Novedades Legislativas

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Novedades

1) Mag. Julio Aníbal Suárez pronuncia conferencia sobre el Derecho del Trabajo y la Democracia
2) Avances en el Acceso a la Justicia de las Mujeres a partir del año 2000
3) Pleno de SCJ aprueba el ante proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el año 2010 ,mediante Acta Núm. 41/09 del 29 de octubre de 2009.
4) Magistrado Rafael Luciano Pichardo expone en Guatemala sobre Tema Constitucional.
5) Ley No. 181-09 que introduce modificaciones a la Ley No. 50-87, de fecha 4 de junio de 1987, sobre Cámaras Oficiales de Comercio y Producción de la República.
6) Convenio de La Haya, del 19 de octubre de 1996, relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas de Protección de los Niños. G. O. No. 10534 del 31 de agosto de 2009.
7) Nueva resolución sobre el Reglamento General del Registro de Títulos Núm. 2669-2009
8) Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de agosto 2009.
9) Fijaciones correspondientes al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, 2009
10) Fijaciones correspondientes a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
11) Fijaciones de Audiencia del mes. Cámaras de la Suprema Corte de Justicia
12) Fallos de la Suprema Corte de Justicia correspondientes al año 2009

+ Consultas en Materia Laboral (Despedido injustificado)

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Noviembre 2009, 11:21 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. Fui despedido injustificadamente por el artículo 88, ordinales 3 y 19 del CT. Dado que no cometí falta alguna demandé y fui favorecido tanto en la 6° Sala del Juzgado de Trabajo como en la Corte del Distrito Nacional. Ahora la empresa ha recurrido en casación en la Suprema Corte. Reconozco que la ley le permite a todo demandado recurrir a las instancias que prevé la ley, pero créame, necesito conocer una segunda opinión aparte de la de mi abogado que lleva el caso, para saber si lo que pretendo hacer en lo adelante pudiera afectar el caso. Preguntas y/o inquietudes: ¿Pudiera afectar a mi demanda si decidiera enviarle copia de ambas sentencias al consejo de directores de dicha empresa?, pues sospecho que el presidente de la compañía no sabe lo que está pasando. ¿Afectaría a mi demanda si llevara este caso a los medios de comunicación, es decir, hacerlo público? ¿Existe la posibilidad de que con dos sentencias a mi favor, la Suprema Corte les favorezca a ellos?
Desde que usted apodera a un abogado, todo contacto con su adversario debe hacerse de abogado-a-abogado. Esto se desprende de lo consagrado en el Art. 43 del Código de Ética del Profesional del Derecho. De modo que no es apropiado que se dirija al consejo de directores de la empresa demandada, sin informárselo a su abogado; y en cuanto a su abogado, tiene obligatoriamente que dirigirse al colega, y nunca al cliente contrario.
En cuanto a llevar un caso a la prensa – aunque usted ve que se hace mucho en nuestro país, debido sobre todo a la inseguridad jurídica que impera – tampoco es correcto. Los artículos 6 y 11 del mismo Código de Ética censuran y prohíben esa práctica. Por último, en cuanto a si es posible que la SCJ anule uno de los fallos que tiene usted a su favor; sí, eso es muy probable, y eso dependerá de los vicios que pueda tener sobre todo la sentencia de la Corte de Apelación.
Ocurre con bastante frecuencia que las sentencias de los juzgados y cortes son favorables en el fondo, pero adolecen de vicios sustanciales que las hacen anulables, y por eso la SCJ las casa.
2-¿Cuál es el salario mínimo de la empresa privada?
El principal salario mínimo es RD$8,464.00 mensual, pero hay otros. Consulte http://www.set.gov.do

+ Sobre el Código Procesal Penal (Cuestionamiento al Código Procesal Penal)

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PUBLICADO POR DIARIO LIBRE

11 Noviembre 2009
CPP.-Código Procesal Penal

A propósito de la escapada de la señora Sobeida Morel, se ha dicho que esto ha pasado por culpa del Código Procesal Penal. ¿No sería este uno de los aspectos a ser reformados? Agustín Bretón.

