Poder Judicial: Conmemoración del Día de la Independencia Nacional

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Por la presente, les comunicamos que con motivo de la Conmemoración del Día de la Independencia Nacional, el viernes 27 de febrero de  2015 no habrá labores en el Poder judicial a nivel Nacional, reiniciando labores el lunes 2 de marzo de 2015.
Excepción a esta disposición son las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente, adscritas a los Juzgados de la Instrucción de los diferentes Distritos Judiciales, las cuales laborarán normalmente.
Atentamente,
Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)
Consejo del Poder Judicial, República Dominicana
Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó
Centro de los Héroes – Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.

CP: 1485; Tel: 809.533.3191, exts. 2189 y 2193; Fax: 809.532.3859
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Domínguez Brito inaugura nuevo sistema para adultos mayores privados de libertad

Santo Domingo.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, inauguró un nuevo sistema exclusivo para 150 adultos mayores privados de libertad, el primero que se implementa en el país, construido con fondos del presupuesto de la institución.

Ver aqui: A&J ASOCIADOS

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Sentencia del Tribunal Constitucional No. 0339/14 sobre Registro de los Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales.

Distinguidos(as) usuarios(as) del Poder Judicial: 

Sírvanse encontrar en el enlace la sentencia TC/0339/14 del Tribunal Constitucional.
Titulo:

Sentencia del Tribunal Constitucional No. 0339/14, de fecha, que declara no conforme con la Constitución de la República los artículos 13 y 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 y 42 de la Ley núm. 2334-1885, sobre Registro de los Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales.
Ver: aquí 

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Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre: Participación en los beneficios

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Sírvanse encontrar en el enlacehttp://ift.tt/1vS7dzM los criterios jurisprudenciales siguientes:

 

Salas Reunidas SCJ: Laboral

 

Falta de base legal. Participación en los beneficios. La recurrente es  una empresa liberada de la presentación de la declaración jurada a la Dirección General de Impuestos Internos sobre sus actividades económicas, por tanto la Corte A-qua no podía condenarla al pago de la participación en los beneficios. Casación por vía de supresión y sin envío.

 

Voto disidente:

Principio de Favorabilidad. Artículo 74.4 de la Constitución de la República. Concurrencia de normas legales. No existe base legal para considerar que el Consejo Estatal del Azúcar no está obligado a presentar la declaración jurada anual de sus ganancias y pérdidas a la Administración Tributaria. Ver sentencia inextensa en el siguiente enlace:

 

 

Atentamente,

 

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Centro de los Héroes – Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.

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Arbitraje inconstitucional

Arbitraje inconstitucional:

Yesterday at 3:32 PM Arbitraje inconstitucional Eric J. Hernández-Machado eldia.com.do

El pasado 9 de febrero el Tribunal Constitucional ha dejado en estado de ser fallado, un recurso de inconstitucionalidad contra el Artículo 40, de la Ley No. 489-08 sobre Arbitraje Comercial, Publicada en G.O. No. 10502, que en sus numerales 2 y 4, disponen lo siguiente:

2)            Durante el proceso de nulidad el laudo se mantiene como ejecutorio, a menos que sea suspendido por el Presidente de la Corte de Apelación competente, actuando como Juez de los Referimientos. Entre la notificación de la demanda en suspensión y la celebración de la primera audiencia por ante el Presidente de la Corte, el laudo se considerará como suspendido de pleno derecho. En todo caso, el procedimiento arbitral continuará y

4)            Las sentencias sobre la nulidad del laudo pueden ser recurridas en casación, sin embargo, aquellas ordenanzas dictadas por el Presidente de la Corte sobre la suspensión no pueden ser objeto de dicho recurso.”

