El Consejo Superior del Ministerio Público asciende a 22 fiscales

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El Consejo Superior del Ministerio Público asciende a 22 fiscales


  • May 18, 2014
  •  

  • 3 min read

SANTO DOMINGO. El Consejo Superior del Ministerio Público, ascendió a 22 fiscales a procuradores generales de cortes de apelación adscritos a diferentes dependencias.

Las promociones incluyen al procurador Fiscal de San Pedro de Macorís, Edwin Encarnación, como fiscal titular de esa jurisdicción, en sustitución de Ingrid Pamela Rijo Caraballo, quien fue ascendida a procuradora de corte para ejercer sus funciones en la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente en esa jurisdicción. También designó de manera interina como procurador fiscal titular de Azua a Eusebio Corsino Alcántara.

Se ascendieron a los procuradores fiscales de la provincia Santo Domingo, Francisco Rodríguez, Moisés Cordones y Elpidio Collado, quienes fueron promovidos a procuradores generales de cortes de apelación adscritos a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos.

Además, se dispuso el ascenso de Elvira Bautista, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quien pasa a procuradora de corte de apelación asignada a dicha entidad. Lorenzo Torres, Melquíades Suero y Francisco Melo, quienes se desempeñaban como fiscales de la provincia Santo Domingo pasan a ser procuradores fiscales del PEPCA.

También, la fiscal de Santo Domingo, Mirian Cordones, fue elevada a procuradora de corte de apelación adscrita a la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

El procurador fiscal de la provincia Santo Domingo, Bernardo Rodríguez, fue ascendido a procurador general de Corte de Apelación, en la Procuraduría Especializada de Armas de Fuego. El fiscal de Santo Domingo, Féliz Lugo, fue ascendido a procurador general de Corte para prestar servicio en la Procuraduría General Administrativa.

Katty Muñoz, de la Procuraduría Especializada contra la Trata y Tráfico de Personas fue enviada a la Procuraduría General Administrativa, y en esa misma entidad fue enviada desde la jurisdicción Santo Domingo, Mayra Henríquez.

José Manuel Polanco fue trasladado de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional a la Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo. El magistrado Juan Pared, quien se desempeñaba como fiscal de San Pedro de Macorís fue elevado a procurador de corte adscrito a la oficina de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de esa provincia.

El procurador fiscal del Distrito Nacional, Hilario Vicioso Valdez, fue promovido a procurador general de Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo. A procurador de corte también fue promovido Juan Gil Lázala, fiscal en la provincia Sánchez Ramírez; el fiscal de Santo Domingo, Joselito Cuevas, pasa a procurador general de corte de apelación adscrito a la Procuraduría Especializada de la Salud.

También las fiscales Eunice Ledesma y María Brito, de procuradoras fiscales de la provincia Duarte, pasarán a procuradoras generales de Cortes de esa jurisdicción. En el Departamento Judicial de la provincia Duarte, el procurador fiscal de Niños, Niñas, y Adolescentes (NNA), Juan Alberto Taveras, fue elevado a procurador de corte adscrito a la Oficina del Abogado del Estado en la región Nordeste y la fiscal del organismo especializado en NNA de Santo Domingo, Adalgisa Hernández, a procuradora de corte adscrita a la Procuraduría General Administrativa.

La fiscal de la provincia Duarte, Cándida David, fue elevada a procuradora general de Corte con asiento en la Oficina del Abogado del Estado de la región Este, al igual que el fiscal de La Altagracia, Justo Núñez Pellier, quien pasa a procurador general de corte.

Otras disposiciones del consejo

También se ascendió a la fiscalizadora Belkis Fiordaliza Ulloa, a fiscal adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Se ordenó mantener suspendido, sin disfrute de sueldo, al procurador fiscal de San José de Ocoa, Nerys Soto, y se dispuso el traslado de Catalina Arriaga y Mario Cabral, de la Procuraduría General Administrativa y de la Oficina del Abogado del Estado del DN, a la Procuraduría de la Corte de Apelación de la provincia SD.

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