Novedades Legislativas

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Novedades

Vicepresidente de la República destaca la protección del Trabajador por la Corte de Casación

——————————————————————————–

SCJ decide, mediante Resolución núm. 748-09, lo relativo a la suspensión de la ejecución de las sentencias según la Ley No. 491-08 que modifica la Ley de Casación

——————————————————————————–

SCJ declara culpable al Magistrado José Ramón Pérez Bonilla, Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, de haber cometido faltas en el ejercicio de sus funciones.

Anuncios

+ Consultas en Materia Laboral (reducción de sueldo)

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por el PERIODICO HOY
27 Abril 2009, 11:34 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. La empresa para la cual laboro desahució recientemente a un número considerable de trabajadores. Al personal mensual que quedó se le está planteando la reducción de un 20% de su sueldo, ya que la empresa sólo laborará 4 días a la semana. En ese sentido, se nos ha propuesto continuar laborando sin liquidarnos. ¿Qué base legal ampara a la empresa para tomar esta decisión? ¿Debe la empresa liquidar a sus empleados y recontratar a los que desee mantener? ¿En caso de que sea legal este procedimiento, se debe firmar algún documento donde se especifiquen las nuevas condiciones de trabajo? ¿Cuál sería el sueldo base que se utilizaría para el cálculo de las prestaciones si alguien es desahuciado en el futuro?

Esto que les ha propuesto su empleador es algo que se está dando mucho desde el año pasado, a partir de la crisis económica que está afectando a muchas empresas, y pienso que es factible y legal, siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones:

1) Que cada empleado individualmente esté de acuerdo, y firme un documento o un nuevo contrato en señal de aceptación;

2) Que la reducción salarial acordada sea proporcional a la reducción del trabajo. Es decir, que la proporcionalidad entre reducción de tiempo de trabajo y reducción de beneficios debe ser auténtica. Por ejemplo, no se concibe que el acuerdo sea válido si al empleado le disminuyen solo 3 horas de trabajo (en una jornada de 8 horas) y se le reduce la mitad del sueldo.

3) Habría que establecer (por escrito) que el empleado tuvo una opción y eligió entre recibir las prestaciones laborales o seguir trabajando a un tiempo reducido. Esa parte tiene mucho valor a la hora de interpretar este documento si acaso surge un conflicto.

4) Y por último, siempre y cuando no se reduzcan derechos mínimos legalmente establecidos.

En cuanto al salario que servirá de base para el cálculo de las prestaciones laborales a futuro, será siempre el salario promedio de los últimos 12 meses laborados.

2. Cuando se paga el doble sueldo, ¿puedo usar la hoja de cálculo que obtengo por el SET para ponerlo a firmar y eso me sirva de prueba que le pague el doble sueldo?

Yo diría que sí, que puede servirle; pero le sugeriría que junto a la firma, le pida que ponga, de puño y letra:“recibido conforme mi pago de la regalía pascual”

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Instancia privada)

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por DIARIO LIBRE
en fecha 29 Abril 2009
CPP. – Código Procesal Penal
Instancia privada

Fui víctima de una infracción en la que hubo varios testigos y luego resultó que el MP no inició ninguna investigación, porque supuestamente era a instancia privada y yo no lo había autorizado y procedió a poner en libertad a uno de los acusados. Luego que fue apresado, se fijó una audiencia y el fiscal no asistió para solicitar la medida de coerción, porque él no estaba de acuerdo. No entiendo como en un momento necesitaba de mi autorización y luego en contra de mi voluntad dejó caer el expediente. Diógenes Gálvez.

La acción pública a instancia privada es un tipo de acción pública en la cual el Ministerio Público no puede poner en movimiento la acción penal, sin que previamente la víctima o su representante, mediante una instancia privada, le autorice a hacerlo.

El CPP enumera, de manera taxativa en el artículo 31, las infracciones que dependen de instancia privada. Entre ellas están las vías de hecho, los golpes y heridas que no causen lesión permanente, amenazas, robo sin violencia y sin arma, estafa y abuso de confianza.