La Ley sobre Arbitraje Comercial ha dado un trato diferenciado al Debido Proceso del orden judicial y una vez se ha rendido el Laudo Arbitral definitivo. La finalidad del tratamiento diferenciado en estas disposiciones legales, no ha sido el más “idóneo”, ni necesario, porque indica la norma, ahora cuestionada por inconstitucional, porque “proceso de nulidad el laudo se mantiene como ejecutorio”, lo cual parecería el “principio”, para más tarde disponer que las Ordenanzas que dicte el Presidente de la Corte, “no son susceptibles de recurso”, lo cual crea una situación que impedirá, como cuestión fáctica, a los jueces del fondo estatuir en la demanda principal, con efectos jurídicos eficientes, sobre la acción en nulidad que se trate.

Al crear estos amplísimos poderes en el Presidente de la Corte, deja sin efecto vinculante la cláusula de le igualdad prevista en la Constitución y no aprueba dicha legislación el test de razonabilidad, ya que todo tratamiento diferenciado está provisto de una justificación, lo cual no acontece en la especie, en razón que de no se explica que la deseada celeridad de un proceso arbitral, el legislador justifique en su diseño u organización judicial y que en los hechos sólo favorece al que ha obtenido ganancia de causa ante los árbitros.

Más allá de los diferentes significados que ha asumido la razonabilidad, tanto en doctrina como en jurisprudencia comparada, cabe destacar, prima facie, que en el ámbito del juicio de igualdad una medida que establezca un trato diferente, será razonable sólo cuando haya superado el juicio de proporcionalidad. Por ello, el principio de proporcionalidad se constituye, a su vez, en un mecanimo o medio que sirve para llegar a una decisión razonable [fin], es decir, a una decisión ponderada y equilibrada y que no acontece para la aplicación del artículo 40, numerales 2 y 4, máxime que el “fin” del legislador es que la labor de Arbitros fuera vista por jueces de la alta jerarquía de la Corte de Apelación, ha quedado desmembrada por la “ejecución provisional” encubierta, trasnochada y en conflicto con el Estado Democrático, Social y de Estado de Derecho, en base  a esta normativa, ahora atacada en nulidad ante el Tribunal Constitucional.

Si bien en materia Arbitral han establecido distintos niveles jerárquicos en la administración de esta justicia especializada, mediante los cuales se procura dar mayores garantías al procesado para ejercer su defensa, este diseño del órgano jurisdiccional en la Corte de Apelación lo entendemos idóneo, donde no se supone ningún nivel de “subordinación” o “dependencia” de la instancia inferior [Arbitros] respecto a las superiores [Cortes de Apelación], pero, las funciones dadas al Presidente de la Corte, pone a rodar por el suelo las mejores aspiraciones del Constituyente para esta materia arbitral.

El Artículo 24.1 de la Constitución Española deja en libertad al legislador para diseñar el sistema de recursos que estime más adecuado; pero, una vez que un determinado recurso ha sido creado por la ley, su denegación injustificada constituye una violación no sólo de legalidad procesal, sino también el derecho a la tutela judicial efectiva.

Los tribunales del orden judicial han renegado de aplicar esta normativa y que denuncia, en la boca de los jueces, la inconstitucionalidad ahora denunciada. La Corte de Apelación el Distrito Nacional, específicamente la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Sentencia No. 749-2011, Expediente No. 026-02-2010-01217 del 6 de diciembre del 2011, se ha pronunciado de manera constante en el sentido de que “el patrón de renunciabilidad de la acción en nulidad es, en el estado actual de nuestro derecho, luego de la reforma constitucional de 2010, contrario a la Carta Magna y al principio de tutela judicial efectiva consagrado en ella; no pueden las partes, en tal virtud, frustrar a priori el ejercicio de ese control imprescindible y de paso renunciar, no se sabe en cuáles condiciones, al fuero constitucional que les asiste de ejercer su derecho a accionar, a acceder a la autoridad judicial y recibir la tutela judicial efectiva de sus derechos.”