Ciertamente el CPP, por ser de naturaleza garantista, primero, limita a situaciones excepcionales la privación de los derechos y libertades de los ciudadanos, y segundo, respecto de los imputados, busca la protección de sus garantías judiciales. El derecho eje del imputado, durante todo el proceso penal es la presunción de inocencia. Sin la vigencia de este principio el proceso penal fuera una farsa. Qué sentido tendría el proceso penal si de antemano el imputado se le presume y trata como culpable y el juicio se celebrara para pronunciar una culpabilidad previamente asumida por la autoridad encargado de juzgarle. En virtud de esa presunción de inocencia, en el CPP se establece que la libertad es la condición natural para el juzgamiento de los imputados. A esos fines, el Juez dispone de una variedad de medidas de coerción personales y reales, que el juez aplica a discreción. El articulo 226 enumera la medidas de coerción personales: 1) La presentación de una garantía económica suficiente entre la que se incluye la Fianza; 2) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; 3). La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informa regularmente al juez; 4). La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; 5). La colocación de localizadores electrónicos; 6). El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona con o sin vigilancia.La ley también faculta al Juez de la Instrucción a disponer como medida de coerción, la prisión preventiva. Varios son los aspectos a ser ponderados por el juez, entre ellos, la existencia de suficientes elementos de prueba que vincule al imputado al hecho punible, que la infracción se castigue con pena privativa de libertad y el peligro de fuga. En el contexto garantista del CPP, este último aspecto, el peligro de fuga, es la clave para la imposición de la prisión preventiva. El propio CPP pauta al juez a tomar en cuenta algunos criterios indicativos para determinar si existe o no peligro de fuga por parte del imputado: i) si la persona tiene arraigo en el país, lo cual se determina por que tenga, entre otros, domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo; ii) que tenga facilidades para abandonar el país o permanecer oculta; iii) la falsedad o falta de información sobre el domicilio del imputado constituye presunción de fuga; iv) la gravedad de la pena imponible al imputado en caso de condena; v) La importancia del daño a ser resarcido. Como es de su conocimiento contra la imputada Sobeida Morel, se dispuso originalmente la prisión preventiva como medida de coerción. La ley faculta a todo imputado a pedir la revisión de la medida de coerción y a que se le sustituya por otra. En ejercicio de esta facultad ella hizo la solicitud y la juez dispuso su libertad bajo fianza con obligación de presentarse semanalmente ante la oficina del Procurador Fiscal del Distrito Nacional. Es evidente que en la imputada Sobeida Morel concurrían muchos elementos que hacían presumir el peligro de fuga, los que no fueron valorados adecuadamente por la Juez al disponer su libertad. En otra oportunidad nos referimos a la conveniencia de reformar este régimen del CPP. Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a:

