción en general; profundizando, al mismo tiempo, el mercado de capitales con la ampliación de alternativas para los inversionistas institucionales y fomentando el uso de instrumentos de deuda que faciliten dicha canalización, lo que unido a la creación de incentivos especiales, aportes del Estado y economías de procesos, sirvan para promover proyectos habitacionales, especialmente los de bajo costo, y así mitigar el déficit habitacional en la República Dominicana.

A los fines de lograr dichos objetivos se crea la figura del fideicomiso que no existía en nuestro ordenamiento legal; y, el cual es definido en esta ley como “el acto mediante el cual una o varias personas, llamadas fideicomitentes, transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales o personales, a una o varias personas jurídicas, llamadas fiduciarios, para la constitución de un patrimonio separado, llamado patrimonio fideicomitido, cuya administración o ejercicio de la fiducia será realizada por él o los fiduciarios según las instrucciones del o de los fideicomitentes, en favor de una o varias personas, llamadas fideicomisarios o beneficiarios, con la obligación de restituirlos a la extinción de dicho acto, a la persona designada en el mismo o de conformidad con la ley”.

El fideicomiso está basado en una relación de voluntad y confianza mutua entre el fideicomitente y el fiduciario, mediante la cual este último administra fielmente los bienes fideicomitidos, en estricto apego a las instrucciones y a los requerimientos formulados por el fideicomitente.

El fideicomiso puede ser puro y simple o, sujeto a condición o plazo. Asimismo, puede establecerse sobre todo o parte del patrimonio del fideicomitente.

El fideicomiso podrá constituirse para servir cualquier propósito o finalidad legal, incluyendo el impulso del desarrollo del mercado inmobiliario, siempre y cuando no sea contrario a la moral, el orden público y las buenas costumbres.

El referido vehículo puede ser constituido sobre bienes y derechos de cualquier naturaleza, sean estos muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, determinables en cuanto a su especie, salvo aquellos derechos que, conforme a la ley, sean estrictamente personales de su titular. Después de su creación, podrán añadirse bienes al fideicomiso, ya sea por el fideicomitente o, por un tercero, siempre que cuente con la aceptación del fiduciario, en las condiciones previstas por la Ley 189-11.

Los bienes y derechos que integran el fideicomiso constituyen un patrimonio autónomo e independiente, separado de los bienes personales del o de los fideicomitentes, del o de los fiduciarios y, del o de los fideicomisarios, así como de otros fideicomisos que mantenga el fiduciario.

Los bienes que formen parte del fideicomiso quedarán afectados al fin que se destinen y, en consecuencia, al pago de las obligaciones y responsabilidades que el fiduciario contraiga en ejercicio de sus funciones por aquellos actos que efectúe en cumplimiento de la finalidad para la cual fue constituido el fideicomiso.

La semana próxima estaremos analizando las diferentes modalidades de fideicomiso que contempla la Ley 189-11.

Envíe sus preguntas a: l.feliz@phlaw.com, m.rodriguez@phlaw.com, i.andrickson@phlaw.com

Website: http://www.phlaw.com Pellerano & Herrera
De Diario Libre

+ Consultas en Materia Laboral (trabajo fraccionado)

Publicado por el Periódico HOY

15 Agosto 2011, 11:52 PM
CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

1. He trabajado por más de 20 años en una empresa y desde hace un año fui transferido a otra área en la misma empresa, debido a mi estado de salud, pues tengo una hernia discal que adquirí haciendo trabajo pesado en la empresa. ¿Puede la empresa liquidarme en cualquier momento estando yo cumpliendo con mis obligaciones y no siendo una persona conflictiva? ¿Puedes la empresa liquidarme a sabiendas que tuvo que reubicarme por problemas de salud. En caso de que así fuere, ¿Cuál sería mi procedimiento en contra de la empresa?

Si usted está trabajando activamente en la empresa (es decir, su contrato no está suspendido por incapacidad temporal) la empresa tiene pleno derecho a ponerle término al contrato de trabajo mediante desahucio, con la consecuente obligación de pagarle prestaciones laborales. Ese derecho de la empresa a ponerle término a su contrato de trabajo es independiente de que usted esté o no cumpliendo con sus obligaciones o de que usted no sea conflictivo, pues un empleador no está obligado a permanecer atado a un empleado indefinidamente. Para eso la ley le pone condiciones, y si él las satisface, queda liberado de ponerle término al contrato.