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(Via eldia.com.do)

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Los derechos humanos

Los derechos humanos:

t 4:50 AM Los derechos humanos Federico Henríquez Gratereaux undefined

La esclavitud fue un horrible negocio de los países más importantes de Europa; el saqueo de Roma en 1527, ordenado por Carlos V, es solamente uno de los muchos saqueos perpetrados durante siglos de guerras europeas; la Guerra del Opio es otro de los espantosos abusos cometidos por las potencias europeas. No hablemos de las matanzas realizadas durante la conquista de los pueblos aborígenes de América. Hoy, en el mismo día de hoy, existen situaciones terribles, creadas, esta vez, por el narcotráfico internacional: una actividad tan dañina como la trata de esclavos. El negocio de drogas destruye a los jóvenes que se hacen adictos, promueve la criminalidad en los barrios pobres, malea a los hijos de las familias más afortunadas. Y enriquece a los delincuentes.

Pues bien, solamente las economías muy poderosas pueden “lavar” la prodigiosa cantidad de dinero sucio que produce el narcotráfico en el mundo. En Bolivia, en Perú, producen coca, lo mismo que en Colombia, donde también se procesa la hoja para extraer la cocaína; después de esto la droga viaja por varios países antes de llegar a su destino: EUA. Se afirma que las guerrillas de Colombia están financiadas por el narcotráfico; que los políticos de dicho país pagan sus campañas electorales con dinero de los traficantes. Los barones de la cocaína son más poderosos que los bancos centrales, poseen mejores armas que la policía y equipos de comunicación más “sofisticados” que los organismos del Estado.

La esclavitud, el opio, el té, el blanqueo de dinero, han sido negocios internacionales en los que participan los grandes imperios. Francis Drake y Walter Raleigh, corsarios al servicio de Isabel de Inglaterra, introdujeron en Europa el tabaco y las pipas. Dos cosas “peligrosas para la salud”, como ahora se dice para cumplir con la ley.

Cuando transcurre mucho tiempo, los hechos beneficiosos u honrosos del pasado van cambiando de sentido……. hasta convertirse en “actos vergonzosos”, por los cuales debemos “pedir perdón”. Pero cuando son actuales y visibles su denuncia produce escándalo. Los denunciantes corren el riesgo de ser lapidados, encarcelados o escarnecidos y marginados. (Extraído de “Antillas birraciales”, ensayo en cinco partes publicado como folleto con cubierta a colores en el año 2001).

 

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Conflictos por alquiler

Economía & Negocios13 febrero 2015

Conflictos por alquiler

Por Listin Diario 

Wanda Méndez
Santo Domingo

P ropietarios de viviendas se ven en la obligación de ir a los tribunales para que se pueda lograr el desalojo de inquilinos en sus inmuebles, ante la negativa de algunos de salir de forma voluntaria cuando se lo requieren.

Cuando esto ocurre, los dueños de las casas tienen que demandar el desalojo de los inquilinos ante los tribunales, en base a un procedimiento administrativo y legal que, en opinión de los abogados Livino Tavárez y Luis Lara, es tedioso, burocrático, largo y costoso, y constituye una traba para gozar del derecho de propiedad.

Una propietaria que contó su experiencia con la condición de no revelar su identidad, precisó que los inquilinos se van con el pago del mantenimiento, no le terminan de pagar las mensualidades, les destruyen las casas, y algunos, hasta reclaman dinero para mudarse. Su convicción es que no importa el nivel social de los inquilinos, la práctica es la misma. Se basa en que en su caso, ha tenido dificultades con inquilinos que perciben buenos ingresos económicos y son morosos.

La frecuencia de los conflictos queda demostrada por la cantidad de sentencias emitidas por los juzgados de paz en dos años y nueve meses. De 2012 a septiembre de 2014 emitieron 2,935 fallos autorizando a desalojar a personas de los inmuebles arrendados.

Pero, según precisó Tavárez Paulino, después de obtener el fallo favorable, los propietarios tienen que ir a la fiscalía para que autorice el uso de la fuerza pública, otro proceso costoso, ya que se requiere los servicios de un alguacil. Lara contó que en una ocasión, representando a un cliente, tuvo que pagar 40,000 pesos a un alguacil para desalojar a un inquilino. Ahora representa a un propietario en una demanda de desalojo, introducida en noviembre pasado por falta de pago. Aunque le informaron que la sentencia está lista en el juzgado de paz, Lara señala que debe esperar 30 días para saber si puede ejecutarla, plazo que debe dejar pasar por si apelan la decisión.