Se trata en estos casos de infracciones en que el bien jurídico afectado o es poco relevante y/o entra en un ámbito muy privado de la víctima. En estos casos, el legislador, por economía procesal, ha preferido que sólo se inicie la persecución con el consentimiento de la víctima toda vez que ésta pudiera no tener interés en ello o sentir que la investigación y persecución le causa mas perjuicio que beneficio.

Ahora bien, en el caso de su pregunta, hay varias situaciones que es necesario ponderar:

1.- Ciertamente, si se trataba de un caso de acción pública a instancia privada, el Ministerio Público no podía iniciar propiamente la persecución, sin la autorización de usted como víctima. Por lo que usted relata, el Ministerio Público o la policía detuvo al infractor, pero al cabo de 48 horas, sin su instancia privada, el no tenía otra alternativa que la puesta en libertad.

2.- Ahora bien, inmediatamente producida la instancia privada, que puede ser por un escrito de la víctima o su representante, o simplemente declarando su intención en el despacho del Ministerio Público, corresponde al MP ejercerla como en toda acción pública.

3.- Es importante precisar que la víctima puede en cualquier momento retirar su instancia, lo que obligaría al MP a cesar la persecución.

4.- Si bien en este tipo de acción, el MP no puede ejercer la acción pública sin la instancia previa de la víctima, luego de recibida ésta, el MP recobra toda sus competencias, pudiendo en ese sentido aplicar una medida alternativa o disponer su archivo o desestimarla. Es decir, la instancia de la víctima no liga al MP con el curso específico que debe darle al caso.

5.- Debo interpretar que si el Ministerio Público no asistió a la audiencia donde se conocería sobre la adopción de una medida de coerción equivale a que estaba desistiendo de la persecución penal, lo cual entra dentro de sus facultades.

6.- La víctima tiene la facultad de apelar toda decisión que le ponga fin al procedimiento. Asimismo, en los casos en que la víctima presenta una querella que el MP declara inadmisible, el querellante puede acudir ante el juez de la instrucción para que decida al respecto.

Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com

De Guillermo Moreno

+ Sobre el Codigo Procesal Penal

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por DIARIO LIBRE

22 Abril 2009
CPP. – Código Procesal Penal

He sostenido que constituye una inmunidad procesal, la disposición del CPP que obliga a determinados profesionales abstenerse de declarar respecto de informaciones que conocen de sus clientes provenientes de su ejercicio profesional. ¿Cuál es su diferencia técnica con el privilegio de jurisdicción? Bethania Zayas.
Empecemos por aclarar ambos conceptos.
La inmunidad hay que verla como un privilegio que ha creado la ley a favor de determinadas personas, ya por la función que desempeñan, ya por una determinada circunstancia, en virtud de las cual quedan exoneradas de cumplir con determinadas obligaciones que sí deben observar los demás personas.
En el Código Procesal Penal hay varias formas de inmunidad procesal.
Está por ejemplo la contenida en el artículo 195 que permite a determinados funcionarios, en atención a su jerarquía y función en el Estado, a solicitar, en caso de ser llamados a declarar como testigos ante la jurisdicción penal, que la misma se lleve a cabo en el lugar donde cumplen sus funciones o en su domicilio.
Los funcionarios a que se refiere el CPP en el citado articulo son: El Presidente y Vicepresidente de la República, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, el Presidente de la Junta Central Electoral, los embajadores y cónsules extranjeros.
En estos casos el tribunal se traslada al lugar establecido, debiendo el mismo llevarse a cabo en las condiciones de contradictoriedad, publicidad, entre otras, establecidas de forma ordinaria para las prestación del testimonio.
Esa inmunidad procesal que le exonera de la obligación de comparecer, es un reconocimiento a sus funciones y un privilegio, en cuanto, toda persona tiene la obligación de presentarse ante la citación que le haga un juez o tribunal, y de negarse, puede ser declarado testigo reticente y eventualmente sancionado.
El artículo 196 por su parte consagra la facultad del conjugue o conviviente del imputado y los parientes hasta el tercer grado de consaguinidad o segundo de afinidad, de abstenerse de prestar declaración en un juicio penal.
El CPP en el artículo 197 se refiere a las personas que tienen una obligación de abstenerse de declarar respecto de informaciones obtenidas de sus clientes a propósito del desempeño de sus funciones.
Estas personas, tienen obligación de comparecer y exponerle al juez el por qué de su abstención. Es necesario resaltar que ellos tienen la obligación de declarar respecto de todo lo que sepan del caso que no estuviere protegido por el secreto profesional.
En lo que se refiere al privilegio de jurisdicción, consagrado en los artículos 377 y siguientes, es una institución procesal de naturaleza distinta.
Se trata del otorgamiento de competencia, a una jurisdicción de mayor rango, para conocer de los hechos punibles cometidos por una persona en razón de su jerarquía o función en el Estado. Conforme a ello, la Corte de Apelación, que ordinariamente conoce los casos en segundo grado, pasa a conocerlo en primera instancia cuando el imputado/a es un juez de primera instancia, de la Instrucción, es un procurador fiscal, o un gobernador provincial. La Suprema Corte de Justicia, por su parte, conoce en primera instancia de las infracciones cometidas, entre otros, por el Presidente y vicepresidente de la República; de los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia y de los jueces de las cortes de apelación; de los senadores y diputados; de los Secretarios de Estado.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

+ Consultas en Materia Laboral (Trabajadores de la Construccion)

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por el PERIODICO HOY
13 Abril 2009, 11:59 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

1. En una construcción tengo trabajadores que en cualquier momento abandonan el trabajo; yo lo notifico a la SET, pero no solicito ningún inspector para que levante un acta. A los 5 o 6 meses después ¿pueden aparecer con una dimisión? Y en caso de ser justificada la dimisión ¿qué prestaciones debo pagar? Otra situación: En caso de que el trabajador abandone y yo notifico a la SET el abandono y decido despedirlo, ¿a quién le voy a pagar lo que corresponde de derechos adquiridos? si no vuelvo a ver al trabajador.

Si se produce un abandono, el empleador debe ejercer un despido en base a esa falta en que incurrió el trabajador. No basta comunicar a la SET que se ha producido un abandono. Así lo ha juzgado la Suprema Corte en su jurisprudencia: 3° Cám. SCJ 21 Jun. 2000, B. J. 1075 y 3° Cám. SCJ 18 Ene. 2006, B. J. Vol. II, Pág. 952.

Ese despido debe comunicarse a la SET y también al último domicilio conocido del trabajador, y a veces es prudente y conveniente utilizar un acto de alguacil para comunicar ese despido.

Hay una práctica, cada vez más extendida, (obviamente auspiciada por abogados) que consiste en “dimitir”, meses y hasta años después que el trabajador abandonó su trabajo, basándose en aquella jurisprudencia, según la cual el abandono no pone término al contrato. Se crea así una dimisión ficticia, es decir una terminación irreal del contrato, que realidad había terminado con el abandono del trabajador.

Esa situación ya se dio en Francia (en donde el “abandono” no existe en la ley, pero con frecuencia ocurre en la práctica) y la Corte de Casación de ese país determinó que cada caso debe ser examinado particularmente, y si de los hechos resulta que el contrato nunca tuvo ejecución luego del abandono, entonces el contrato habrá terminado con ese abandono, sin responsabilidad para el empleador.

En conclusión: Si el trabajador abandona, comunique un despido por abandono a la SET, y además al último domicilio conocido del trabajador.