guillermomoreno157@hotmail.comGuillermo Moreno
De Diario Libre

18 Noviembre 2009
CPP. – Código Procesal Penal
En el anterior CPP usted admite que por las oportunidades que brinda el Código Procesal Penal, los jueces ponen en libertad personas que debieran estar guardando prisión preventiva como fue el caso de Sobeida Félix Morel. Estoy seguro que en otras circunstancias estuviera guardando prisión y no se hubiera escapado y burlado las autoridades. Esteban Díaz
Debo precisarle que en ninguna forma sostuve en el CPP anterior que fuera el Código Procesal Penal el responsable de la puesta en libertad de la imputada Sobeida Félix ni mucho menos de su escapatoria.
El Código es una norma objetiva que establece procedimientos que pautan las actuaciones de los administradores de la justicia penal, pero en todo caso son esas autoridades, en el marco de sus competencias respectivas, las que adoptan las decisiones. El Ministerio Público y los jueces pueden acertar o errar al tomar esas decisiones o pueden estar sometidos a diversos tipos de presiones o condicionamientos, pero en ningún caso la ley les obliga a adoptar una decisión u otra. El Código siíles obliga en muchos casos a justificar sus decisiones en pruebas lícitas, en la lógica, razón y la experiencia.
El CPP le indica al juez algunos criterios que debe tomar en cuenta, sea para disponer la prisión preventiva o no, cuando se le solicita la adopción de una medida de coerción personal, criterios que debe por igual tomar en cuenta para mantener la prisión preventiva o variarla por una más leve, como fue el caso de la imputada Sobeida Félix Morel.
Entre esos criterios el principal es si existe o no peligro de fuga por parte del imputado. Más aún, el CPP orienta al juez en los que pueden ser aspectos a tomar en cuenta al momento de evaluar la existencia o no del peligro de fuga: i) si la persona tiene arraigo en el país, lo cual se determina por que tenga, entre otros, domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo; ii) que tenga facilidades para abandonar el país o permanecer oculta; iii) la falsedad o falta de información sobre el domicilio del imputado constituye presunción de fuga; iv) la gravedad de la pena imponible al imputado en caso de condena; v) La importancia del daño a ser resarcido.
En el caso de Sobeida Félix, el Ministerio Público tuvo un pobre desempeño en presentar los medios indiciarios y los argumentos que persuadieran al tribunal del peligro de fuga: Su falta de arraigo, sus vínculos con una estructura criminal con conexiones internacionales, el hecho de que el principal imputado, Figueroa Agosto, ya se había dado a la fuga, además, el peligro que representaba para la propia imputada su puesta en libertad pues podía ser asesinada por el conocimiento que tenía de las personas y las operaciones de esa banda criminal.
Pero hay más, luego de ser puesta en libertad, el Ministerio Público, y sus organismos auxiliares, Dirección Nacional de Drogas y la Policía Nacional, no tuvieron la capacidad de montar un sistema de vigilancia que evitara su fuga y si lo intentaba permitiera la captura del resto de la banda criminal. Lo cierto es que se les escapó de las mismas narices. ¿Cómo culpar el Código Procesal Penal de la aplicación errada de su norma, de tanta incapacidad y ineficiencia?
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (suspensión condicional del procedimiento)

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PUBLICADA POR DIARIO LIBRE
04 Noviembre 2009
CPP. – Código Procesal Penal

Fui víctima de una infracción y llegué a un acuerdo con el autor de la misma, y se hizo una suspensión condicional del procedimiento. Yo no le he dado mucho seguimiento, pero siento que en realidad lo que hicimos fue premiarle, pues no veo que él haya aprendido la lección. Me he encontrado con él y lo que hace es reírse. Deseo preguntarle ¿Qué sentido tiene esto de la suspensión en un país con instituciones tan débiles? Pienso que esto se puede convertir en una fuente más de impunidad, esta vez legalizada por el CPP. Junior García.
Es bueno precisarle a los lectores que la Suspensión Condicional del Procedimiento es una de las formas alternativas de darle solución al conflicto penal, en este caso, previo a la celebración del juicio.
La suspensión del procedimiento no se aplica en forma indiscriminada, sino en infracciones catalogadas como “leves” y concretamente en aquellas que conlleven una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años, y solo pueden beneficiarse de ella los imputados que no hayan sido condenados con anterioridad. Además, deben darse otras condiciones particulares: i) Que el imputado esté de acuerdo con la aplicación de este procedimiento; ii) que haya admitido los hechos puesto a su cargo; iii) que haya reparado los daños causados con el hecho punible y iv) d) la firma de un acuerdo con la víctima o prestado garantía suficiente. Es decir, en estos casos, el imputado no solo debe reparar el daño causado, sino que la víctima es libre o no de admitir el acuerdo para la suspensión condicional del procedimiento.
La suspensión es además “condicional”, es decir, el imputado se somete, en lo que el CPP denomina “plazo de prueba”, a respetar determinadas reglas impuestas por el juez, y de no hacerlo entonces se podría revocar la suspensión y reanudarse el procedimiento y la persecución penal. El plazo de prueba lo debe fijar el juez entre uno y tres años.
Precisamente esas reglas lo que buscan es someter al imputado a la tutela judicial para comprobar que efectivamente el conflicto penal no produzca derivaciones entre las partes ni ponga en riesgo a la sociedad. Entre las reglas que puede fijar el juez, y que pudieran ser pertinentes respecto de la situación de la pregunta están: la de residir en un lugar determinado; la de abstenerse de visitar ciertos lugares o personas; la de someterse a la vigilancia que señale el juez.
Este tipo de medida cumple varias funciones en la administración de la justicia penal: i) Puede posibilitar una más adecuada solución al conflicto penal. En muchas de estas infracciones leves las víctimas lo que buscan es una reparación a las consecuencias del daño y no necesariamente que la persona vaya a una cárcel; ii) contribuye a la resocialización del imputado, a través de las medidas que debe cumplir durante el plazo de prueba. Piense en los casos en que la infracción se debió por ejemplo a conducir bajo los efectos del alcohol y el juez le impone durante el plazo de prueba someterse a un tratamiento contra el alcoholismo; iii) contribuye al descongestionamiento de la administración de la justicia penal y del sistema carcelario. En la medida que estos casos de infracciones leves encuentra solución por vía de la suspensión, los tribunales, jueces y fiscales pueden concentrar su tiempo en las infracciones de mayor envergadura.
Mi interés es transmitirle el contexto y condiciones en que debe aplicarse la suspensión y que usted pueda valorar su importancia. Si es fuente de impunidad, eso no es culpa de la ley procesal, sino que quienes la apliquen permitan su distorsión.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