Un obstáculo 
Aunque se trata de un procedimiento administrativo, de poco uso en los últimos años, la primera barrera para un propietario recuperar su inmueble lo constituye el departamento de Control de Alquileres de Casas y Desahucio, responsable de dar una autorización para iniciar el proceso de desalojo ante un tribunal.

En el 2014, esa unidad emitió 121 resoluciones. Héctor Antonio Guzmán Espinal, director interino de esa oficina, indicó que las solicitudes han disminuido, lo cual atribuye a que los usuarios van directo al tribunal con demandas por incumplimiento de contrato. Afirma que al acudir a ese departamento se pierde tiempo, ya que la decisión se recurre ante una Comisión de Apelación.

“Esto es una retranca”, dice. El procedimiento ante el Control de Alquileres y Desahucio está amparado en el decreto 4807, del año 1959. Y aunque recientemente el Tribunal Constitucional anuló el artículo 3 de ese decreto, que imponía condiciones al propietario para desalojar, aún persisten otros obstáculos.

A juicio del director interino de Control de Alquileres y Desahucio, esa unidad ha quedado desfasada. Indicó que sus funciones se reducen a dos. La primera, emitir una resolución de autorización para iniciar el desalojo, a solicitud de un propietario, cuando el inquilino está al día en el pago de un inmueble que haya arrendado, cuyo procedimiento es administrativo.

Señaló que la resolución que se emite puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación, integrado por un delegado del Ayuntamiento, uno de Interior y Policía, y otro de la Procuraduría General de la República, un proceso litigioso, porque se celebra audiencia pública.

Luego, el propietario debe ir al tribunal a demandar la rescisión del contrato. Otra función de ese departamento es autorizar la rebaja o incremento del precio de los alquileres, lo primero a solicitud del inquilino, y la segunda, a solicitud del propietario.

Guzmán Espinal consideró obsoleto e improcedente ese último procedimiento, debido a que el Código Civil establece claramente que el contrato es la ley de las partes, y que la Constitución es garantista de los derechos de propiedad. 

((Propuesta 
El director interino del departamento de Control de Alquileres de Casas y Desahucio, Héctor Guzmán, sostiene que hay gestiones que ya no proceden a través de Control de Alquileres de Casas y Desahucio. Planteó la aprobación de una ley que rija las relaciones contractuales entre inquilinos y propietarios, con lo cual está acuerdo José del Carmen Sepúlveda, presidente de la Comisión de Apelación.

Consideran que no se justifica la aplicación del decreto 4807 que creó ese departamento. Guzmán Espinal sostuvo que producto de ese decreto tan atrasado, la gente no quiere construir para alquilar, porque entiende que no es rentable por las trabas que impone.

Citó que hay gente que solicita le aumenten o rebajen en locales comerciales. Del Carmen Sepúlveda señala que aunque están tratando de agilizar ese proceso, constituye una retranca y paraliza la inversión en propiedades. Explica que la unidad solo emite una resolución ordenando ir a un tribunal.

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Procurador Domínguez Brito disertará en la UAPA

SANTIAGO.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dictará el próximo domingo en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) la conferencia “Lavados de Activos”´, en una actividad pautada para las 9:00 de la mañana.

Ver aqui: A&J ASOCIADOS

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Resolución 02/2015: LA PROHIBICION DE CONSULTA CREDITICIA PARA ACCESO Y PERMANENCIA EN EL EMPLEO

LA PROHIBICION DE CONSULTA CREDITICIA PARA ACCESO Y PERMANENCIA EN EL EMPLEO 

El Ministerio de Trabajo, a través de la resolución 02-2015, prohibió la consulta crediticia para acceder a un empleo o permanecer en él. El documento fue emitido este martes 03 de febrero del 2015 por la Institución. A continuación publicamos de manera íntegra la resolución: 

Para descargar este documento puede hacer click en este enlace.

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