Si ya usted comunicó el abandono (sin ejercer el despido), no todo está perdido: Ocúpese de demostrar que el contrato terminó real y efectivamente con el abandono, pues en materia laboral debe siempre prevalecer “la realidad sobre lo escrito”, siempre que lo escrito se trate de una simulación como sería una “dimisión” 6 meses o un año después que no se ejecuta el contrato.

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Embarazadas)

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por DIARIO LIBRE
en fecha 18 de abril 2009

CPP. – Código Procesal Penal
Embarazadas

¿Contiene el CPP disposiciones relativas a una mujer embarazada que cometa una infracción y si está embarazada o le nace un hijo durante la privación de la libertad?

En los casos de una mujer embarazada imputada o condenada que sea privada de su libertad, el CPP contiene disposiciones concretas. El artículo 234, prohíbe al juez disponer la prisión preventiva en perjuicio, tanto de “mujeres embarazadas” como de “madres durante la lactancia”. El Juez podrá, respecto de una y otra, disponer otras medidas de coerción personal, incluyendo la prisión domiciliaria, además de las medidas de coerción reales. El CPP también incluye dentro de las condiciones especiales de cumplimiento de la pena, el que la imputada se encuentre “en estado de embarazo o lactancia”. El art. 342 dispone que en estos casos el tribunal puede decidir que el cumplimiento de la pena se verifique parcial o totalmente en el domicilio de la persona imputada o en un centro clínico. El Código en ningún caso establece plazos específicos, sino que lo deja a la apreciación del juez o del tribunal, para lo cual deben tomarse en cuenta las disposiciones contenidas en la ley 8-95 que usted, acertadamente cita. Otra cuestión que se plantea, relacionada a su pregunta, son los casos en que el embarazo o la lactancia se produce cuando la mujer ya está en prisión, sea preventiva o cumpliendo condena. En el primer caso es oportuno referir que el CPP dispone (art. 238) que el juez en cualquier estado del procedimiento, a solicitud de parte o de oficio en beneficio del imputado, revisa, sustituye, modifica o hacer cesar las medidas de coerción por resolución motivada, cuando así lo determine la variación de las condiciones que en su momento la justificaron. En el caso específico de la prisión preventiva, el juez o tribunal competente examina de forma obligatoria los presupuestos bajo los cuales se adoptó, cada tres meses (art. 239 y 240). En la segunda hipótesis, es decir que el embarazo o estado de lactancia se produzca durante el cumplimiento de la condena, hay que reseñar que en la prensa se ha documentado la existencia de niños y niñas que nacen durante el cumplimiento de la condena de su madre y ellos conviven dentro del recinto carcelario hasta el cumplimiento de la pena. En este caso, la competencia corresponde al juez de la ejecución penal, quien debe resolver todas las cuestiones que se planteen sobre la ejecución de la condena (arts. 74 y 437). La madre que quede embarazada durante el cumplimiento de la condena, debe reclamar al juez de la ejecución el beneficio de condiciones especiales de cumplimiento de la pena del art. 342. Igual si el menor de edad nace en el recinto carcelario. En este caso, el juez de la ejecución, no solo debe resolver la situación de la madre, sino disponer lo que resulte adecuado para la protección de los derechos de la persona menor de edad, conforme las disposiciones del Código de Niño, niña y adolescente, contenido en la ley 136.

Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com

De Guillermo Moreno

Articulo de Adrino Miguel Tejada (El Aborto)

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por DIARIO LIBRE

AM. – El aborto

El tema del aborto, o de protección de la vida humana, que son dos cosas diferentes, es controversial y se presta a dogmatismos, pero cualquier persona medianamente racional, estará de acuerdo con que debe ser reglamentado.

El aborto, como se sabe, es la interrupción del embarazo, pero la iglesia católica lo ha llevado hasta la concepción, no dejando ni siquiera un resquicio para aquellos casos que, para una persona razonable, parezcan necesarios.

La posición irracional debe ser rechazada.