Por otro lado, usted podría tener derecho a una acción legal en contra de su empleador si usted demuestra que la empresa no lo afilió o no cotizaba por usted en la seguridad social; pero si usted está afiliado, usted debe acudir a la Administradora de Riesgos Laborales, ARL Salud Segura, que es la entidad oficial gestora del Seguro de Riesgos Laborales, y ahí, primero calificarán su enfermedad, y segundo, si es efectivamente una enfermedad laboral, entonces le corresponderán una serie de prestaciones y atenciones médicas propias de su afección.

La ARL puede calificar su afección como una “enfermedad común” (o sea, no laboral) y en tal caso usted puede acudir a la ARS a la que esté afiliado, en donde, eventualmente, le corresponderán otras prestaciones y beneficios derivados del Seguro Familiar de Salud.

Si usted no está de acuerdo con la calificación que de la ARL, usted puede impugnar la decisión de la ARL por ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).

2. ¿Si el trabajador trabaja medio día (digamos que 4 horas), se debe pagar el equivalente a medio salario mínimo establecido por el CNS?

Si, se puede. Si sobrepasa las 29 horas semanal, ya no se considera tiempo parcial, según el Art. 4 de la actual tarifa salarial mínima.

+ Consultas en Materia Laboral (Varias)

Publicado por El Periódico Hoy

8 Agosto 2011, 11:49 PM
CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

1. Si una persona recibe atención médica fuera de su ARS, y no ha llevado ningún documento a su empleador, pero alega que fue que se clavó una espina en el trabajo, ¿Cómo maneja eso la empresa? Debería ir a subsidio por enfermedad, o reportarse a la ARL. El asunto es que esta persona ha actuado unilateralmente, y tampoco asiste a trabajar. ¿Qué debe hacer la empresa sin lesionar al empleado?

Si él dice que se accidentó en el trabajo, la empresa debe reportarlo a la ARL usando el formulario ATR-2 que se puede bajar desde el website de la ARL. Corresponderá a la ARL hacer las investigaciones que le faculta la ley para ver si es verdad que se trató de un accidente laboral. Si en efecto lo es, la propia ARL otorgará las prestaciones y subsidios que procedan; y si no lo es, la ARL le informa a usuario que la incapacidad no aplica como riesgo laboral, sugiriendo que el afecto se dirija a la ARS que le corresponda.

Si el empleado no está conforme con la decisión de la ARL, puede primero, presentar una reevaluación llenando el formulario FO-SC-001; pero puede también impugnar la decisión por ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)

Todo eso es en cuanto a las formalidades propias de la seguridad social. Ahora, en cuanto al Ministerio de Trabajo (si el empleado continua incapacitado), la empresa debe comunicar por escrito al situación indicando que el contrato se encuentra suspendido conforme a lo previsto en el Art. 51.6 del CT. Esa comunicación podría llevar anexa la documentación que le sirva de apoyo, tal como certificado médico, formularios, etc.

2. Cuando un empleado obtiene una beca para realizar estudios en el exterior del país y en vez de darle un permiso, la empresa le otorga una licencia sin disfrute de salario, qué establecen las leyes laborales sobre este asunto

En un caso así, los efectos del contrato están suspendido en base al Art. 51.1 del CT, que permite que las partes se pongan de acuerdo para suspenderlo temporalmente.

3. Tengo una persona que le cubre los días libres al Seguridad, esta persona tiene más de 7 año cubriendo estos días. Quiero saber los derechos que tiene esta persona; si le corresponde lo mismo que aun empleado fijo.

Si, le corresponde lo mismo, pues el carácter temporal de la prestación del servicio ha desaparecido con el transcurrir de los años.

+ Sobre el Código Procesal Penal (Judicialización de la Extradición)

Publicado por Diario Libre

CPP. – Código Procesal Penal
August 03, 2011 05:55

Judicialización de la Extradición
Con anterioridad a la promulgación del CPP, era el Poder Ejecutivo quien tenía facultad de conceder o rechazar la extradición de una persona solicitada por otro Estado. La solicitud se planteaba ante la Procuraduría General de la República y el trámite se hacía por vía de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores. Es decir era un trámite y una decisión exclusivamente administrativa.

El Código Procesal Penal judicializó este procedimiento y en esa virtud le suprimió esta facultad al Poder Ejecutivo transfiriéndosela a la Suprema Corte de Justicia.

La extradición es ahora un proceso judicial aunque conserva una parte administrativa, referida a todo lo relativo a la tramitación que hace el Estado requeriente ante el estado requerido.

En el CPP se distingue la extradición activa de la extradición pasiva.