+ Consultas en Materia Laboral (plan de retiro)

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PUBLICADO POR EL PERIODICO HOY

16 Noviembre 2009, 11:27 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. Trabajamos en una institución oficial, la cual tenía su propio plan de retiro, pero al entrar en vigencia la Ley 87-01, la administración no realizó los arreglos y tampoco nos afilió a ninguna AFP, ya que habían usado parte de los fondos del plan en actividades propias de la institución. Siempre el administrador nos informaba que los derechos adquiridos no se pierden. Ahora cambian el reglamento del personal y ponen un artículo que dice que tienen derecho a pensión solo los empleados que tenían 20 años al entrar en vigencia la nueva ley de seguridad social, los demás quedan fuera. Somos más de 600 empleados afectados con 10 hasta 25 años laborando. Queremos saber si los derechos adquiridos en la empresa al entrar en vigencia la esa Ley, se pierden o no. ¿Qué Podemos Hacer?
La responsabilidad de los gestores del plan y de la institución dependerá de lo que digan los estatutos del plan, y en todo caso, esa responsabilidad queda atenuada si se trata de un plan no contributivo (es decir, que los afiliados nunca aportaron al plan, y sólo lo hizo la institución empleadora), y queda atenuada igualmente si se trata de un plan informal (es decir, que no tenía personalidad jurídica ni había sido creado ni registrado basado en la Ley 772 de 1978 o en la Ley 520 de 1920).
Suponiendo que el plan estaba formalmente constituido al amparo de una de las citadas leyes, y que además era un plan “contributivo”; en tal caso hay derechos adquiridos en juego y por ende la responsabilidad de los gestores del plan está comprometida dado que ellos debieron hacer las transformaciones que señala el Art. 41 de la Ley 87-01 así como el registro determinado por la resolución 14-02 de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), y no lo hicieron
Si eso se hubiese hecho, la SIPEN determinaría la suerte del plan y de sus fondos: Cierre por inviabilidad o su transformación y adaptación a la nueva ley.
Si por el contrario, se trataba de un plan informal y “no contributivo”, en teoría la institución está comprometida, pero en los hechos no es lo mismo. Esos planes informales que existían antes de la Ley 87-01 carecen casi siempre de todo: contabilidad, estudios actuariales, registros, etc. Ni siquiera aparece bien definido quienes lo administraban. Y en cuanto a los derechos adquiridos, eso será siempre algo discutible.