La ley es, en realidad, un balance entre valores. Se castiga el valor considerado malo (el homicidio), pero aún estos valores negativos pueden ser positivos, cuando se trate de legítima defensa, en cuyo caso, la ley sopesa el valor del agredido frente al del agresor y otorga el veredicto en favor del agredido.

Existen casos en materia de aborto en que se enfrentan disyuntivas similares: ¿A quién salvar, a la madre o a la hija? Cuando este conflicto se presenta, una persona facultada, el médico, toma la determinación, siempre a favor de la madre, que es el valor vivo frente al “por nacer”.

Son cuestiones de orden ético, pero también práctico, que tienen que ser tomadas en cuenta por el legislador.

Y así ha sido, al punto que Italia, país donde tiene su sede el Vaticano, o España, nación de donde nos llega el cristianismo, no tienen en sus constituciones una fórmula como la propuesta en nuestro país, que tendría implicaciones sobre el uso de anticonceptivos y la investigación científica, que nadie, por más católico que sea, puede aceptar.

Ese artículo debe ser modificado.

atejada@diariolibre.com

Novedades Legislativas

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Novedades

Auto del Presidente, que declara Inadmisible por imprecisión de la formulación de cargos, la querella interpuesta por Andrés Guzmán Collado, Richard Nelson Veras Contreras y José Amado Hernández Rodríguez contra Jaime David Fernandez Mirabal .

Auto del Presidente que declara inadmisible por imprecisión de la formulación de cargos, la querella interpuesta por Julio César Veras Contreras, Luis Miguel Hernández Rodríguez y Eliseo Vargas Santana.

Legisladores se oponen a que se modifique Código Trabajo de la Rep. Dom.

Click Para nuestra Pagina Oficial / Click to our oficial Page

Publicado por LISTIN DIARIO
Jueves 2 de Abril del 2009, actualizado 2:55 AM

PROPUESTA
Legisladores se oponen a que se modifique Código Trabajo
Deyanira Polanco – 4/2/2009

Santo Domingo.- La propuesta del sector empresarial de modificar el Código de Trabajo fue rechazada ayer por senadores y diputados que la califican de inoportuna, porque la actual crisis global afecta más a los que menos tienen.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Radhamés Castro, y el senador Adriano Sánchez Roa, autor de un proyecto de aumento salarial que cursa en el Congreso, expresaron su oposición a la iniciativa de los empresarios.

Sánchez Roa dijo que en el conocimiento de la Reforma Constitucional propondrá mayor protección salarial para los trabajadores y aseguró que el Congreso no modificará ninguna ley para perjudicar a más de cuatro millones de personas.

“No es posible que en estos momentos hayan personas ganando tres mil 500 pesos mensuales, siendo las zonas francas favorecidas con un aval del Estado de mil 200 millones de pesos para preservar empleos. Ellos no deben estar apretando la tuerca, nosotros nos oponemos”, enfatizó Sánchez Roa.

Sostuvo que los empresarios y las zonas francas no se conforman con haber mantenido congelado los sueldos durante dos años, y dijo que el proyecto que sometió al Congreso busca que el aumento salarial se realice por ley y no que se discuta por el Comité de salarios, ya que ese organismo sólo tiene capacidad para aumentar el sueldo mínimo. De su lado, el diputado Radhamés Castro dijo que es inoportuno el planteamiento de los empresarios, porque sería echarle pólvora y fósforo al ambiente nacional en momentos en que amplios sectores están protestando por diferentes demandas.

Recordó que en los momentos de crisis los más afectados son los trabajadores, porque pierden calidad de vida y sus empleos, en cambio los empresarios lo que ven es reducir sus ganancias.

Dijo que respetan el derecho que tiene el sector empleador, pero su propuesta es inaceptable, y que éste lo que debe hacer es buscar fórmulas efectivas para enfrentar la crisis.

Mientras, el diputado Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) consideró que, además de la protección de los trabajdores dominicanos, se debe abogar por la nacionalización del trabajo.