En la primera, el juez o tribunal competente dominicano, apoderado de un caso, solicita, por las vías diplomáticas correspondientes, a petición del ministerio público o de las partes, la extradición de una persona acusada y que se encuentra en un Estado Extranjero.

En la Segunda, corresponde al Poder Ejecutivo dominicano tramitar a la Suprema Corte de Justicia, para que decida, la solicitud de extradición de un Estado extranjero, respecto de una persona que se encuentra en nuestro territorio.

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia es la competente para conocer de la extradición y puede cautelarmente ordenar la aplicación de medidas de coerción de la persona solicitada en extradición, en los casos en que la ley le da esta facultad.

Son múltiples las ventajas que supone la judicialización de la extradición. Con ella se garantiza: 1ero. Que la persona requerida en extradición pueda presentar sus medios de defensa frente a la solicitud que pesa en su contra Estado requeriente; 2do.- Que la decisión la adopte un tribunal en base a consideraciones que se hacen públicos y figuran en su sentencia.

Esto es importante porque así los jueces apoderados están obligados a examinar la solicitud a la luz de lo que dispone la ley sobre Extradición y a los tratados de extradición ratificados por el país y que sean aplicables.

Los jueces de la cámara penal de la Suprema Corte tienen absoluta soberanía para interpretar, aplicar y decidir en base a la ley y a los tratados todos los casos de extradición de que sean apoderados.

El CPP faculta al Estado requeriente a presentar sus pruebas y pretensiones en la o las audiencias que se celebren, luego de lo cual los jueces deciden la extradición conforme a la ley y a su conciencia.

La concesión o no de una persona en extradición es un acto soberano del Estado requerido y en esa virtud, no podría un Estado extranjero elevar protesta por la decisión que adopte, en este caso el poder judicial en un asunto sometido a su decisión, en cuanto le resulto desfavorable a sus pretensiones.

Cualquier pregunta o comentario dirigirlo a: gmorenocpp@gmail.com

+ Consultas en Materia Laboral (El Preaviso)

Publicado por el Periódico HOY
1 Agosto 2011, 11:27 PM
CONSULTORIO LABORAL

Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

Especialista en derecho laboral

Mis preguntas son: ¿Como empleador podemos obligar a un trabajador a preavisarnos? ¿Qué se hace si el empleado no quiere dar los días de preaviso y el monto de sus derechos adquiridos es suficiente para pagarnos el preaviso? ¿El monto de preaviso que el empleado debe pagarnos se contempla en el mismo documento de descargo por salida? ¿Se debe enviar una comunicación especial al Ministerio de Trabajo cuando el empleador preavisa a una persona? ¿Y cuando el trabajador preavisa a la empresa?

El empleado que renuncia (es decir, ejerce el desahucio) está obligado a dar el preaviso trabajando los días del preaviso, y si no quiere hacer eso, tiene la opción de pagar el preaviso a su empleador (Arts. 76 y 77 del CT). El empleador no puede obligarlo a decidir una cosa por otra pues esa opción (entre trabajar o pagar el preaviso) se la da la ley al trabajador.

Ahora bien, si el trabajador decide renunciar, se va de la empresa y no paga el preaviso, la empresa tiene derecho a una acción legal en cobro de ese preaviso impagado del mismo modo que los trabajadores lo tienen cuando el empleador ejerce el desahucio sin pagar el preaviso, es decir acudiendo a los tribunales para que condenen al trabajador a pagar ese preaviso.

La otra alternativa podría ser conversar con el empleado para ver si el consiente en que le descuenten el monto del preaviso de lo que haya que pagarle de derechos adquiridos (regalía, vacaciones, bonificación, etc.). En tal caso, se hace constar en un recibo de descargo el descuento del dicho preaviso de los derechos adquiridos.

Si el empleado no está de acuerdo, entonces habría que retenerle ese pago y cuando el demande en cobro de esos derechos adquiridos, responderle con una contra-demanda en cobro del preaviso y solicitando al tribunal una compensación de deudas.

El empleador no puede decidir unilateralmente el descuento del preaviso no pagado sobre los derechos adquiridos. Para poder hacerlo tendría que disponer previamente de una autorización por escrito del trabajador (o en una cláusula del contrato escrito) en donde este consienta ese descuento en caso de renuncia.

Por último, en cuanto a las formalidades, el empleado que renuncia es quien tiene la obligación legal de comunicarlo al MT, pero como eso nunca se cumple y además no está sancionado legalmente, yo sugiero siempre al empleador que recibe una renuncia, que lo comunique al MT.